La doble réplica de la tragedia desnudó la fragilidad de los derechos humanos en el país. No se habla de las personas desparecidas, la respuesta fue tardía e insuficiente. La corrupción y el abuso de poder chocaron con la fuerza de solidaridad de la ciudadanía
Por GabyBuada.- Caleidoscopio Humano
Caracas, 9 de julio de 2026. – El doble terremoto que sacudió la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio de 2026 no solo dejó una estela de colapso físico e infraestructura destruida; también sacó a la luz la profunda vulnerabilidad institucional del país y la crisis de derechos humanos que organizaciones de la sociedad civil han denunciado durante más de 20 años.
Venezuela se encuentra en una zona de alta actividad sísmica atravesada por fallas geológicas como Boconó, San Sebastián y El Pilar. Esa realidad es conocida desde hace décadas y ha sido ampliamente estudiada por FUNVISIS. Sin embargo, la falta de respuesta por parte del Estado en las zonas más afectadas y la ausencia de capacidades de los cuerpos especializados dejaron un sentimiento de profunda desolación, tristeza y desamparo desde hace 15 días de lo sucedido en el país.
Tra las labores de rescate de las personas atrapadas bajo los escombros, particularmente en zonas críticas como La Guaira y la Gran Caracas las principales denuncias sobre la falta de criterio de derechos humanos y fallas en la gestión de la emergencia se centran en que la respuesta por parte del gobierno llegó muy tarde.
«El estado quiere maquillar su cara, quiere limpiar toda su gestión. Pero aquí sabemos que ellos llegaron muy tarde, llegaron tardísimo. ¿Quiénes fueron los que salieron primero? La comunidad, los mismos habitantes, los bomberos y Protección Civil. Hay que darles un aplauso a ellos, pero el Estado como tal llegó tarde. Eso no es mentira», dijo la periodista y locutora venezolana Pamela Toledo.
Hasta el decreto de luto nacional llegó una semana después.
En medio del Estado de Emergencia decretado tras los sismos, organizaciones no gubernamentales locales e internacionales y expertos en rescate que están en el país, advierten que las autoridades venezolanas divulgan información limitada y no corroborada sobre la magnitud de los daños humanos y materiales.
Las cifras de personas desaparecidas son inexistentes en el discurso oficial, al igual que las afectaciones de forma diferenciada a mujeres, personas mayores, niños, niñas y adolescentes. Tampoco existe una radiografía definitiva de la dimensión de la tragedia. Especialistas admiten que el verdadero alcance de los daños apenas comienza a conocerse.
Las organizaciones internacionales (como la ONU) estiman que el número de personas desaparecidas bajo los escombros podría oscilar entre las 10.000 y 50.000. Las familias de las víctimas han denunciado que las autoridades evitan publicar listas oficiales o dar un balance claro sobre los desaparecidos, lo que vulnera el derecho a la información y genera una profunda angustia e incertidumbre (derecho al duelo y a la verdad).
Medios de comunicación, realizan un conteo de las distintas plataformas e iniciativas ciudadanas para reportar personas desaparecidas desde el 24 de junio.
En cuanto al marco legal es conocido que las catástrofes naturales no suspenden los derechos fundamentales. Por el contrario, la respuesta estatal ante la crisis humanitaria actual es el nuevo terreno donde se libra esa batalla con especial urgencia en esa población que intentan invisibilizar en cada discurso y cada aparición pública.
Frente a este tema distintas organizaciones de derechos humanos advirtieron que la desorganización propiciada por la misma ausencia de respuesta del Estado, podría generar más caos. Vecinos, familiares, organizaciones en el exterior se abocaron a ayudar y tratar de cubrir la enorme sensación de desolación de las víctimas.
«Estamos coordinando toneladas de ayuda pero no hay capacidad para coordinar en el terreno», fue la primera barrera planteada por organizaciones asistencialistas fuera de Venezuela. También, por miles de venezolanos que forman parte de la diáspora de más de 8 millones de venezolanos regados por el mundo.
