28/10/2023. OVVLGBTIQ+– Durante la intervención ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU el Fiscal general Tarek William Saab omitió durante su discurso que se le imputó a las 33 personas afectadas en Carabobo tres cargos que pueden ser considerados como discriminatorios para la población LGBTIQ+: ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+) alerta que el Estado venezolano mintió sobre los hechos del caso de las 33 personas LGBTIQ+ detenidas en Carabobo en julio de 2023 ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El organismo supervisó el cumplimiento del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos por los estados partes en Ginebra (Suiza).
El 10 de octubre, durante el 139° periodo de sesiones del Comité, la delegación venezolana aseguró que en el caso de los 33 el Estado no actuó de manera homófoba y que ha sido un caso usado para realizar propaganda política. El Fiscal general Tarek William Saab señaló sobre el caso que las personas fueron puestas en prisión preventiva por una llamada anónima que denunciaba una presunta contaminación sónica que venía del lugar.
Desde el OVV LGBTIQ+ se realizó un seguimiento al caso desde el momento en que ocurrió la detención y se emitieron cinco alertas que denunciaban una escalada de la criminalización de la homosexualidad a partir del caso de los 33 detenidos en Carabobo. Además, se expuso un listado de irregularidades que incluyen la inacción de organismos del Estado para atender la situación a tiempo, incluyendo el Ministerio Público. A la fecha, tres personas continúan siendo investigadas porque presuntamente el local donde ocurrieron los hechos en Valencia operaba irregularmente.
“Se hizo bandera de un hecho no vinculante. Quiero como Fiscal general de la república, aclarar que ese hecho no fue vinculante en lo judicial y policial a la comunidad LGBTIQ+ a la comunidad que hemos mostrado apoyo en diversas oportunidades. No ha sido así, no fue por esa condición, en la cuales fueron, por escasas horas un grupo de 33 personas. Quiero destacar lo que efectivamente ocurrió en ese caso puntual que se le ha hecho bandera y propaganda a nivel internacional”, señaló Saab en respuesta a la pregunta que este realizó sobre el caso de los 33 detenidos durante la 4.040a sesión del Comité.
Performance por el caso de los 33 que se realizó en La Candelaria (Caracas) en agosto | Foto: Fabrizio Sánchez Di Camillo / prensa OVV LGBTIQ+.
La postura del Estado sobre el caso de los 33 en Carabobo
Durante la presentación del examen de Venezuela sobre la situación de derechos civiles y políticos, el Estado presentó su quinto informe, que según comenta la Comisión, debió presentarse en 2018 con las revisiones de las observaciones finales del diálogo que ocurrió en 2015. Durante la primera sesión del Estado ante el organismo se hizo referencia de manera al caso de los 33 detenidos en Carabobo y las autoridades venezolanas indicaron que se atendió la denuncia “sin discriminación” a raíz de una denuncia anónima que se realizó en la localidad.
En la intervención, las autoridades venezolanas confundieron la orientación sexual, el término internacionalmente reconocido, con “condición sexual”, término peyorativo que suele ser usado para hacer referencia a las personas LGBTIQ+. La postura del Estado trató de prescindir de que ese fue un caso que exponía la homofobia de Estado, para llevarlo a un caso común. La versión expuesta por Saab y otras autoridades del Estado deja ver que la denuncia de los vecinos en la zona en Valencia ocurrió repetidamente durante seis meses, tiempo en el que el ruido del local presuntamente molestaba a los vecinos de la zona.
Saab añadió que el local “parecía una discoteca”, “que no tenía identificación” y que funcionaba en una zona residencial. Tras la denuncia anónima se procedió a allanar el lugar, donde se hallaba un grupo de personas que no estaban cometiendo ningún delito, sino que estaban haciendo uso de las instalaciones. Durante el procedimiento hubo hallazgos que mostraron que el sitio presuntamente no tenía control sanitario de ningún tipo. El fiscal explica que tras la detención de las 33 personas, se designaron fiscales y en medio del proceso de indagación se solicitó el sobreseimiento de todas las personas LGBTIQ+, a excepción de tres personas, los trabajadores y dueño del local, quienes continúan siendo investigados, por la contaminación sónica y la falta de permisos sanitarios para funcionar.
“Quedaron a la orden de las autoridades los que de manera ilegal no registraron el local, ni presentaron el permiso correspondiente ni control sanitario. Nada de lo que esto tiene que ver con una violación a la identidad LGBTIQ+ de los que allí estaban. Los funcionarios policiales que, según investigamos, postearon de manera irregular fotos de quienes estaban en el lugar fueron detenidos por los delitos de incitación o promoción al odio y tratos inhumanos o degradantes”, puntualizó Saab, quien indicó que estos funcionarios están a la espera del proceso de imputación.
Protesta ante el Ministerio Público (Caracas) en agosto por el caso de los 33 | Foto: Fabrizio Sánchez Di Camillo / prensa OVV LGBTIQ+.
¿Por qué el caso de los 33 en Carabobo sí expone la homofobia de Estado?
Las versiones expuestas en medios de comunicación con base a investigaciones propias y de los testimonios de algunos de los 33 afectados en Carabobo deja ver que la postura del Estado es parcializada a su favor y trata de prescindir de la responsabilidad de los funcionarios que dejan ver la homofobia del Estado.
