Este 6 de agosto, a través de la plataforma Justicia y Verdad un grupo de organizaciones presentó ante la CIDH un balance del trabajo que realizan en la defensa de derechos humanos en el país desde los hechos del 3 de enero hasta la actualidad
Organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y representantes de la sociedad civil denunciaron este 6 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la persistencia continuada de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos en Venezuela, durante una audiencia del 196.º período de sesiones del organismo internacional efectuada en Washington.
Justicia y Verdad es la plataforma que agrupa a las organizaciones que expusieron casos de persecución política, detenciones arbitrarias, restricciones a las libertades fundamentales, crisis humanitaria antes y después de los terremotos del 24 de junio y la crisis de derechos humanos que se sigue viviendo en el país luego de los hechos del 3 de enero.
Beatriz Borges, directora de CEPAZ, comenzó su participación presentando un instrumento llamado «Termómetro de Justicia y Verdad», una herramienta construida a partir del análisis y consenso de veinte organizaciones venezolanas, basada en el seguimiento de recomendaciones de organismos internacionales y el monitoreo constante de la situación después del 3 de enero.
Meudy Osio, viuda del concejal opositor Fernando Albán, fallecido en 2018 mientras permanecía bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) denunció que la impunidad y la falta de investigaciones independientes en la muerte de su esposo bajo custodia del Estado continua. Recordó que al menos 18 personas han fallecido encarceladas en Venezuela.
«Lo que ocurrió con Fernando no es un caso aislado. Es parte de un patrón de persecución, encubrimiento e impunidad», dijo Osío.
Durante la audiencia se informó que el caso fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su conocimiento, un paso considerado relevante dentro del Sistema Interamericano.
Sofía Macher, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, aseguró en su participación ante la CIDH que el país atraviesa «un momento de cambios políticos» que puede representar oportunidades, pero también nuevos riesgos en materia de derechos humanos. Del mismo modo afirmó que la misión concluyó que las violaciones de derechos humanos en el país responden a factores estructurales, entre ellos la falta de independencia e imparcialidad de las instituciones de justicia, las restricciones al espacio cívico y la ausencia de mecanismos de control.
Las liberaciones parciales de presos políticos no significan el fin de la represión
Durante la participación de Martha Tineo, coordinadora general de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, alertó sobre el deterioro de las condiciones de los centros de detención y calificó la situación como una emergencia humanitaria.
«Este grupo representa una realidad que atraviesa todos los estratos sociales. Entre ellas hay mujeres cuya prisión separa a sus hijos y desintegra familias. Además, hay ciudadanos de la sociedad civil, funcionarios, sindicalistas y personas comunes, incluyendo extranjeros y venezolanos con doble nacionalidad«, afirmó la defensora de derechos humanos.
Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, señaló en su participación que «el aparato represivo continúa, con menos intensidad, pero sigue allí». Además, indicó que desde enero 2026 la organización constató que liberaron a 800 presos políticos, pero la represión no desapareció, solo cambió de forma.
David Gómez Gamboa, director de Aula Abierta, alertó que la arquitectura legal represiva sigue intacta, evidenciado en los bloqueos a medios de comunicación, la crisis eléctrica en las regiones y la asfixia presupuestaria contra las universidades.
El defensor además advirtió sobre el deterioro de la educación superior, la precarización del personal docente y el debilitamiento de instituciones esenciales para una democracia.
Reconstrucción independiente de la mano de la sociedad civil organizada
Deborah Van Berkel de Ideas por la Democracia señaló que la justicia y el Estado de derecho son la piedra angular para la reinstitucionalización en Venezuela. «El multilateralismo y la cooperación con mecanismos internacionales de derechos humanos son un pilar en la reconstrucción y en la verificación de avances de manera independiente, en un proceso en el cual la sociedad civil es un actor fundamental», expresó la defensora.
La participación de Faisal Yamil por la plataforma Justicia y Verdad estuvo enmarcada en presentar las exigencias de la sociedad civil principales al Estado venezolano:
1️⃣ La liberación plena e incondicional de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos.
2️⃣ La derogación, reforma o anulación del marco normativo que asfixia el espacio cívico.
3️⃣ La apertura real a los mecanismos internacionales de protección.
«Exigimos que el Estado extienda invitaciones formales a esta Comisión para una visita in loco plena, que además abra la puerta para sucesivas visitas de los relatores especiales de Naciones Unidas pendientes, y a la Misión de Determinación de los Hechos», señaló el defensor.