Las escenas observadas de bomberos y vecinos retirando escombros con las manos mostraron que aunque el país cuenta con científicos especializados, normas antisísmicas e instituciones, años de deterioro de infraestructura, corrupción y escasa cultura de prevención han incrementado significativamente su vulnerabilidad frente a una emergencia como esta. Sin duda, la falta de respuesta arrancó muchísimas vidas.
«Yo misma vi a los primeros bomberos que llegaron sin esmeril para cortar unas vigas. El familiar desesperado por sacar a su hermano, hizo que cayeran escombros sobre la cabeza de otro cuerpo, fue la misma desesperación.» Dijo una sobreviviente de un edificio devastado por el terremoto en Tanaguarena.
Desolación y falta de respuesta inmediata
No solo se denunció la falta de respuesta inmediata por parte del gobierno de Delcy Rodríguez, si no que el impedimento para que rescatistas especializados y misiones de ayuda internacionales pudieran actuar de forma rápida y salvar más vidas.
Caleidoscopio Humano registró que las autoridades condicionaron la entrada de la cooperación internacional. Una misión de 8 personas de OCHA arribó al país por la ciudad de Valencia el día 27 de junio, sin embargo, en migración se les notificó que no estaban admitidos. Hasta el momento de este reporte no se conocen detalles que verifiquen, si la misma pudo ingresar.
Más de 17 países y miles de efectivos internacionales (de EEUU, España, México, la Unión Europea, El Salvador y Brasil) lograron ingresar para rescatar a personas sepultadas, sin embargo, también se registraron denuncias de habitantes en La Guaira que manifestaban que en áreas residenciales específicas o zonas de interés institucional contaron rápidamente con expertos internacionales, sectores vulnerables en La Guaira (Catia La Mar) y sectores de la Gran Caracas reportaron haber quedado completamente relegados durante las primeras 72 horas críticas, forzando a los propios vecinos a remover escombros con las manos.
Otra de las denuncias fue la fuerte militarización de la zona cero en La Guaira que causó un embudo donde las fuerzas de seguridad retuvieron insumos destinados a personas necesitadas. Centralizar de esta manera la ayuda para que pase exclusivamente bajo el filtro y la narrativa oficial vulnera los principios humanitarios universales de neutralidad, independencia y humanidad, supeditando el derecho a la vida y a la salud a fines de control social.
Grupos de civiles armados «colectivos» fueron vistos el viernes 26 de julio en las zonas afectadas. «Controlaban a quienes podían ingresar, a quienes entraban con ayuda. Utilizaron la falsa alarma de alerta de tsunami para que las personas abandonaran La Guaira», así lo afirmó una de las testigos que prefiere mantener su identidad bajo resguardo por miedo a persecución y amenaza.
La corrupción mata
La devastación pone el el ojo del huracán lo que se ha advertido por años. Las viviendas construidas desde la administración de Hugo Chávez, no podrían resistir un terremoto de gran magnitud. El gobierno dirigido por Delcy Rodríguez, afirma que la mayoría de los edificios que se derrumbaron en La Guaira no habían sido construidos por el estado, sin embargo, olvidó que los permisos y estudios para esas construcciones son dados por el Estado.
Los complejos de la Misión Vivienda destacan por la gran cantidad de destrucción sufrida en un enorme proyecto de obras públicas que había sido motivo de preocupación durante años. Cientos de departamentos se derrumbaron en La Guaira. Expertos exigen una auditoría independiente para determinar si los edificios colapsaron solo por los sismos o también por presuntas fallas en la construcción, los materiales y la supervisión de las obras.
Francisco Lermanda, líder de los Topos de Chile, entregó un duro diagnóstico sobre el colapso de decenas de edificios tras los terremotos del 24 de junio. Según Lermanda, muchos de los edificios que se derrumbaron no resistieron por fallas estructurales graves: falta de mantenimiento, construcciones que no cumplían con las normas antisísmicas vigentes y materiales deficientes.
Además de la movilización ciudadana para trasladar insumos y apoyar en la organización de la respuesta ante el desastre, también se logró ver cómo una mujer en la zona cero se enfrentó a un funcionario policial, que más que ayudar a levantar escombros, levantó billetes de 100 dólares, según como «evidencia».
El funcionario, identificado en su credencial como «Inspector Ragnar», fue captado en video. Según las denuncias de los vecinos, el monto presuntamente sustraído ascendería a unos $10,000 dólares hallados entre los restos de los edificios derrumbados.
