18/08/2023. OVVLGBTIQ+ – Las personas LGBTIQ+ privadas de libertad se enfrentan a situaciones violentas en las cárceles, lo que afecta su integridad física y mental. Durante el 187° de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se indicó que hay al menos 191 personas LGBTIQ+ recluidas hasta 2019
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció las condiciones en las que se encuentran las personas LGBTIQ+ privadas de libertad en el país durante el periodo 187° de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se llevó a cabo vía virtual en el mes de julio de 2023.
De acuerdo con Carolina Girón, coordinadora del OVP, no existe data pública oficial que determine cuántas personas LGBTIQ+ privadas de libertad hay. Organizaciones estimaron que hasta 2019 había al menos 191 personas LGBTIQ+ detenidas en las cárceles.
“En Venezuela, la población privada de libertad padece los estragos de un sistema penitenciario en ruinas, producto de un abandono sostenido y una crisis estructural fortalecida en el tiempo, expuesta a peligros inminentes contra la vida y la integridad personal”, señaló Girón.
Según denuncia el OVP, Venezuela no ha promulgado leyes que reconozcan los derechos de las personas LGBTIQ+, como ley de identidad de género o matrimonio igualitario, aun cuando la constitución establece los principios de igualdad y no discriminación y reconoce la progresividad de los derechos humanos.
Foto: OVP / Cortesía.
Así es la situación de las personas LGBTIQ+ privadas de libertad en Venezuela
En el Código Orgánico Penitenciario no hay ninguna disposición que haga alusión a las personas LGBTIQ+ privadas de libertad. La mayoría son detenidas en centros de reclusión en centros de hombres o mujeres, según el género que esté registrado en el documento de identidad.
“El temor fundado a ser objeto de violencia les obliga a ocultar su orientación, identidad y expresión de género, lo que ha promovido la invisibilización, discriminación y afectación a su salud física y mental”, agregó Girón, quien destacó que el 48 % de las cárceles está controlada por presos y no por las autoridades del Estado.
La ONG, que desde el 2002 se han mantenido defendiendo los derechos humanos y la dignidad personal de las personas de las personas privadas de libertad, indicó que hasta 2022 hay una población reclusa de 33.558 personas, con una capacidad real instalada de 20.438 personas, lo que refleja un hacinamiento en riesgo crítico de 164.19 %.
De los 52 centros carcelarios solo 45 se encuentran operativos. La mayoría de los detenidos están identificados como hombres (30.998 personas) y el resto como mujeres (2.560 personas). El OVP indicó que existen graves deficiencias para garantizar el derecho a la salud, alimentación y agua potable.
También hay graves deficiencias en garantizar contacto con el mundo exterior en la población de reclusos, hay deficiencias en la capacitación del personal, ausencia de programas de reinserción social y abundan actos de corrupción que van de la mano de funcionarios y de personas detenidas.
Foto: cortesía / archivo.
La tuberculosis y desnutrición abundan en las cárceles venezolanas
La organización indicó a la CIDH que el Estado no cumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos de las personas LGBTIQ+ privadas de libertad. La ingesta calórica es insuficiente en la comida que se da a los detenidos y la situación es crítica en el caso de la población LGBTIQ+.
Son los familiares quienes les llevan los alimentos y en los casos de las personas LGBTIQ+, enfrentan otra serie de barreras que le impiden alimentarse adecuadamente al no tener comunicación con familiares por motivos de discriminación.
La tuberculosis y desnutrición es la primera causa de muerte en las cárceles. En las cárceles también está presente la neumonía, hepatitis, enfermedades de la piel, cardiovasculares y gastrointestinales son las condiciones de salud más comunes. “El abandono de sus seres queridos imposibilita el acceso a la atención médica”, señala Gabriela Buada sobre las personas LGBTIQ+ detenidas.
Foto: cortesía / archivo.
La situación de las personas trans y con VIH
Las personas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) son discriminados y vulnerados por los reclusos y funcionarios quienes los discriminan, excluyen de espacios y atacan con comentarios despectivos. Elementos como copas menstruales, toallas sanitarias, preservativos no se encuentran disponibles en prisión, que los expone a enfermedades de transmisión sexual.
“Para las personas trans que están en un proceso hormonal resulta imposible continuar con el mismo ya que las hormonas no son garantizadas como cualquier otro medicamento para preservar su vida. Son los familiares quienes brindan los medicamentos a través de una autorización”, continuó Gabriela.
Las personas LGBTIQ+ sufren los estragos de condiciones hostiles y violaciones sistemáticas a diario, según pudo documentar el OVP. Su día a día es un acto de supervivencia, por lo que suelen sufrir de padecimientos en su salud mental como depresión, estrés y otros.
“Los actos de tortura padecidos por las personas LGBTIQ+ privadas de libertad se expone desde dos puntos de vista. La violencia intracarcelaria se ha evidenciado mediante el uso de armas de guerra como fusiles o granadas. Esta situación desencadena el empoderamiento de los pranes quienes determinan las reglas en las cárceles”, indica el OVP y subraya que el pranato está a cargo de hombres que tienen comportamientos homofóbicos y transfóbicos.
Foto: cortesía / archivo.
Otras limitaciones de las personas LGBTIQ+ privadas de libertad
Las personas LGBTIQ+ privadas de libertad son obligadas a encargarse de la limpieza y son encerradas en las peores celdas por orden de los pranes. Otros exigen cuotas monetarias para poder recibir alimentación o visitas. También son excluidos de actividades recreativas.
“No hay áreas que atiendan las necesidades específicas de la población reclusa LGBTIQ+. No participan en las decisiones relativas a su lugar de detención ni se les proporciona celdas o espacios de alojamiento separado”, agrega el OVP y destaca que las personas de esta población puede sufrir tortura si un funcionario se entera que es homosexual o trans.
Otras limitaciones documentadas por el OVP incluyen el impedir las visitas de parejas LGBTIQ+, se exigen altas sumas monetarias para solicitar visitas íntimas. La organización exhortó al Estado a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos para las personas LGBTIQ+ privadas de libertad y a atender de manera diferenciada sus necesidades.
“Ante esta terrible situación que vive la población penitenciaria venezolana y las graves violaciones de derechos que sufren las personas LGBTIQ+ privadas de libertad, nosotros solicitamos a la CIDH que se inste al gobierno de Nicolás Maduro a cumplir con los estándares internacionales en materia penitenciaria y lo establecido en la legislación a fin de garantizar a las personas las condiciones dignas y los derechos humanos”, concluyó Carolina Girón.
Puedes conocer más sobre las situación de las personas LGBTIQ+ privadas de libertad aquí.
