Fuentes consultadas señalaron que niños, niñas y adolescentes están expuestos a sufrir abusos por un sistema judicial que no los ampara de padres maltratadores y que, en muchos casos criminaliza a las víctimas
(27-11-2024) En una casa del municipio Cardenal del estado Mérida, Naibelys Noel Pérez, cansada del abuso físico y verbal al que la sometía su pareja, José Teodoro González, decidió terminar la relación. Él no aceptó la ruptura, lo que suscitó una pelea entre ambos con golpes, insultos y amenazas. Ella había acudido a la policía en reiteradas ocasiones, pero los funcionarios no recibieron su denuncia.
Al día siguiente, el 17 de agosto de 2019, y en venganza por la inminente separación, el hombre mató a golpes al hijo de ambos, mientras ella estaba en casa de su vecina. Horas después, la madre encontró a su bebé de 18 meses muerto en un hospital de la ciudad.
A cinco años del hecho, Naibelys Noel permanece recluida en el Centro Penitenciario de la Región Andina por el infanticidio de su hijo, pese a que fue su expareja quien lo asesinó. Aunque la evidencia descarta su participación en el crimen, el 24 de agosto de 2024 un tribunal la sentenció a 30 años de prisión por el delito de homicidio intencional calificado. Mientras, el victimario recibió una pena de 15 años y 4 meses.
Organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos de las mujeres señalan que Noel Pérez también fue víctima de violencia vicaria, un tipo de violencia que se ejerce mayoritariamente sobre las mujeres a través de sus hijos e hijas, pero que también puede ocurrir desde las mujeres hacia los padres de sus hijos.
Aunque el término de “violencia vicaria” no aparece explícitamente en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, su definición se incluyó en la normativa durante la segunda reforma parcial del documento que se publicó en 2021.
De hecho, en un informe reciente sobre la la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing —un programa internacional suscrito por Venezuela, que establece acciones concretas para lograr la igualdad de género— el Estado venezolano reportó entre sus progresos la reforma de la ley y la ampliación del delito de violencia doméstica, «actualizándolo a violencia familiar, incluyendo la violencia vicaria«.
El artículo 19 describe: «…se entenderá también como violencia familiar todo acto de violencia, acciones u omisiones que afecten a familiares ascendientes, descendientes y colaterales consanguíneos y afines, y personas al cuido de las mujeres, que tengan como finalidad ocasionar condiciones de violencia, temor, daño, doblegar la voluntad de la mujer e incluso su muerte». Artículo 19 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Reforma 2021).
Pese a que el Estado reporta este avance, fuentes consultadas para este reportaje advierten que aún existen vacíos que no permiten castigar la violencia vicaria. Señalaron que la falta de estadísticas oficiales desagregadas sobre violencia de género dificultan estudiar el fenómeno. Por otro lado, la desarticulación con las autoridades que protegen a los niños, niñas y adolescentes, los deja expuestos a esta forma de violencia ejercida por padres abusivos.
Mientras, organizaciones como Tinta Violeta, que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres, se esfuerzan por visibilizar estos casos. En su último informe publicado en marzo de 2021 identificaron que 38 mujeres y 67 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de violencia vicaria.
Violencia invisibilizada
El 16 de agosto pasado, Gustavo Ceda, de 24 años de edad, mató a correazos a su hijo de un año y ochos meses en el municipio Punceres, estado Monagas, luego de que este se despertó llorando mientras su mamá no estaba. La prensa reseñó que el joven negaba su paternidad, pero insistía en visitar al bebé con la única intención de retomar la relación a la fuerza con su expareja.
Crónica.Uno identificó al menos dos casos de violencia vicaria reseñados en la prensa durante los últimos seis meses de 2024. En ambos registros existe un elemento en común: la intención del agresor de manipular y ejercer control instrumentalizando a los hijos, para generar daño psicológico, culpa en la madre, y en el peor de los casos el asesinato del niño, niña o adolescente.
Daniella Inojosa, fundadora de Tinta Violeta, explicó que la violencia vicaria está marcada por el resentimiento y rabia del agresor tras una separación de pareja. Este tipo de hechos, a menudo, están precedidos por episodios de maltrato físico y verbal reiterado que involucra amenazas, chantaje y coacción dirigida hacia la progenitora, o el progenitor, de los hijos.
Para la especialista, un punto de partida es que haya un reconocimiento más explícito de la violencia vicaria en la legislación venezolana.
Un informe de la Comisión de la Mujer de la Universidad de Los Andes (ULA) refiere que en el 2012 Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y perita judicial argentina, acuñó por primera vez el término de violencia vicaria. Desde entonces países como España, Colombia, México, Argentina y Chile promulgaron leyes y políticas públicas para, por ejemplo, suspender la relación directa entre el padre y el niño, niña o adolescente cuando existen antecedentes de violencia contra su madre.
En Venezuela este tipo de abuso es poco visibilizado. No existen estadísticas diferenciadas que permitan cuantificar el problema. Los últimos datos los ofreció el fiscal de la República Tareck William Saab el 1 de noviembre pasado cuando informó que desde 2017 el Ministerio Público gestionó 62.392 acusaciones sobre violencia contra la mujer. De esa cifra, 6.788 culminaron en condenas, es decir, solo 10 % de los casos llegaron a la fase de sentencia. No dió información de los tipos de violencia que se registraron.