El caso de los 33 detenidos en Valencia es un ejemplo de discriminación contra la población LGBTIQ+. El local de entretenimiento LGBTIQ+ fue allanado irregularmente ya que los funcionarios de la Policía Nacional no contaba con orden judicial, difundieron los rostros, nombres, las cédulas de identidad y la orientación sexual de los detenidos, violando así el principio de presunción de inocencia, el derecho a la no discriminación por razón de orientación sexual y el derecho a la privacidad durante todo el proceso. Desde la detención arbitraria hasta su liberación fueron víctimas de insultos homofóbicos por parte de los funcionarios policiales, quienes se burlaban al informarles que su caso ya era de conocimiento público.
A diferencia de lo que declara el fiscal Saab, la prensa demostró en imágenes que el local contaba con identificación, no era una discoteca, sino más bien un sauna con varios ambientes y se encontraba en una zona poco concurrida. Otro elemento para determinar el hecho como discriminatorio fue la difusión de la información de que uno de los detenidos era portador del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), siendo éste un estigma negativo asociado a personas LGBTIQ+ . Esto supone una clara violación de lo dispuesto en la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o SIDA y sus Familiares, que no permite revelar su identidad.
“Vivimos un especie de psicoterror disfrazado de buena gente. Decían: ‘te estamos ayudando’, pero no hacían nada, era una manera de mantenernos tranquilos pero allí viene el tema homofóbico, hubo mofas con el tema de los teléfonos. Cuando los retienen nos piden las claves y se mofaban: ‘¿Este es tu teléfono? ¿Estas son tus fotos? ¿Tu haces esto?’”, señaló uno de los afectados en una entrevista a WTC Radio.
Entre otras irregularidades sobre el caso de los 33 en Carabobo, el OVV LGBTIQ+ también pudo identificar la respuesta tardía del Estado para atender el caso y brindar una respuesta a los afectados. A pesar de que Saab señala que los afectados estuvieron detenidos “unas pocas horas”, la realidad es que 30 de los 33 afectados fueron liberados tres días después y los otros tres fueron liberados diez días después. Durante el proceso, se irrespetaron los lapsos de presentación y se les imputaron delitos que no cometieron y que resultan discriminatorios para las personas LGBTIQ+: ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica. Saab omitió el proceso de imputación con los cargos y solo mencionó cuando se les otorgó el sobreseimiento.
Además, lo que ocurrió en Carabobo no se trató de un hecho aislado y resalta la ya existente homofobia de Estado. En OVV LGBTIQ+ alertó sobre 60 casos de discriminación hacia personas LGBTIQ+ entre enero y abril de 2023. En 2022 se documentaron 97 casos. Entre enero de 2021 y diciembre de 2022 el movimiento venezolano SOMOS documentó 11 detenciones arbitrarias a personas LGBTIQ+. SOMOS también ha documentado al menos cuatro redadas a espacios de ocio y esparcimiento LGBTIQ+: 2 en Caracas, 1 en Maracaibo y 1 en Mérida.
Foto: referencial.
Venezuela, un Estado en deuda con la población LGBTIQ+
“Respecto a la discriminación a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e Intersex (LGBTI) el Estado venezolano ha fortalecido medidas para prevenir y sancionar toda discriminación, de conformidad con la Constitución, incluída las relativas a la orientación sexual. En noviembre de 2020 la Defensoría del Pueblo creó la Defensoría Especial con competencia nacional para la protección de las personas de la sexodiversidad”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil Pinto, durante la sesión ante el Comité en referencia a los “logros” en la materia LGBTIQ+ del Estado.
Las declaraciones del ministro no se ven reflejadas en la acción del Estado en dicha materia. Actualmente Venezuela es el último país en la región sin leyes o políticas públicas diferenciadas para la población LGBTIQ+. Las iniciativas gubernamentales no han sido suficientes para atender a dicha población, a pesar de que existe una fiscalía y una defensoría para esos asuntos. Recientemente se despenalizó la homosexualidad en las Fuerzas Armadas, pero a la fecha no se ha aprobado la Ley Orgánica contra todo tipo de Discriminación y tampoco se ha hecho efectivo el derecho al cambio de nombre de personas trans, intersex, queer y no binarias establecido en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil.
Desde el OVV LGBTIQ+ se aboga por que el Estado actúe de manera efectiva para que todas las personas LGBTIQ+ accedan a sus derechos en condiciones de igualdad y dignidad, así como también que se creen leyes diferenciadas para atender sus necesidades y realidades. Se apuesta por que el Estado implemente las medidas necesarias para prevenir, atender y erradicar la violencia, discriminación y crímenes de odio basados en prejuicios por orientación sexual, identidad o expresión de género.
El OVV LGBTIQ+ pone a la orden los canales de denuncia y el servicio de atención psicolegal ante cualquier hecho de violencia hacia la población LGBTIQ+, como su página web (nomasdiscriminacion.org), su correo (denuncia@nomasdiscriminacion.org), WhatsApp y Telegram (0424-2061493 y 0412-5750503) y redes sociales (@OVVLGBTIQ en Twitter y @nomasdiscriminación en Instagram).