El incidente no es un caso aislado. Ese mismo martes, seis funcionarios del CICPC fueron detenidos en la Subdelegación San José de Barlovento, en Río Chico, municipio Páez, estado Miranda, acusados de robar materiales de viviendas afectadas por el terremoto. El 28 de junio, organismos de control policial ya habían arrestado a cinco civiles por robo en viviendas desalojadas en La Guaira.
Sin derecho a sepultura digna
A principios de julio de 2026, familiares de víctimas y periodistas en el terreno constataron el inicio de entierros de fallecidos no identificados. Personas defensoras de derechos humanos han manifestado su preocupación ya que sepultar cuerpos sin agotar los protocolos científicos y forenses de identificación genética criminalística vulnera derechos y la necesidad de saber el destino de sus seres queridos y a darles una sepultura digna.
La desesperación por recuperar los cuerpos de las víctimas ha mostrado graves fallas logísticas y operativas que vulnera el derecho a un duelo digno. Los ciudadanos denuncian que la maquinaria pesada del Estado opera de manera intermitente o pasa días «parada».
Según testimonios recogidos por Caleidoscopio Humano los equipos oficiales muchas veces solo se activan para tomar fotografías de propaganda política y simular apoyo, mientras que el avance real en la remoción de escombros ha dependido del esfuerzo de los propios vecinos.
Ante la inoperatividad y la lentitud del gobierno, las familias se han visto obligadas a contratar por cuenta propia servicios privados de grúas, martillos hidráulicos, entre otras maquinarias para intentar rescatar a sus seres queridos, vivos o muertos. También, se reporta el alquiler de esta maquinaria pesada que llega a costar hasta $1,200 dólares por jornada, un monto impagable para la gran mayoría de los venezolanos, quienes deben recurrir a colectas y voluntariado.
Los familiares acusan a las autoridades de politizar la tragedia y de desorganización. Denuncian que los organismos oficiales bloquean o dificultan en ocasiones el trabajo de rescatistas comunitarios clave (como el caso de Wilmer Cruz, conocido como «El Topo de La Guaira», un rescatista que perdió a su familia en el sismo y a quien las comunidades respaldan por su labor humanitaria independiente) y terminó preso por más de 12 horas e investigado por hurto sin ninguna prueba.
Mientras tanto, el Ejecutivo y sus voceros han enfocado su narrativa en la magnitud del desastre natural y en culpar a factores externos como el argumento de que las sanciones internacionales limitan la capacidad de respuesta rápida y la adquisición de insumos de rescate de alta tecnología, asegurando que sus equipos de Protección Civil y Bomberos trabajan continuamente.
Para las miles de familias que aún esperan ante toneladas de concreto, la brecha entre los balances oficiales y la asistencia real en los escombros sigue traduciéndose en engaño, abandono y un enorme costo financiero que deben asumir solos en medio del dolor.
Lanzar escombros al mar tendrá consecuencias graves
Desde el lunes 6 de julio se han recibido denuncias a través de las redes sociales y testimonios de vecinos afectados en La Guaira sobre la situación de los escombros que ya estaban siendo desechados al mar, a 30 km de Caracas. «En la vía de Tanaguarena hacia Naiguatá camiones cargados con restos sólidos los estaban depositando al borde de la playa», dijo el periodista Rodolfo García.
Karen Brewer-Carías es diseñadora industrial, divulgadora naturalista y defensora de la biodiversidad, en los últimos días ha advertido que arrojar los escombros al agua puede traer como consecuencias la contaminación química y alteraciones de la calidad del agua, envenenamiento del ecosistema y erosión costera, entre otros daños que a largo plazo se convertirán en un grave problema para los habitantes de La Guaira.
Aunque la prioridad post tragedia debe estar enfocada en los supervivientes, víctimas y demás afectados, se hace urgente la perspectiva ambiental como lo ha señalado en reiteradas oportunidades Alejandro Álvarez, coordinador general de CLIMA 2. «Los escombros deben ser reubicados en espacios temporales o lugares seguros en tierra firme donde los desechos se reciben de forma provisoria con el único fin de ser clasificados, separados y procesados«.
