Por Nataly Carvajal/Caleidoscopio Humano
(18-03-2023) Cada 18 de marzo se conmemora el día de los niños y niñas indígenas, como reconocimiento por ser garantes de la continuidad y preservación de su cultura, lengua y los saberes ancestrales, además de la protección de los territorios sagrados, donde hacen vida estos pueblos originarios.
Venezuela, en la Constitución de 1999, se define como un país pluri –étnico, y multicultural, y así lo expresa en su artículo 126:
“Los pueblos indígenas, como cultura de raíces ancestrales, forman parte de la nación, del Estado y del pueblo venezolano, como único soberano e indivisible. De conformidad con esta constitución tiene el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional” (CRBDV).
Es por ello que el Estado debe ser garante en el reconocimiento de sus derechos, a fin de que sus costumbres prevalezcan, sin que los procesos de desarrollo irrumpan en su hábitat y modifiquen sus modos de vida.
56 % de los hogares indígenas con inseguridad alimentaria
La crisis económica en la que se encuentra sumergida Venezuela desde hace algunos años, ha llevado a cientos de niñas y niños indígenas a vivirla de forma diferenciada, pues los convierte en un grupo altamente vulnerable y expuesto a sufrir todo tipo de atropellos y vulneración de sus derechos.
Es importante destacar que en el país no existen cifras oficiales que permitan obtener información sobre la realidad en la que se encuentran los niños y niñas indígenas. No hay registros oficiales de cómo es el acceso al goce pleno y protección de sus derechos, incluidos los relacionados con la atención oportuna y adecuada en los sistemas tanto de salud como educativo.
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Muchas de las barreras a las que se enfrentan los niños y niñas indígenas tienen que ver con que sus territorios se encuentran ubicados en zonas de difícil acceso, donde la falta de combustible impide que estas comunidades puedan trasladarse de forma rápida y segura.
Por su parte, la desnutrición infantil no es ajena en esta población, por el contrario, viven con mayor profundidad las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) en el país, situación que evidenció la organización Kapé Kapé, la cual documentó que, para 2021, el 56 % de los hogares indígenas de Venezuela, presentaban inseguridad alimentaria severa, y el 37 % inseguridad alimentaria moderada.
En tal sentido, la precariedad de condiciones ha empujado a que familias enteras de indígenas migren a otros lugares para poder sobrevivir, muchos de ellos, sometidos a violencia y tratos crueles e inhumanos en los nuevos sitios de acogida.
Radio Fe y Alegría, durante el 2022, realizó un reportaje sobre “niños indígenas: migración y la indigencia forzada”, en él se evidenció el caso de niños indígenas de la Guajira venezolana, que se encuentran en situación de calle, viviendo de la mendicidad y trabajando en mercados ilegales para poder sobrevivir, siendo una clara muestra de la violación de su derecho a una vida digna.
El avance de la minería condena a las comunidades indígenas a desaparecer
El mega proyecto de minería, denominado Arco Minero del Orinoco (AMO), compromete territorio en el cual hacen vida comunidades indígenas venezolanas.
El gran impacto de estas actividades pone en riesgo la preservación de los saberes ancestrales y somete a los niños y niñas indígenas a una sistemática violación a sus derechos.
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El impacto ambiental, que incide de forma directa en la cotidianidad de los grupos indígenas que allí hacen vida, les impide mantener a flote sus costumbres y modos de vida, situación que les está obligando a migrar a las grandes ciudades, donde viven precariamente, bajo condiciones de pobreza extrema.
Asimismo, el avance de la minería condena a estas comunidades indígenas a desaparecer, debido a que el control de territorio entre grupos estatales y paraestatales, que compiten por los minerales, hacen uso de la violencia, y dejan a los nativos en situación de riesgo.
En este vasto territorio, rico en recursos naturales y biodiversidad, también se están consolidando patrones de esclavitud moderna, donde niños y niñas son víctimas de explotación sexual y laboral.
De acuerdo con la investigación realizada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello Guayana (UCAB), adolescentes y niñas son la mayoría de las víctimas de prostitución forzada, trata y abuso sexual.
Los niños y niñas indígenas de esta zona también han sido usados para trabajos peligrosos en la minería donde se ve expuesta su vida, muchos menores de edad realizan las labores de buzos, para la explotación de coltán a cielo abierto, descendiendo en profundidades bajo tierra, por túneles improvisados, sin ningún tipo de protección.
Además, de todos los peligros anteriormente expuestos, se encuentra la contaminación por mercurio, metal utilizado para separar el oro de los sedimentos y con el cual, están siendo contaminados ríos y fuentes de agua de donde se abastecen los pueblos originarios.
No se puede hablar de la preservación de sus culturas y raíces, si el Estado no les está protegiendo y garantizando una niñez plena con el reconocimiento de sus derechos.
Los niños y niñas indígenas han sido impactados de forma diferenciada en medio de la crisis generalizada que vive Venezuela, pero lo que genera mayor inquietud, es que no hay la mínima voluntad política para revertir los daños que no solo dejan en rezago a esta parte de la población, sino al legado histórico de toda una nación.