Lo que dijo la CIDH
La comisionada Gloria De Mees, relatora de la CIDH para Venezuela, indicó que la información aportada por la plataforma de organizaciones venezolanas durante la audiencia sugiere que «muchas de las estructuras subyacentes de represión siguen intactas». En la misma intervención preguntó: «qué ha cambiado? Los derechos humanos no pueden medirse por anuncios, sino por resultados.»
De la misma forma puntualizó que es difícil hablar de diálogos, transición o cambios ante la ausencia del Estado venezolano en espacios como la CIDH, donde se ha cuestionado su participación directa u omisión ante graves violaciones de derechos humanos, así como el nulo acatamiento de medidas de protección, resoluciones o sentencias del sistema interamericano de DD.HH.
Por su parte la comisionada, Rosa María Payá reiteró el compromiso del organismo con el seguimiento de la situación venezolana y con las víctimas de violaciones de derechos humanos y aseveró que la Comisión Interamericana no solo tiene la capacidad sino también la disposición y la intención de acompañar al pueblo venezolano en un proceso de recuperación democrática que urge en ese país.
Los comisionados Marion Bethel, Rosa María Payá, Pedro Vaca, Javier Palummo y Andrea Bochack también mostraron preocupación por la transparencia en un plan de recuperación nacional tras los terremotos, los Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales y la afectación a niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad, así como la situación de servicios de salud reproductiva para mujeres y cuidado materno, reformas o cambios en la libertad de expresión y cambios en la visión de la comunidad internacional sobre Venezuela.
Participaciones online de organizaciones en terreno
Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, advirtió en su presentación que no existen cambios estructurales en el sistema judicial venezolano e indicó que actualmente el aparato represivo se mantiene intacto y solo ha variado la intensidad de la represión. «La Constitución establece que solo la sociedad civil debe preseleccionar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia», aseveró la defensora de derechos humanos.
Por su parte Gabriela Buada, directora de Caleidoscopio Humano señaló que el esquema de represión y control social persiste en Venezuela y afecta de manera desproporcionada e invisibilizada a mujeres y población vulnerable. Además, señaló que el caso de Carmen Navas lo demuestra.
La defensora resaltó que la falta de cifras desagregadas por género del impacto de los terremotos del 24 de junio muestra que continúa la violencia basada en género y la invisibilidad de la situación de derechos humanos de mujeres y niñas.
Mario D’Andrea, director de Civilis Derechos Humanos, advirtió ante la CIDH que las recientes modificaciones en los cargos del Estado venezolano no han alterado la respuesta institucional contra la sociedad civil. Además, señaló que la organización que representa realizó un estudio recientemente que demuestra que se mantienen las amenazas contra las organizaciones de derechos humanos en el país.
Libertad de expresión y migración forzada
Luis Carlos Díaz, periodista y defensor de derechos humanos enfatizó que la reducción de detenciones de periodistas y trabajadores de la prensa no equivale al fin de la represión, sino a una transición hacia métodos más selectivos y eficaces. También, denunció que persisten el bloqueo de medios, la censura y causas judiciales contra periodistas en Venezuela, pese a las recientes excarcelaciones.
La participación de Nastassja Rojas, representante de Amnistía Internacional Venezuela estuvo enmarcada en recordar que más de 7,9 millones de personas venezolanas han sido forzadas a abandonar el país desde 2015 producto de un patrón de violaciones que Amnistía Internacional documenta como crímenes de lesa humanidad. También aseveró que en la actualidad quienes están en el poder imponen graves barreras documentales y económicas para el retorno de los ciudadanos, como pasaportes costosos y salvoconductos.
La participación de la sociedad civil cerró con Carlos Lusverti, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, quien reiteró la urgencia que Venezuela siga estando en las prioridades de la Comisión, tanto en el Sistema de Peticiones, como el Sistema de Casos, como en todo el despliegue de las herramientas que tiene la comisión.
«Hay casos que tienen años pendientes de solución», señaló.
Finalmente, la CIDH recordó que el «Estado de Venezuela deberá otorgar todas las garantías pertinentes a todas las personas que concurran en una audiencia, o mediante ella suministren a la comisión información, testimonios o pruebas». Además, aseguró que el Estado no podrá «enjuiciar a los testigos, ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones» y manifestó disposición a visitar el país antes de finalizar 2026 para verificar la situación de los derechos humanos.
A continuación, el video completo de la audiencia:
