Por María Alejandra Silva/Caleidoscopio Humano
(22-04-2023) El Día Internacional de la Madre Tierra se conmemora cada 22 de abril desde el año 1970, con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales y fue en 2009 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el día como una fecha oficial.
En el marco de esta fecha, la ONU resalta que el cambio climático es uno de los desafíos principales que enfrenta la humanidad en este siglo XXI, debido a que sus principales manifestaciones tienen repercusiones en la biología, economía y en la sociedad.
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En 2022 el gobierno de Nicolás Maduro aseguró su compromiso con la preservación de los ecosistemas frente a la crisis ambiental y climática que aqueja al mundo, ratificándolo con su presencia en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), en Egipto realizada a inicios de 2023.
Sin embargo, esta declaración se muestra alejada de la situación ambiental en Venezuela y así se demuestra con las denuncias de diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en donde señalan la insistencia en la defensa de las áreas protegidas, las construcciones ilegales en crecimiento y el desplazamiento de los pueblos indígenas.
En una investigación realizada por el portal de noticias Runrunes y el Correo del Orinoco explicaron que durante la pandemia del COVID-19 subió el pico de la devastación en los municipios mineros del estado Bolívar, al sur del país.
“En 2020, se registró la mayor pérdida de cobertura arbórea en el estado Bolívar en las últimas dos décadas debido a la expansión de la minería. Ríos contaminados con mercurio y desechos tóxicos provenientes de las plantas cianuradoras y molinos evidencian que la demarcación de usos dentro de las áreas protegidas y las políticas públicas para mitigar el impacto ambiental son letra muerta”.
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La organización venezolana sin fines de lucro Clima21 publicó una investigación registró 199 derrames de crudo entre 2016 a 2021, señalando en su informe “una creciente desinformación” sobre el tema y la sospecha de que “la frecuencia de estos accidentes parece seguir incrementando en los últimos años (…) Esta situación indica que el Estado venezolano está desconociendo sus obligaciones derivadas del marco internacional de los derechos humanos, así como de las leyes nacionales y los acuerdos y compromisos internacionales en materia de gestión y conservación ambiental”.
La pérdida de bosques naturales en el país también es otro problema preocupante y así lo muestran las estadísticas de Global Forest Watch, que expusieron que entre 2002 y 2021, Venezuela perdió 556 000 hectáreas de bosque primario húmedo, que equivale al 26 % de la cobertura arbórea que perdió en ese mismo periodo de tiempo con respecto a datos anteriores.
Por otra parte, el Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP) denunció en su informe publicado en el año 2022 que durante el 2021 en el Parque Nacional Cerro Yapacana, en Amazonas, trabajaron al menos 2000 mineros, lo que contribuyó a la deforestación de 2227 hectáreas, según el informe. En el Parque Nacional Canaima se deforestaron 1000 hectáreas para la minería.
La falta de políticas públicas y responsabilidad ambiental por parte del Estado venezolano ha causado también el desplazamiento de pueblos indígenas. El director general del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (GRIAM), Luis Betancourt, informó el pasado mes de marzo que el pueblo indígena yanomami está siendo desplazado forzadamente de su territorio ancestral debido a la minería ilegal que se extiende hasta el estado Amazonas.
“Cuando hablamos de minería ilegal estamos hablando de la invasión de grupos vinculados a este negocio y eso, a su vez, significa desplazamiento de comunidades que tenían cientos de años en esos sectores, como por ejemplo el pueblo indígena yanomami que tiene aproximadamente 30 mil años de existencia en la región”, expresó Betancourt.
Los hechos registrados por las diversas ONG revelan que el Estado venezolano vulnera de forma constante los derechos ambientales de los venezolanos, esto en medio de la crisis mundial por el cambio climático y sin ningún plan verdadero que pueda cambiar la situación en el país.
