Los estudiantes universitarios pierden cada vez más derechos

23/11/2022 Fuente: Crónica.Uno – Beneficios como becas, transporte, pasaje estudiantil, residencias, servicio de salud, bibliotecas pasaron a la historia. La asfixia presupuestaria, por parte del Ejecutivo nacional, mermó los derechos universitarios. Este lunes, 21 de noviembre, se conmemoró el Día Nacional del Estudiante Universitario en medio de precariedades.


Caracas. Quiero seguir con mis estudios, pero cómo hago. No puedo pagar una universidad privada. No tengo beca, no me alcanza el dinero para el pasaje, no tengo ni computadora.

La lista de no tengo y no me alcanza de René Díaz, de 19 años de edad, pica y se extiende. Ya intentó estudiar en un instituto universitario que le asignó el Consejo Nacional de Universidades (CNU) en los Altos Mirandinos, pero solo aguantó tres meses.

“Vivo en Coche, casi nunca llegué a tiempo a las clases. Caminaba desde mi casa hasta el kilómetro 0 de la carretera Panamericana para agarrar una camioneta (seis cuadras), esperaba que pasara y luego me iba parado todo el trayecto. Al llegar a Los Teques, caminaba otro largo trecho. Cuando llegaba estaba agotado, sudado. Siempre era una sola carrera así saliera de madrugada”.

Eso lo hacia de lunes a viernes. Cuando le tocaba ir un sábado para hacer algún trabajo en equipo, y lograba llegar, tenía el tiempo medido para quedarse. Después de las 2:00 p. m. no encontraba carro para regresarme. Además, eso implicaba que ese día no podía ir a trabajar. Y todo lo que podía ganar lo gastaba en puro pasaje, ni para la malta me quedaba.

La falta de dinero y las fallas del transporte público jugaron en su contra. René tuvo que dejar los estudios, aún trabaja y de nuevo espera por una nueva asignación del CNU.

La situación económica 

Ángel Andara, profesor de la Universidad de los Andes (ULA) e investigador para la región Andina de la organización Aula Abierta, sostuvo que el aspecto más determinante que influencia a los jóvenes para que no puedan continuar con sus estudios es la situación económica de sus familias.

Ahora no es posible costear una carrera, incluso en una universidad pública. Por eso abandonan y se van al campo laboral. En mis clases, en los últimos semestres tuve 44 estudiantes, alrededor de siete y ocho por sección antes de la pandemia. Luego de la pandemia, en los últimos tres semestres, había siete estudiantes y para el próximo solo voy a tener uno. Mi carrera es Ingeniería Geológica.

Andara agregó que el mayor número de estudiantes trabaja, llega tarde y se tiene que salir antes de la hora para cumplir con su turno laboral.

“Estoy viendo que ahora solo estudia el que puede pagar, son las personas con mayor poder adquisitivo, incluso los que pueden dar colaboraciones para el mantenimiento de la infraestructura universitaria. Aquí los estudiantes de Medicina, en el primer año, tuvieron que dar un aporte de 40 dólares para comprar el alcohol y el formol que se necesita en el laboratorio de Anatomía Patológica para la manipulación de los cadáveres”.

La ULA, destacó Andara, tenía una matrícula de 45.000 estudiantes y ya va por 18.000. “Es una realidad que se ve en todas las universidades autónomas, en Mérida, en Caracas, en Zulia.

René Díaz, quien estudiaba Fisioterapia, es un vivo ejemplo de la realidad actual y de lo que Andara registra en la región Andina. A 512,74 kilómetros de distancia, la vulnerabilidad y la pérdida de los derechos estudiantiles no tiene diferencias.

Las luchas perdidas

Este 21 de noviembre se conmemora el Día del Estudiante Universitario. Ese día, pero en 1957, los bachilleres de Caracas, en su lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y como protesta por el anunciado plebiscito que lo reelegiría como presidente de la República, se declararon en huelga.

Esa acción se extendió a otras instituciones. Por ejemplo, en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) los estudiantes quemaron la Ley Electoral, por fraudulenta; le echaron candela a un ejemplar del diario El Heraldo y a un retrato de Pérez Jiménez.

La huelga estudiantil inspiró una serie de comunicados que se repartieron en volantes. Pese a que la seguridad nacional tomó la Universidad Central de Venezuela (UCV), apresó a numerosos estudiantes y cerró los centros de educación superior, se vincula su éxito con la huida del dictador Marcos Pérez Jiménez, el 28 de enero de 1958. Desde entonces se conmemora cada 21 de noviembre el Día del Estudiante Universitario, como consta en el decreto publicado en Gaceta Oficial N° 25.818 del 21 de noviembre de 1958.

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Incluso, mucho antes de esa época, las universidades han sido permeadas por una serie de políticas públicas sistemáticas y reiteradas que resultan en mecanismos de control.

