María Alejandra Silva / Caleidoscopio Humano
Representantes de gremios y sindicatos del sector público convocaron a una movilización nacional el próximo jueves 9 de noviembre para reclamarle al gobierno de Nicolás Maduro la continua devaluación del salario y las pensiones, que generan un mísero pago de aguinaldos.
“Vamos a ir a la calle el día jueves a movilizar toda nuestra estructura nacional desde Caracas. Por una pensión digna, por unos salarios justos para los trabajadores. Los pensionados estamos viviendo de la caridad de otros y no es posible que sigamos así”, aseguró Emilio Lozada, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela.
Los líderes sindicales informaron que la movilización está programada para realizarse en 18 estados del país y participarán trabajadores del sector educación básica y universitaria, salud, servicios públicos, entre otros.
Por su parte, Deyanira Romero, representante de la Federación de Trabajadores Universitarios expresó que “queremos seguir haciéndole ver al Gobierno la necesidad que tenemos los trabajadores de tener un salario digno y poder cubrir con nuestra alimentación y las necesidades básicas”.
Los trabajadores denunciaron que los beneficios labores como las prestaciones sociales, HCM, bonos de alimentación, recreación, y uniformes, así como sus utilidades anuales y becas escolares han sido eliminados en los últimos años, siendo esto una grave vulneración sus derechos económicos y sociales. Añadiendo también que catalogan estas acciones del Estado como un “genocidio” hacia las bases trabajadoras del país.
Por último, los sindicalistas exigieron nuevamente la liberación de los más de 150 trabajadores detenidos por denunciar las precariedades en las que laboran, pedir el respeto a sus derechos laborales y participar en diversas manifestaciones pacíficas.
“Tenemos el caso de Jhon Alvarez, estudiante universitario e hijo de un trabajador, que por apoyar las protestas hoy se encuentra detenido injustamente y así tenemos cualquier cantidad de casos y los que lograr salir libres tienen la limitación de declarar, otros han tenido que irse por lo aterrorizados que salen de las cárceles. Estamos ante un Gobierno que no reconoce y no quiere respetar el Estado de Derecho”, concluyó Romero.
