Los DESCA, derechos civiles y políticos y la crisis institucional continúan siendo las principales exigencias
Caleidoscopio Humano: María Alejandra Silva y Gabriela Buada Blondell
En la última semana diversas ONG, gremios sindicales, activistas y defensores de derechos humanos se han movilizado en Caracas para exigir respuestas al sistema de Justicia ante las constantes vulneraciones de los derechos de los venezolanos. Desde Caleidoscopio Humano observamos con preocupación como el descontento crece en medio de la mirada distante de las autoridades del Estado.
Resumen:
El pasado lunes los familiares de los seis trabajadores sindicales Gabriel Blanco, (Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Emilio Negrín) condenados a 16 años de cárcel protestaron ante la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) para exigir libertad y justicia. Durante la manifestación Yorbelis Oropeza, esposa del sindicalista Alcides Bracho, aseguró que el fiscal Tarek William Saab sabe que su esposo es sindicalista. «Tú sabes que los derechos humanos son relacionados con la condición y no se lo puedes negar a mi esposo. Los venezolanos merecemos un trato digno que tú nos has negado».
Por su parte, Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), quien aseguró que “se está cumpliendo el inicio de un proceso de hostigamiento y conflictividad que habíamos advertido desde las organizaciones. El Gobierno intenta criminalizar y desprestigiar a los sindicalistas para intentar legitimar esta decisión”.
Tras la detención y criminalización de 33 hombres en Valencia, activistas y ONG defensoras de los derechos LGBTIQ+ realizaron el miércoles una protesta simbólica en la plaza La Candelaria de Caracas para exigir al Estado venezolano el sobreseimiento del caso y la libertad plena para todos los involucrados.
Yendri Velázquez, coordinador del Observatorio de Violencias LGBTIQ+ denunció que estos hechos demuestran una escala en el proceso de criminalización a las personas por su identidad de género, orientación sexual y expresión de género, asegurando que esto “es una injusta violación a los derechos fundamentales de las personas”. El activista también informó que este el quinto allanamiento en Venezuela a un establecimiento LGBTIQ+ registrado desde el año 2021.
El miércoles también los trabajadores activos y jubilados del sector público se movilizaron en las calles del centro de Caracas para continuar con la exigencia de mejoras salariales y reivindicaciones laborales. Los trabajadores están pidiendo al Gobierno de Nicolás Maduro el pago de deuda de uniformes para el personal de salud, pago de cestatickets para los jubilados del personal docente, así como un aumento salarial. Actualmente el salario mínimo en Venezuela se mantiene en 130 bolívares, monto que los trabajadores perciben desde marzo de 2022.
La mañana del viernes representantes de la Coalición Sindical protestaron frente a la puerta Tamanaco de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para exigirle a la comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a exhortar la liberación de los seis dirigentes sindicales sentenciados a 16 años de cárcel, esto tras las recientes reuniones mantenidas por la OIT en Venezuela. Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical, informó que entregarán un documento para pedir la renuncia del Fiscal general, Tarek William Saab, por las constantes violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, jubilados y dirigentes sindicales venezolanos.
Las vulneraciones a los derechos sociales y económicos de los venezolanos siguen siendo registradas y denunciadas por los diferentes movimientos de sociedad civil organizada. La crisis institucional nuevamente opera de manera diferenciada contra quienes protestan o se niegan a vivir una burbuja que cada vez explota rápidamente en medio de un año preelectoral.