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El criterio de seguridad estatal por encima del humanitario se evidenció de forma alarmante en el entorno digital. Durante los momentos más agudos tras el sismo, el bloqueo y la censura sistemática de redes sociales y plataformas de información restringieron que los ciudadanos usaran de forma óptima los canales independientes de reporte (como las herramientas vecinales para geolocalizar a personas que continuaban emitiendo ruidos bajo los bloques colapsados). Restringir el derecho a la libre expresión e información en una catástrofe de tal magnitud reduce de manera directa las posibilidades de supervivencia de las víctimas atrapadas.
Censura y restricciones de comunicación
Caleidosocpio Humano también se sumó a la exigencia de organizaciones locales como Venezuela Sin Filtro, Espacio Público y Redes Ayuda para el desbloqueo inmediato de la red social X y sitios web de información que permanecen censurados. Mantener estas restricciones bloquea canales vitales en medio de la catástrofe. Tras años de bloqueos y la clausura de emisoras radiales, la cobertura se enfrentó a un panorama mediático debilitado y a fallas masivas de conectividad.
La cobertura informativa también ha dejado en evidencia el quiebre entre la realidad y la narrativa oficial. El Estado ha desplegado una estrategia sistemática de control, bloqueos y hostigamiento para ocultar la verdadera magnitud del desastre, el colapso de las infraestructuras y las fallas en el rescate de las víctimas. Apenas cinco días después de la tragedia, el gobierno suspendió los traslados y accesos de periodistas independientes y corresponsales extranjeros en La Guaira. El control de ingreso mediante requisitos administrativos difusos impidió documentar el verdadero estado de los rescates y los derrumbes.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) han documentado numerosos incidentes de amedrentamiento hacia los reporteros y trabajadores de la prensa.
Ciudadanos y periodistas independientes recurrieron a plataformas como TikTok, X e Instagram para geolocalizar escombros, difundir listas de desaparecidos y denunciar cobros irregulares de maquinaria pesada. El flujo continuo de videos e historias en pantallas verticales desarmó la propaganda institucional, transformando cada teléfono celular en una estación de transmisión que la censura oficial no ha podido contener.
También el periodismo venezolano cubre esta catástrofe en la precariedad total y bajo afectación directa. Hasta la fecha, el SNTP ha confirmado el fallecimiento de 9 trabajadores de la prensa a causa de los sismos, mientras que al menos 46 han resultado heridos o han perdido sus hogares, debiendo continuar sus labores informativas bajo amenazas y un constante hostigamiento institucional.
Periodismo Humano
En momentos de crisis y desastres naturales, la velocidad de la información nunca debe pasar por encima de la dignidad humana. Desde Caleidoscopio Humano se realiza seguimiento a las coberturas para que desde el acompañamiento a periodistas, comunicadores, activistas y ciudadanía se asuma la responsabilidad de mantener la perspectiva de derechos humanos como premisa, ya que la cobertura del sismo en Venezuela exige un compromiso doble: informar con precisión y proteger a las personas afectadas. Informar sin sensacionalismo es el primer paso para no generar más dolor.
Libertad para todas las personas privadas de libertad por razones políticas
La situación en los centros de reclusión, históricamente precaria debido al hacinamiento y la falta de presupuesto, ha alcanzado niveles críticos tras el doble terremoto del 24 de junio. Distintas organizaciones de la sociedad civil han manifestado preocupación no solo por la interrupción en el suministro de medicamentos esenciales, si no pos las cotantes denuncias de la crítica situación de salud dentro de las penitenciarías, las denuncias de muertes bajo custodia y el asilamiento.
La destrucción de vías de comunicación y los daños estructurales en los centros de detención sirven de justificación oficial para suspender visitas familiares y de defensa técnica, agravando el riesgo de tratos crueles, inhumanos o degradantes en un entorno ya de por sí opaco.
Riesgos de protección en refugios improvisados sin criterios de derechos humanos
Con más de 13.500 personas evacuadas y miles de viviendas destruidas, los campamentos y refugios improvisados operan sin estándares mínimos de protección. La falta de espacios segregados por género, la ausencia de iluminación adecuada y el hacinamiento extremo exponen a esta población a un riesgo alarmante de violencia basada en género (VBG), abuso y explotación sexual.
