23/03/2023 El Estímulo – La Misión que investiga denuncias de crímenes de lesa humanidad por parte de organismos de seguridad del gobierno de Venezuela presenta en Ginebra otro informe demoledor, más directo que el del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
Los constantes ataques y la represión generalizada por parte del Gobierno de Venezuela contra las personas percibidas como opositoras continúa acechando a la población, según la última actualización sobre la situación en el país que presentó la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU.
La mañana de este miércoles 22 de marzo, durante su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Misión describió cómo «las autoridades continúan deteniendo a los actores de la sociedad civil por motivos políticos, sofocando las protestas sindicales y cerrando medios de comunicación».
«La Misión de determinación de los hechos también alertó sobre nuevas propuestas legislativas que, de ser adoptadas, limitarían significativamente la capacidad de las organizaciones no gubernamentales para llevar a cabo su trabajo», según relatan los servicios de información de Naciones Unidas desde Ginebra y varias ONG dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos.
La Misión instó a las autoridades a que cesen los ataques, se investigue a las personas responsables y se les procese en consecuencia.
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«La primera línea de investigación del último informe presentado ahondó sobre la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado como parte de un plan para reprimir a personas percibidas como opositoras al Gobierno. La segunda línea de investigación se enfocó en violaciones a los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del Estado de Bolívar», acotó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación.
«En un contexto de impunidad generalizada respecto a los graves crímenes reportados en nuestros informes anteriores, las personas que critican o se oponen a las políticas del Gobierno se sienten amenazadas, desprotegidas, y temen ser detenidas y sometidas a torturas por el Gobierno, lo cual obstaculiza la libertad de expresión y derecho a la protesta en el país”, ha declarado Valiñas durante su exposición.
Las detenciones arbitrarias por motivos políticos continúan siendo un motivo de seria preocupación. Según las organizaciones de derechos humanos, al menos 282 personas – tanto civiles como militares – continúan en esta situación. Estas personas y sus familias continúan siendo objeto de amenazas y represalias, se niegan frecuentemente visitas de familiares y abogados, y se limita el acceso a alimentos y tratamiento médico. Persisten también las violaciones del derecho al debido proceso.
Valiñas aseveró que con esas investigaciones se confirmó que Venezuela sigue enfrentando una profunda crisis de derechos humanos y el Consejo decidió en el pasado mes de octubre renovar el mandato de la Misión por un periodo adicional de dos años. Alertó, además sobre nuevas propuestas legislativas que, de ser adoptadas, limitarían significativamente la capacidad de las organizaciones no gubernamentales para llevar a cabo su trabajo.
«Las violaciones graves de los derechos humanos y los delitos que se describieron en los informes anteriores, así como la ausencia de investigación y sanción a los autores, parecen haber producido un efecto inhibidor de la protesta que ha conseguido atemorizar a la población civil y desmovilizar la disidencia política», dijo la investigadora recalcando que el temor de aparecer en el Mazo es consecuencia de lo que han descrito los informes.
La Misión instó a las autoridades a que cesen los ataques y a que se procese a las personas responsables. También informó que se continúa imponiendo sanciones y clausuras a los medios de comunicación y periodistas.
Otro de los blancos en este esquema de represión han sido los medios de comunicación y periodistas, con la imposición de sanciones y clausuras impuestas a medios de comunicación. “El 2022 marcó un récord de cierre de emisoras de radio en todo el país”, indicó Patricia Tappatá, experta de la MIIV. “Los medios no pueden llevar a cabo su labor informativa en libertad cuando existe una amenaza constante de represalias.”
Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro, en representación de Héctor Constant, rechazó nuevamente los hallazgos de la Misión y denunció la injerencia de Estados Unidos.
“Los costosos informes que se presentan son una práctica errada de calumnia. Nuestra visión es abierta y transparente basada en el diálogo por ello, hemos renovado la carta de entendimiento con Oficiales de la ONU en el terreno”, y esto lo dijo el Alto Comisionado ayer en su intervención oral, dijo el representante del gobierno de Venezuela.