Se les ha violado la autonomía, se ha perseguido a los estudiantes que participan en espacios de discusión pública, se han impuesto de autoridades y en las dos últimas décadas se ha convertido en una política de Estado la asfixia presupuestaria, reflejada en la disminución desproporcionada e injustificada de los fondos aprobados para su funcionamiento.

Sin beneficios sube la deserción

Beneficios como becas, transporte, pasaje estudiantil, residencias, servicio de salud, bibliotecas pasaron a la historia en los centros autónomos, precisamente por el recorte presupuestario. Y en las universidades privadas la baja matrícula por los altos costos, también ha hecho que disminuyan las ayudas socioeconómicas.

En la Constitución de 1999, impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez, se reconoce la protección a la autonomía universitaria en el ámbito constitucional. Sin embargo, eso no ha sido garantía suficiente para la estabilidad de las universidades autónomas venezolanas.

Ha habido la pérdida de los beneficios estudiantiles prácticamente en su totalidad. Los bachilleres en estos momentos no pueden gozar de aquellos beneficios que sí disfrutamos muchos de nosotros, dijo Holaya Peña, investigadora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes.

Citó que las becas estudiantiles (en el caso de la ULA) dejaron de pagarlas en 2019, porque no llegaron los recursos que eran asignados a la Dirección de Asuntos Estudiantiles para becas estudio, preparadurías o becas trabajo.

En esa oportunidad la dirección anunció que se había desincorporado a 1900 alumnos de la lista, motivado al bajo monto, la migración forzada y la deserción de los muchachos que se iban al campo laboral para poder mantenerse ellos y a sus familias.

Para noviembre de 2019 el presupuesto que le asignaba el Ministerio popular para la Educación Superior a ese departamento era de 15 dólares.

Con ese aporte no se podían dar las ayudas. Luego, el 27 de mayo de 2022, quien era ministro (César Trompiz) anunció que las becas serían pagadas a través del sistema Patria, una medida discriminatoria que politiza el uso de las becas universitarias.

Las universidades autónomas llevan años consecutivos sin presupuesto. Para el 23

de octubre de 2021, el Gobierno solo ha enviado cerca del 10 % del presupuesto para el funcionamiento.

Foto: Armando Díaz

Presente y futuro comprometidos

El Estado viene aplicando sistemáticamente una política para desmembrar el sistema académico. Se sospecha que en la ULA (y digo sospecha porque la universidad no tiene una base de datos actualizada) hay una deserción de 40 a 60 %; tenemos en las aulas a más profesores jubilados que activos; los salones están vacíos. Aquí nos atracan, no existen los comedores, no tenemos pasaje preferencial; las becas no llegan a un dólar, dijo Angélica Ángel, activista y estudiante de tercer año de Ciencias Políticas.

Ulises Rojas, vicerrector académico de la Universidad de Carabobo (UC), indicó que durante el periodo 2019-2021 renunció 20 % de los docentes, de una nómina de 3.500. Señaló que solicitaron la jubilación inmediata cuando cumplieron 25 años de servicio.

También indicó que existe una deserción estudiantil de 50 %. En el 2018, la UC tenía inscritos en su matrícula 50.000 estudiantes y en 2021 solo quedan cerca de 25.000, distribuidos en las seis facultades.

Angélica, más allá de la vulnerabilidad que sufre como estudiante, además mostró preocupación porque el 40 % de las investigaciones académicas de la ULA están paradas. “No tenemos producciones científicas y eso dirá mucho del avance y del desarrollo del país. Por primera vez no entramos en el top de las 100 mejores universidades del mundo y eso es un impacto cultural tremendo”, expresó.

Los universitarios, como toda la comunidad estudiantil, gozaban del pasaje preferencial decretado el  26 de diciembre de 1991, como un beneficio para los estudiantes que utilizaban el transporte público urbano y suburbano en las modalidades de colectivos, por puesto y periférico.

A partir de 2016, en pleno desarrollo de la emergencia humanitaria compleja se derogó ese derecho, que en algunas regiones se pagaba a través de un ticket, de un carnet o en efectivo cuando el beneficiario mostraba el carnet de la institución.

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Pero no solo eso, las universidades autónomas también fueron retrocediendo con servicios como el transporte interno, el cual no solo cubría rutas urbanas, sino también periféricas. En el caso de la UCV había una para La Guaira y otra para Los Valles del Tuy, por ejemplo.  

A eso se le suma el cierre o lo deficitario de los comedores, que desde antes de la pandemia ya venía cojeando de una pata por la falta de insumos, de agua, luz y gas doméstico.

Situación que empeoraba en el interior del país. De hecho, Holaya Peña dijo que (en la ULA) llegaron a dar arroz con vegetales y granos durante mucho tiempo y que dejaron de ofrecer cenas, cuando antes garantizaban dos platos completos al día.

