María Alejandra Silva/Caleidoscopio Humano
(29-07-2022) Un informe emitido en 2020 por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) denunció que algunas minas de oro, diamantes y bauxita en la Amazonía venezolana están mayormente controladas por organizaciones criminales que explotan, golpean e incluso asesinan a trabajadores, además contaminan con mercurio las aguas cercanas a las zonas de explotación.
La agencia para la defensa de los Derechos Humanos dijo que entre los trabajadores mineros hay niños y que la ausencia de contratos laborales los dejan expuestos a contaminación por mercurio y malaria.
Desde 2016, un decreto presidencial declaró el Arco Minero del Orinoco como objeto de desarrollo estratégico nacional, que permite la explotación de riquezas minerales en 111.843 kilómetros cuadrados al sur del país, justo en la región donde más parques nacionales y reservorios ambientales existen en Venezuela.
Las mismas comunidades aledañas al río Caura, en el estado Bolívar, solicitaron a diversas organizaciones el estudio por contaminación de mercurio en las personas que ahí habitan. El resultado fue que la concentración de este químico en las personas es muy superior a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se considera como peligroso.
En 2012, antes del Arco Minero, Fundación La Salle y la UDO encontraron que 92 % de las mujeres yekuana y sanema tenían una exposición al mercurio muy superior al límite recomendado por la OMS, y 36,8 % podían tener hijos con desórdenes neurológicos.
Contaminación a través de los alimentos y las aguas
El biólogo Alejandro Álvarez Iragorry señala que el metilmercurio se forma en un proceso químico que se da en bacterias presentes en el río, donde el mercurio metálico se transforma en metilmercurio. Luego, pequeños organismos consumen esas bacterias contaminadas, y a su vez son comidos por pequeños peces, y estos por otros peces más grandes, detalla Crónica Uno.
Las personas al consumir esos peces, consumen niveles muy altos de mercurio”, advierte.
Incluso, si una mujer está embarazada, el mercurio pasa a través de la placenta y afecta al feto en formación, cuyo efecto principal será daño en el desarrollo del sistema cerebral.
De acuerdo con un artículo de Alejandro Álvarez Iragorry, publicado por Provea, “en un estudio realizado en 20 sectores de El Callao, hasta 60 % de las personas analizadas tenían altos niveles de este metal en sus cuerpos. Esta situación no es exclusiva de los habitantes de esa localidad. Se han medido elevadas concentraciones de mercurio en trabajadores de las minas situadas al sur de El Callao, así como en la cuenca del río Caroní”.
Según un trabajo del portal Prodavinci los niños indígenas se bañan en los pozos azulados por los químicos en donde, durante meses, los mineros han extraído minerales como el oro.
“La coloración es producto de contaminantes (metales pesados -entre ellos mercurio-, gasolina y aceite) y el proceso de quimiosíntesis de las bacterias que los aprovechan. Los niños se tiran de clavado y tragan agua. A largo plazo, las altas concentraciones en su organismo pueden afectar su desarrollo. Pero nadie les ha alertado”, se lee en la investigación publicada en 2020.
La minería ilegal y la violación a los DDHH y los DESCA
El ingeniero forestal Gustavo Uzcátegui Rosales, Msc y profesor agregado de la Universidad de Los Andes núcleo Táchira, alertó que el uso de mercurio en el Arco Minero del Orinoco (AMO) y las mangueras con alta presión de agua para la extracción, genera “graves daños, pues además de dejar el suelo completamente estéril, la biodiversidad está siendo arrasada, por lo que es muy difícil que estas zonas se logren recuperar de manera natural”.
Según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la actividad minera estaría causando un impacto más allá del medioambiental, denunciando lo que califica como “graves abusos de los derechos humanos asociados con la extracción, transporte o comercio de minerales, como las peores formas de trabajo infantil, trabajo forzoso, tratos degradantes, tortura y violencia sexual generalizada”.
La ACNUDH hace algunos días llamó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a regularizar las actividades mineras y garantizar que estas se realicen bajo los estándares internacionales y ambientales.
Recientemente, las ONG Todos por el Futuro y Clima 21–Ambiente y Derechos Humanos establecieron una alianza estratégica para desarrollar e implementar programas educativos. Estos se orientan a comunidades afectadas por la contaminación por mercurio en el contexto del extractivismo minero, explicó el portal Crónica Uno.