Intervenciones por países
Unión Europea: expresó su preocupación por las violaciones de derechos humanos en el país e instó a las autoridades venezolanas a cooperar con la Misión de Determinación de los Hechos, la ONU y la Corte Penal Internacional. También habló de la amenaza que representa la Ley propuesta para regular y criminalizar a las Organizaciones No Gubernamentales y a la sociedad civil en pleno.
Canadá: exigió que se evite el cierre del espacio cívico en Venezuela y que el Estado cumpla con las recomendaciones de la Misión. Al mismo tiempo exigió elecciones libres y justas.
Países Bajos:agradece a la Misión y apoya su mandato. Afirmó además que de aprobarse el Proyecto de Ley contra la sociedad civil se profundizarán las violaciones a la libertad de prensa y de información, la persecución contra periodistas y defensores de derechos humanos. «La muestra de ello es el cierre de emisoras de radio. Se debe proteger a las ONG, periodistas y personas defensoras».
EEUU:resaltó su agradecimiento a la Misión por los informes donde se ha evidenciado el desplome de las instituciones. «El régimen sigue acosando a periodistas, personas defensoras y políticos». También, rechazó el intento de cerrar el espacio cívico y amenazar la disidencia.
Ecuador:afirmó que los abusos y acosos contra periodistas, defensores y líderes sindicales, así como a los pueblos indígenas continúa dándose en el país. Al mismo tiempo, aseveró que la ley que se pretende aprobar es para intimidar a la sociedad y la disidencia. «Deben combatir la impunidad y asegurar la rendición de cuenta».
Israel:dijo que se sienten alarmados por el hecho de que las fuerzas de seguridad venezolano continúen atacando a los que se oponen al gobierno. «Las fuerzas de seguridad no aprecian el valor de la vida y tienen cooperación de grupos terroristas del extranjero».
Portugal:se sumó a la declaración de UE y reiteró su apoyo a la Misión FFM. «Estamos de acuerdo en que la propuesta de ley puede atacar a la sociedad civil. Las ONG son la voz de las víctimas de violaciones de derechos humanos». También pidió elecciones libres y justas.
Francia:se suma a la declaración de la UE y reitera su apoyo al mandato de la Misión y aseveró que las violaciones que han documentado no pueden quedar impune y apoya la investigación de la CPI. El espacio cívico se sigue cerrando. Alienta a Venezuela para no implementar la Ley contra la sociedad civil.
China:apoyó a Venezuela y dice que la Misión no debe convertirse en herramienta de EEUU para quebrantar los derechos humanos de una nación. Solicitó además el cese de las sanciones.
Corea:«la cohesión de este debate en serie y repetitivo muestra la intención de propagar desinformación de la soberanía de Venezuela. Esto menoscaba el diálogo y la cooperación», dijo para apoyar a Venezuela y señalar que el Gobierno está dando indicios de un diálogo genuino.
Zimbabue:rechaza la resolución de ciertos países que se ensañan contra estados soberanos. Pidió eliminar las sanciones que han impedido que Venezuela pueda resolver la crisis.
Reino Unido:habló de la ausencia de derechos de las personas#LGBTIQy respaldó que la Misión señala que continúan los ataques contra la sociedad civil con el proyecto de Ley contra la sociedad que pretende cerrar el espacio cívico.
Georgia:condenó las condiciones infrahumanas de los precios políticos. También habló de la crisis humanitaria. «Casi el 60 de los hospitales no tiene agua y hay casos como tuberculosis y Malaria en el país». Además, hizo un llamado a Maduro para solucionar la grave crisis humanitaria.
República Popular Democrática LAO: apoya a Venezuela por su colaboración a los mecanismos de derechos humanos demostrado con la visita del Alto Comisionado este año. «Alentamos a la comunidad internacional a que preste apoyo a Venezuela».
Chile:agradece a la Misión lo documentado en sus informes y afirma que continúa la violencia sexual y de género, como también las violaciones de derechos humanos de personas detenidas.
