En el marco del 196.° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se efectuó el 6 de agosto la audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. La sesión, transmitida en vivo a través del canal oficial de la CIDH, contó con la participación de un grupo de organizaciones de la sociedad civil venezolana, mientras que el Estado no se hizo presente
Gabriela Buada Blondell, directora de Caleidoscopio Humano formó parte de las personas defensoras representanste de organizaciones que expondrían ante la CIDH para dar un balance de la situación de derechos humanos en Venezuela desde el 3 de enero hasta la actualidad.
A continuación, el resumen presentado por Caleidoscopio Humano del trabajo de documentación e investigación que realiza la organización en terreno:
Desde el inicio del periodo reportado hasta la fecha, el Estado venezolano continúa con el esquema de represión y control social que afecta de manera desproporcionada e invisibilizada a mujeres y población especialmente vulnerable.
En cuanto a la persecución a familiares de presos políticos denunciamos que continúa el hostigamiento. Son estas personas las que asumen las labores de cuidado y la exigibilidad de la libertad de sus seres queridos. En su mayoría estas acciones las llevan a cabo mujeres: madres, esposas, hijas y hermanas.
Desde el 9 de enero estas mujeres duermen en campamentos a la intemperie, sin condiciones aptas para el aseo personal y necesidades fisiológicas. Muchas de ellas viven alejadas de los recintos penitenciarios donde acampan desde que se anunciaron las excarcelaciones.
Mujeres mayores, con condiciones de salud crónica, otras que también están a cargo de niños o niñas u otros miembros. Hoy siguen siendo víctimas directas de amedrentamiento, seguimiento, extorsión, violencia institucional y retaliación solo por exigir justicia.
En reuniones con funcionarios han sido sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, se les castiga con desgaste económico, psicológico y físico. El caso que muestra lo relatado: es el de Carmen Navas de 83 años, quien falleció apenas unos días de enterarse que su hijo había muerto bajo custodia luego de buscarlo casi un año.
En cuanto a las excarcelaciones opacas y judicialización continuada Advertimos que no se está garantizando una libertad plena ni reparadora. Las excarcelaciones están desprovistas de un verdadero criterio humanitario y de derechos humanos.
El día de ayer verificamos la muerte del ciudadano uruguayo, José Breijo de 71 años, quien se encontraba bajo medida cautelar de casa por cárcel. Los funcionarios policiales que lo detuvieron arbitrariamente ocuparon su casa, estuvo hospitalizado por su condición de salud. Breijo pasó más de dos años en la cárcel de Tocuyito en condiciones inhumanas solo por tomar una foto.
Por último, la Emergencia Humanitaria continúa devastando los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).
El colapso sistemático de los servicios básicos —agua potable, electricidad, gas doméstico y salud pública impacta de manera diferenciada a mujeres, niñas y adolescentes ya que ellas asumen sobrecargas de cuidados no remunerados y enfrentan mayor pobreza y no solo se ha incrementado la violencia basada en género, si no que la opacidad de cifras continúa siendo la barrera para la recolección de datos, aún después de los terremotos del 24 de junio.
No hay cifras segregadas de mujeres, niñas y adolescentes afectadas, ni cómo están siendo atendidas en los refugios provisionales.
Las mujeres mayores se encuentran en estado de extrema vulnerabilidad y desprotección en materia de salud y pensiones. La mayoría de ellas está a cargo de niños, niñas y adolescentes miembros de su núcleo familiar.
Estas situaciones se han incrementado con los cortes de luz prolongados tras los sismos del 24 de junio. A inicios de esta semana se hizo un anuncio oficial de cortes y “ahorro de energía eléctrica” en el país; y en Carabobo, Aragua y Monagas las protestas se hicieron sentir. Nos encontramos monitoreando la represión de las mismas.
Finalmente, respondiendo a cuáles son las medidas de protección que podría implementar la CIDH, que también responde a los retos que tiene la sociedad civil en estos momentos, es que urge la visita in loco para que se confirme la situación que presentamos hoy y se pueda presionar por la necesidad de garantizar la vida digna, sobre todo de las personas que viven en mayor situación de vulnerabilidad en Venezuela.
Gracias.