El pasado 23 de octubre el equipo de Crónica.Uno visitó la sede del Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer) para solicitar información sobre si existen políticas específicas para combatir la violencia vicaria, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta publicación.
Niños, niñas y jóvenes en riesgo
Aunque la violencia vicaria perpetúa la violencia basada en género, porque se extiende hacia los hijos cuando los órganos judiciales fallan en favor de los agresores, Inojosa puntualizó que esto ocurre cuando el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y los tribunales conceden la custodia al maltratador, o lo dejan tener contacto con ellos a través del régimen de visitas.
“Estos padres maltratadores acuden a los consejos de protección diciendo que la mamá no es apta para tener a los niños. Usan ese argumento para amenazarla de quitarle a los niños y doblegar su voluntad, a veces para que vuelvan con ellos o para que se sometan a sus requerimientos”, aseguró Daniella Inojosa.
Una fuente vinculada a la Comisión la Mujer de la Ula destacó que en muchos casos la violencia en contra de las mujeres es ejercida de forma institucional desde los órganos de justicia. Esto ocurre cuando son criminalizadas o cuestionadas en su rol de madres al momento de denunciar a sus agresores. “A veces la persona que agrede es la que tiene más dinero e influencia y por lo tanto es quien tiene más posibilidad de ganar la custodia”, dijo.
Inojosa coincidió y agregó: “las mujeres le tienen miedo y desconfianza al sistema y a veces optan por no denunciar. Temen ser victimizadas y señaladas. Además de que tampoco cuentan con el apoyo suficiente para sostener un juicio”.
Rosa* es una profesora universitaria víctima de violencia de género durante su primer matrimonio. Recibió golpizas, insultos y amenazas por parte de su pareja durante más de tres años hasta tuvo que huir de Venezuela rumbo a Argentina, con la hija de ambos.
Aunque allá se casó nuevamente y pudo sacar adelante a su hija, decidió volver seis años después, sin saber lo que le esperaba. “En cuanto mi ex supo de mi regreso intentó quitarme la custodia de mi hija en venganza por haberlo abandonado. Movió sus influencias y me tenía amenazada. Levantó acusaciones falsas en mi contra para arrebatármela”.
El proceso judicial de otorgamiento de custodia tardó ocho años y le fue concedida a Rosa, sin embargo, lo que más lamenta es que durante la etapa del juicio no pudo proteger a su hija de su ex marido violento. La niña sufrió violencia psicológica y verbal por parte de su padre durante el régimen de visitas.
“Siempre le decía a nuestra hija que yo era una zorra y un día, llevado por la rabia que me tenía, le puso una pistola en la cabeza. Ella solo tenía trece años ”, contó.
Una integrante de la Comisión de la Mujer de la ULA señaló que en el país aún no se dimensiona la instrumentalización de los hijos para manipular y ejercer control en el contexto de relaciones de dominación y abuso. Esto pese al llamado de organizaciones de la sociedad civil que desde 2020 impulsan la propuesta de una reforma de ley que incluya la aplicación de protocolos para analizar estos antecedentes con perspectiva de género y detectar situaciones de riesgo.
Violencia vicaria en debate
En la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), reformada en el año 2015, no figura ningún apartado sobre la violencia vicaria y la violencia familiar. “Observamos que la normativa no se complementa entre sí para amparar a los hijos del padre violento, lo que los deja en total indefensión”, señaló Daniella Inojosa de Tinta Violeta.
Un informe emitido por la Comisión de la Mujer de la ULA divulgado a principios de año, señala que los representantes del Estado no legislan para amparar a los niños, niñas y adolescentes utilizados para ejercer violencia “indirecta” contra la madre.
En relación a ese punto, Angeyeimar Gil, investigadora Social especializada en temas de niños, niñas y adolescentes, precisó la importancia de considerar que la violencia vicaria, pese a ser basada en género, no afecta directamente a la mujer sino a un tercero para causar daño emocional.
“Un papá violento que maltrató a su pareja puede solicitar la custodia de su hijo para hacerle daño a la mamá y eso sería violencia vicaria, pero esto no es necesariamente así cuando se comprueba que el padre nunca ha lastimado a sus hijos”.
Al respecto, Nelsón Villasmil, consejero de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Sucre, subrayó la necesidad de separar el rol de padre y pareja. Y reconoció que aunque la normativa no identifica específicamente la violencia vicaria, el sistema de protección se ampara en el artículo 32 de la Lopnna para proteger el derecho a la integridad física, psíquica y moral de niños, niñas y adolescentes.
“En los casos de violencia vicaria, el consejo de protección remitirá a la madre en su condición de mujer a que denuncie al agresor ante la Fiscalía del Ministerio Público por violencia de género. Y abrirá un procedimiento administrativo para proteger a los hijos de esta persona por la presunta amenaza del derecho a la Integridad personal”.
Al respecto, Inojosa puntualizó que se requieren reformas estructurales para cerrar la brecha de la divergencia en torno a la aplicación de la justicia. “Hemos avanzado pero falta que se cumplan los protocolos y que haya formación de género dentro de nuestras instituciones. Esto no es solo un tema de Estado sino también cultural, que no puede seguir perpetuándose”, dijo.