Bielorrusia:apoya a Venezuela y el intercambio que ha existido entre la ONU y el Estado. «Esto demuestra que hay entendimiento».
Bolivia:«la Misión no promueve un dialogo concernido», dijo su representante, al tiempo que apoyó a Venezuela y afirma que hay cooperación con el Alto Comisionado.
Cuba:apoyó a Venezuela y dice que la cooperación con la ONU se ha demostrado que si copera. «La Misión jamás ha operado en el terreno». El representante también aseveró que estos mecanismos reciben cifras millonarias para entregar resultados en contra de países respetuosos con los derechos humanos. Condenó las medidas coercitivas aplicadas contra Venezuela
Arabia Saudita:afirmó la importancia de diálogo abierto para llegar a las mejores prácticas de derechos humanos y aseveró que toman nota del esfuerzo que hace Venezuela para el avance de la promoción de los derechos humanos.
Irán:acoge con beneplácito los esfuerzos de Venezuela. Especialmente en los derechos económicos y sociales su pueblo ante la presión de las sanciones. «Ha combatido la corrupción y la pobreza». Pidió eliminar las sanciones afirmando que nadie puede garantizar derechos sin cooperación.
Nicaragua:apoya a Venezuela y hace un llamado a la no intervención. «Nicaragua desconoce el informe porque tiene profunda ausencia de objetividad. Se solidariza con Venezuela porque la revolución bolivariana ha salido airosa con sanciones».
Yemen:rechaza la politización de los derechos humanos en estos espacios y apoya la cooperación positiva del gobierno venezolano. Pide apoyo y asistencia técnica para que Venezuela pueda cumplir con sus obligaciones.
Burundi:apoya a Venezuela y dice que es objeto de una politización, lanzando un llamado a la comunidad internacional a que coopere de manera constructiva.
Siria:reitera su llamado a la soberanía territorial de Venezuela y condena a los EEUU por su política de injerencia y las medidas coercitivas de las sanciones. Se opone al mandato de la Misión.
Rusia:apoya a Venezuela. «Los países occidentales utilizan los derechos humanos para inmiscuirse. «Lo que deteriora los derechos humanos en Venezuela son las sanciones».
Brasil:sigue de cerca la situación en Venezuela e insta a todos los actores a garantizar los derechos en particular de quienes están en mayor vulnerabilidad. Alentamos a Venezuela a cumplir con las recomendaciones de todos los mecanismos de derechos humanos.
Cambodge:valora la cooperación de Venezuela con los mecanismos de derechos humanos.
Paraguay:está entusiasmado con la posibilidad de lograr avances con el Alto Comisionado. Los hallazgos de la oficina y de la FFM. Es muy ligero intentar descalificar los derechos humanos y a las víctimas.
La señora Valiñas es una letrada / abogada experta en derechos humanos que se ha especializado en justicia penal internacional y, más específicamente, en delitos sexuales y de género. Más recientemente, trabajó en uno de los equipos de investigación de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (2014-2019). Antes de eso, trabajó como asesora legal, tanto en organizaciones no gubernamentales, como REDRESS (2009) y las Iniciativas de las mujeres para la justicia de género (2013/2014), y en la Misión de la OSCE en Bosnia y Herzegovina (2009-2013) Ha consultado para varias organizaciones, incluidas UNICEF-IRC, ONU Mujeres, ICTJ, la Sección de Género de la OSCE, y varias veces para Justicia Respuesta Rápida. En esta calidad, recientemente ha capacitado y asesorado a profesionales del derecho en jurisdicciones nacionales como Guatemala y Colombia (2017 y 2019). La Sra. Valiñas posee una licenciatura en Derecho de la Universidad de Oporto y una Maestría en Derechos Humanos y Democratización (E.MA). También ha sido investigadora académica en la Universidad de Lovaina sobre justicia transicional (2004-2008).
Con recopilación de ONG Caleidoscopio Humano
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