Desde Caleidoscopio Humano se hace seguimiento a denuncias de robo y amenazas.
«Nos roban los colchones y prefiero dormir en el piso con mi hijo que dejarme someter por los colectivos y la guardia. Hacemos un llamado al gobierno para que Investiguen», dijo una de las mujeres entrevistadas en el Parque Alí Primera en Caracas que prefiere mantener su nombre bajo anonimato.
También advertimos la debilidad en el registro de personas dentro de los albergues informales incrementa las vulnerabilidades frente a redes de trata y tráfico humano que se aprovechan del caos logístico. En nuestra labor de monitoreo y documentación, hemos registrado la desaparición de personas recatadas con vida, pero que sus familiares no han podido ubicar, debido a esa misma debilidad de registro en albergues y hospitales.
Urge contar con la labor de las organizaciones de derechos humanos y humanitarias en Venezuela
En medio de la tragedia, el país sigue enfrentando una crisis de derechos humanos que supera con creces la capacidad operativa local. En este escenario, respetar, proteger y facilitar el trabajo de las organizaciones no es una opción, sino un requisito de vida o muerte. Son estas personas que operan bajo los principios de humanidad, imparcialidad e independencia y aportan recursos técnicos que el Estado ignora por años.
Poer ello, en medios de este caos, el rol de las organizaciones, es crucial para visibilizar las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Iniciativas ciudadanas y de la sociedad civil han activado plataformas de mapeo y redes de búsqueda de desaparecidos que complementan el trabajo de rescate institucional y canalizan la solidaridad de forma eficiente y coordinada.
La reconstrucción y la asistencia requerirán miles de millones de dólares a mediano y largo plazo. Permitir el acceso sin restricciones y eliminar trabas burocráticas a las organizaciones civiles genera la confianza técnica y de transparencia indispensable para que la comunidad internacional mantenga el flujo de financiamiento, donaciones y toneladas de suministros de emergencia hacia el país.
Las redes de solidaridad con estándares de de derechos humanos y humanitarios son necesarias para garantizar la transparencia y para reportar los daños reales en las zonas de desastre. Urge evitar más restricciones legales y políticas para lograr la dignidad y el respeto de los derechos humanos de los mas vulnerables en este momento.
Servicios públicos siguen sin ser garantizados
La catástrofe natural impactó sobre un sistema de servicios públicos que ya se encontraba en un estado de desmantelamiento estructural debido a la crisis humanitaria. Durante el monitoreo efectuado por el equipo de documentación de Caleidoscopio Huumano se registró que en las zonas afectadas el servicio eléctrico es intermitente. En La Guaira en Catia La Mar es inexistente desde el 24 de julio.
El suministro de agua por tuberías está fracturado, elevando el riesgo de brotes epidemiológicos en comunidades y refugios.
Más de 38 hospitales reportan daños estructurales, lo que inhabilita la atención médica regular y de emergencias para partos, diálisis y cirugías urgentes y otras atenciones no asociadas directamente a los dos terremotos.
La combinación del colapso habitacional, la parálisis de los servicios básicos y la falta de una respuesta gubernamental transparente —sumado al clima de persecución política— está configurando el inicio de una nueva y masiva ola migratoria hacia el exterior. Los ciudadanos perciben que el Estado carece de la voluntad y la capacidad institucional para la reconstrucción, empujándolos a cruzar fronteras de forma desordenada y desprotegida.
También Caleidoscopio Humano registró denuncias de amenazas por parte de los concejos comunales del centro de Caracas que afirman que las viviendas desocupadas deben ser asignadas a quienes necesitan lugar para vivir.
La reconstrucción de Venezuela tras el doble sismo de junio no puede medirse únicamente en toneladas de escombros removidos o edificios apuntalados. La verdadera prueba de recuperación radica en el respeto irrestricto al tejido constitucional y a los derechos de las víctimas.
La emergencia natural obliga a activar los canales legales existentes, no a sepultarlos. Debemos exigir que el Estado cumpla y que las instancias de protección ejecuten su autoridad con autonomía.
