Por Francisco González/Caleidoscopio Humano
(20-03-2022) Conocemos como pemones a los pueblos indígenas del sureste venezolano. Habitan el Parque Nacional Canaima y gran parte de la frontera con Brasil y Guyana. Sus principales actividades económicas giran en torno a la caza, la pesca, la recolección y el turismo.
Cada año, los hermosos paisajes de la Gran Sabana venezolana atraen a miles de turistas, que son atendidos por las comunidades pemones de la zona.
El Salto Ángel y los tepuyes Roraima y Kukenán son de las atracciones más frecuentadas por los visitantes, generando ingresos para las comunidades indígenas y para el país.
En el marco de la Emergencia Humanitaria Compleja que afecta a Venezuela, y producto del mal manejo de la economía y el declive de la industria petrolera nacional, el gobierno de Nicolás Maduro se ha visto en la necesidad de reinventar la dinámica económica venezolana para alejarse de la dependencia del petróleo.
Aunque lo anterior podría ser visto como una ventaja, lo cierto es que las decisiones tomadas por el Ejecutivo en esta materia han traído trágicas consecuencias para los ecosistemas del país, hecho comprobable en casos como el del Arco Minero del Orinoco.
A mediados del año 2016, cuando se decretó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, se buscaba explotar económicamente los recursos de esa área, que van más allá del oro, pues también se puede encontrar hierro, diamantes y bauxita1.
Esta decisión favoreció la creación de minas ilegales en un territorio que, además de ser Parque Nacional (y, por ende, zona protegida), es también el hogar de miles de indígenas pemones.
Desde entonces, el Estado venezolano se ha enfrentado de manera violenta a los pemones que se niegan a permitir estas atrocidades y se arraigan en la defensa de su tierra, donde han vivido desde hace centenares de años.
El gobierno de Maduro se ha dedicado a hacer caso omiso a las protestas del pueblo pemón por su derecho a vivir en paz, a gozar de protección gubernamental y a tener libre movilidad.
La situación ha escalado hasta llegar al punto de crear patrullas de resistencia indígena, donde voluntarios pemones, armados con arcos y flechas, se enfrentan a las fuerzas de seguridad del Estado2.
En febrero de 2019, los pemones que habitan cerca de la frontera con Brasil, a escasos dos kilómetros de Santa Elena de Guairén, decidieron apoyar los esfuerzos del gobierno brasileño y facilitar la entrada de camiones con ayuda humanitaria. En consecuencia, fueron atacados por componentes de la guardia nacional, dejando al menos quince fallecidos.
Desde ese momento, según datos del periódico Cambio16, se han registrado al menos cien protestas de comunidades indígenas en contra de las acciones ilegales del gobierno venezolano3, que reiteradamente viola sus derechos humanos y los derechos constitucionales que ostentan en su condición de pueblos indígenas.
Los derechos de los pueblos indígenas están consagrados en la Constitución del año 1999, que tiene como una de sus prioridades el reconocimiento a los pueblos indígenas, y en consecuencia, establece la demarcación de sus tierras como un derecho inalienable4.
La misma Constitución establece en su Artículo 120 que cualquier actividad económica por concepto de aprovechamiento de los recursos naturales en el hábitat de las comunidades indígenas se hará sin perjudicar su integridad cultural, social y económica, aspecto que también ha sido ignorado por las autoridades.
Estos atropellos contra la comunidad indígena venezolana, han convertido las zonas afectadas se en zonas de conflicto constante, donde el acceso a la educación, la salud y la alimentación se ha vuelto precario.
Muchas de las víctimas de este conflicto han tenido que migrar en busca de la protección que el Estado venezolano se niega a brindarles, exponiendo a niños, mujeres y ancianos a peligros como el tráfico de personas y la violencia sexual.
Un informe de la Universidad Católica Andrés Bello, hecho sobre la base de declaraciones de fuentes policiales de El Callao- Bolívar, afirma que en el territorio de la Gran Sabana al menos 3.500 mujeres ejercen la prostitución, y un importante porcentaje de ellas proviene de etnias indígenas de la zona5.
Hasta el momento, al menos trescientas familias pemones han tenido que huir a Brasil para resguardar su vida ante el silencio cómplice del gobierno de Venezuela.
No existe duda de que los derechos de las comunidades indígenas son derechos humanos, y que, en consecuencia, los pemones merecen que el Estado los proteja, les garantice el acceso a la educación, al agua, la salud y la alimentación. En su lugar, el Estado venezolano se ha encargado de masacrarlos a través de los cuerpos de seguridad que juraron defenderlos.
1 Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46690716
3 Fuente: https://www.cambio16.com/los-pueblos-indigenas-tambien-son-victimas-de-la-dictadura-de-maduro/
4 Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47857613
