La organización advirtió que la vulnerabilidad legal perjudica al 87% de los productores con rebaños pequeños e instó al Estado a adecuar la legislación penal
FUENTE ORIGINAL: EL NACIONAL. –
La nueva junta directiva de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) exigió al gobierno la restitución de la seguridad jurídica y el cese definitivo de las invasiones de fincas durante la celebración de su primer Consejo de Directores, con el fin de proteger las inversiones en el campo y estabilizar el abastecimiento alimentario en el país.
El presidente de la organización, José Labrador, recalcó la necesidad de detener las perturbaciones a la actividad pecuaria y tomar como referencia las medidas aplicadas en el estado Apure.
«Hay una propuesta de no más intervenciones y perturbaciones a la actividad ganadera, tal cual se ve en Apure. Esta tiene respaldo del gobernador y el Ejecutivo de no más invasión, de no más ocupaciones ilegales y dar cumplimiento lo que establece la Ley de Tierra, una ley que necesita una adecuación», sostuvo el vocero.
De igual forma, la dirigencia del gremio urgió la reforma de la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera con la intención de ajustar el texto legal a los preceptos de la Constitución.
Labrador precisó que entre 85% y 87% de los afiliados posee hatos de 10 a 20 semovientes, por lo que este sector minoritario enfrenta los mayores obstáculos para acceder a la justicia formal.
Creación de la sala de datos
En la misma jornada, Fedenaga anunció la instalación de una sala situacional estadística y de planificación. Esta herramienta técnica recopilará cifras oficiales sobre las necesidades de los productores para estructurar planes de desarrollo sostenible. «Sin seguridad, no hay producción; y sin seguridad y producción, no hay inversión», destacó la directiva.
Asimismo, el representante de los ganaderos destacó el acercamiento con las instituciones gubernamentales para evaluar las variables del entorno agrícola.
«El Estado está entendiendo y están tomando las acciones que debe tomar. Nosotros en la Federación decimos que es un objetivo de Estado», concluyó Labrador.