El 18 de abril de 2022 se presentaron en Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes (ULA), informes sobre deserción estudiantil y de personal universitario, así como sobre reincorporación a los espacios físicos en el periodo 2012-2021.

Según el primer informe, en un período de 10 años, en la ULA abandonaron sus estudios 29.326 estudiantes. 2021 fue el año con más alta deserción estudiantil 18,6%, mientras que en el año 2012 esta se ubicaba en 10,7 %.

Foto: Gleybert Asencio

No todo es color de rosa

Volteando la mirada a quien apostó por profesionalizarse en una universidad privada, las historias también revisten precariedad. Más allá de hacer el sacrificio de pagar una mensualidad, un trimestre o un semestre, está todo el desgaste psicológico y físico que esto genera para la familia.

Angélica Solá, estudiante de noveno semestre de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en Caracas, y consejera universitaria, describió que la situación es compleja en esa institución.

“Aunque cerca de 50 % de los estudiantes cuenta con apoyo económico, un semestre en la católica no baja de 1500 dólares y las becas costean entre 30 y 50 %. Es muy difícil para una familia asumir estos gastos”.

Contó que hay compañeros que le escriben sus problemas y que muchos se plantean: estudiar o trabajar. “Igual hay quienes dejan las carreras porque tienen que mantener a sus papás, porque -ante la precariedad del sistema de salud público- deben asumir el cuidado de un pariente”.

En la UCAB, comentó, hay 6900 estudiantes y no todos tienen carro para movilizarse, y la universidad no tiene convenios con empresas del transporte. Esto dificulta que muchos puedan llegar, en camioneta es como mínimo dos horas si alguien se traslada desde el este, por ejemplo. Si es en Metro es más tiempo. Llegan agotados, con desgaste físico y psicológico. Un estudiante que use rutas del transporte gasta cerca de 30 dólares al mes, a veces no tiene efectivo y no puede asistir.

A eso, sumó las fallas en la conectividad de Internet. “A veces no podemos cumplir con las tareas”, dijo Solá.

En la UCAB hay la particularidad de que los horarios no son estándares. “Podemos tener clases en la mañana y en la tarde. Así es muy difícil tener un trabajo y organizar los tiempos, pues pasa que (yo que vivo en Los Cortijos) tengo chance de agarrar una camioneta que vaya para el centro hasta las 6:30 a.m. Si me retraso haciendo el almuerzo o ayudando a llenar los potes de agua, pierdo esa buseta y tengo que agarrar otra por la vía, que va a tardar en su recorrido”, con Enrique Márquez.

De regreso es lo mismo, ya no hay directo por la hora. Si salgo a las 7:00 p. m. me toca agarrar como tres camionetas desde la universidad a mi casa, porque a esa hora cambian las rutas. Es desgastante esto, porque tengo que trabajar para pagar el alquiler y hacer todas las rutinas de la casa, añadió.

Para Andrea Segura, estudiante de Psicología, no es más fácil. Le toca caminar como a René Díaz, varias cuadras hasta la parada para agarrar la primera camioneta, otras para subirse a la segunda. “Nunca llego a las 7:00. Salgo a las 5:40 p. m. de mi cas y voy regresando casi a las 8:00 p. m. con toda la peligrosidad que eso trae”.

Si Andrea se queda una hora en la biblioteca o trabajando en equipo le pasa lo mismo que a Enrique: pierde la ruta que va directo del centro a su casa.

Eso es solo una punta del rosario de pena. Comer en la UCAB está negado para ella, quien lleva desayuno, almuerzo preparado en casa. “Si hay un día que no hay para llevar la comida completa prefiero quedarme y no ir a clases”.

Foto: Tairy Gamboa

Una crisis general

Ir a la Universidad Metropolitana (Unimet), en Terrazas del Ávila (Caracas), es más engorroso porque ya no hay transporte público que llegue al interior del campus. “No me inscribí este año, por el costo y cuando vi que no podía llegar en transporte público. Además, tengo que trabajar. Y el horario no me beneficia. Tengo que posponer mis planes, no es lo que quiero, pero es muy difícil, narró María Fernanda Tejera.  

Para la universidad Monte Ávila, en Boleíta Norte, tampoco es fácil el acceso. Pocas rutas del transporte público llevan hasta su sede, lo que la hace poco atractiva entre las opciones.

El panorama no pinta bien. Los beneficios, alcanzados en históricas luchas de calle, están bastante disminuidos: sin becas, sin comedores, sin transporte, sin servicios de salud, sin residencia estudiantiles, con fallas en los servicios (agua, gas e Internet). Además, los estudiantes se ven inmersos en una disyuntiva: estudiar o trabajar. Al final como dijo Angélica Ángel, el costo cultural y para la producción y desarrollo del país será enorme.

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