Francisco González/Caleidoscopio Humano
El conflicto por las tierras ancestrales de las comunidades indígenas americanas y, particularmente, el de las comunidades indígenas venezolanas, nace con la llegada de los colonizadores a finales del siglo XV.
Los conquistadores, sintiéndose dueños de las tierras descubiertas, ignoraron la soberanía de los indígenas que habitaban el territorio desde hacía siglos. En consecuencia, usurparon sus tierras, les desplazaron o les asesinaron.
La llegada de los esclavos a los territorios americanos no mejoró la situación de los indígenas, quienes seguían en constante conflicto con la corona usurpadora.
Los siglos de colonización estuvieron manchados con sangre indígena, negra, castiza, parda y mestiza de miles de personas que las hoy en día repúblicas independientes latinoamericanas buscan honrar en plazas y museos.
El maltrato del colonizador al indígena no fue un fenómeno exclusivo de España. Los franceses, ingleses, portugueses y neerlandeses repitieron patrones similares y las consecuencias que eso ha traído para la inserción social de las comunidades indígenas persisten aún hoy.
Ante esta realidad, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la Organización de las Naciones Unidas publicó en 1984 el “Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas”.
Este importante antecedente dio pie a que la misma Organización, a través de su Consejo Económico y Social, estableciera en 1994 el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, que adoptó en 2007 la Declaración sobre derechos de poblaciones indígenas.
Una resolución similar fue adoptada en nuestro contexto regional, cuando en 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Todos los instrumentos internacionales mencionados tienen un punto en común: buscan velar por la conservación de las riquezas etnológicas, arqueológicas y antropológicas de la población indígena, entendiendo que la misma representa una comunidad vulnerable.
En el contexto nacional, Venezuela fue parte firmante de la Declaración mencionada de la Comisión y, además, en la Constitución del año 1999, se establece como una prioridad el reconocimiento a los pueblos indígenas y, en consecuencia, se establece la demarcación de sus tierras como un derecho inalienable.
También se establece en su Artículo 120 que cualquier actividad económica por concepto de aprovechamiento de los recursos naturales en el hábitat de las comunidades indígenas se hará sin perjudicar su integridad cultural, social y económica.
A pesar de este amplio marco legal internacional y nacional, hoy las comunidades indígenas venezolanas enfrentan graves problemas para gozar de sus derechos humanos.
Nuevo enemigo para los indígenas
A mediados del año 2016, cuando se decretó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, se dio pie a la creación de minas ilegales en un territorio que, además de ser Parque Nacional (y, por ende, zona protegida), es también el hogar de miles de indígenas.
Desde entonces, el Estado venezolano se ha enfrentado de manera violenta a los indígenas que se niegan a permitir estas atrocidades y se arraigan en la defensa de su tierra, donde han vivido desde hace centenares de años.
El gobierno de Nicolás Maduro se ha dedicado a hacer caso omiso a las protestas del pueblo indígena por su derecho a vivir en paz, a gozar de protección gubernamental y a tener libre movilidad. La situación ha escalado hasta llegar al punto de crear patrullas de resistencia indígena, donde voluntarios indígenas, armados con arcos y flechas, se enfrentan a las fuerzas de seguridad del Estado.
Las mujeres y niñas indígenas sufren las consecuencias de este conflicto de manera diferenciada.
Un informe de la Universidad Católica Andrés Bello, hecho sobre la base de declaraciones de fuentes policiales de El Callao- Bolívar, afirma que en el territorio de la Gran Sabana al menos 3.500 mujeres son forzadas por grupos irregulares a ejercer el trabajo sexual, y un importante porcentaje de ellas proviene de etnias indígenas de la zona.
Denuncias ciudadanas en redes sociales han visibilizado como en áreas mineras, niñas desde los seis años son vendidas por poco más de diez dólares. Se ha documentado que, luego de ser compradas, son violadas por grupos de hasta diez mineros y luego asesinadas y arrojadas a ríos.
Ante las limitaciones estructurales del Estado venezolano, muchas mujeres indígenas de la zona no están ceduladas, por lo que, en algunos casos de desapariciones, violaciones, trata, tráfico o femicidio, no es posible hacer la denuncia y los criminales quedan impunes.
El sur del Orinoco, su hogar, se ha convertido en el escenario de una guerra sangrienta que nos remonta a quinientos años atrás, con atrocidades parecidas a las ocurridas en la conquista, solo que ahora el “colonizador” no es un marino español, sino un minero criollo, o un paramilitar colombiano.
