26/02/2023. Fuente: Cecodap
El término clave es “regularización”. Un nuevo proyecto de ley pone en jaque la actividad de las organizaciones civiles en Venezuela. El proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, presentado por el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello, fue aprobado en primera discusión este 24 de enero de 2023 por la Asamblea Nacional.
Uno de los puntos que más resaltan en la propuesta legislativa es el condicionamiento del reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones civiles y el requisito obligatorio de registro en un organismo de “defensa integral de la Nación”.
“Este es un nuevo intento de legislar todo lo que tiene que ver con organizaciones civiles no es nuevo”. Así se refirió Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap y secretario general de la Red de Defensa de los Derechos Humanos de los Niños Niñas y Adolescentes (REDHNNA), durante el Space de #ConversemosConCecodap, realizado este miércoles 25 de enero. Enfatizó que la propuesta de proyecto de ley busca criminalizar la cooperación internacional y restringir la operatividad de las organizaciones no gubernamentales.
“Lo podemos traducir como una reducción del espacio cívico, es complejo el panorama. El proyecto de ley es ambiguo, carece de precisión y, en los términos que está planteado, deja un gran margen de discrecionalidad. Es obligación de estado fomentar, promover y estimular la participación ciudadana, en sus distintas formas”, señaló.
¿Afecta a los niños, niñas y adolescentes?
El coordinador general de Cecodap explicó que el proyecto de ley podría atentar contra el principio de corresponsabilidad establecido en la Convención de los Derechos de los Niños, así como en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes.
“Supongamos que una ONG, que tiene programas de partición con niños y adolescentes, se queda sin fondos. ¿A dónde acuden esos niños? Y si esta organización tiene programas de apoyo psicosocial gratuito, esa población infantil puede quedarse sin recibir la atención que necesita, porque sabemos cuales son los retos que existen en Venezuela, en materia de atención a esta población”, sostuvo.
Enfatizó que muchas familias en Venezuela reciben el apoyo de organizaciones no gubernamentales, precisamente, por las fallas estructurales en materia de atención, no solo psicosocial, sino en salud, alimentación y judicial. “Se afecta a las personas, eso hay que tenerlo en cuenta, porque no se trata de que afectes a una organización sino a su público de beneficiarios. El reto es abrir más espacios, no cerrarlos”, detalló Trapani.
Agregó que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, desde su deber como corresponsable en la protección de los derechos. “Ese es el mandato que dicta la Lopnna”, dijo.
Detalles en la ley
El artículo 8 del proyecto de ley se denomina Del nacimiento de las Organizaciones No Gubernamentales y señala: “De conformidad con lo previsto en esta ley las Organizaciones No Gubernamentales, independientemente de su forma, nacerán mediante el cumplimiento de todas las formalidades establecidas en el Código Civil, en esta legislación especial y sus reglamentos. Por lo cual, no se tendrá en cuenta como existente ninguna organización que no haya sido registrada, y, el ejercicio fuera de esta previsión será sancionado de conformidad con la presente ley”.
Llaman la atención dos aspectos de la disposición:
1) Se menciona el nacimiento de las ONG en tiempo verbal futuro (nacerán).
2) Las formalidades a cumplir están enunciadas como una concurrencia de requisitos establecidos en tres instrumentos normativos: el Código Civil, en la legislación especial y en sus reglamentos.
Pareciera que la personalidad jurídica lograda por las organizaciones existentes, de acuerdo con el Código Civil, no es suficiente; de modo que todas tendrán que formalizar el registro establecido en el proyecto de ley. Allí es donde cobra sentido, el término “regularización”, que forma parte de la denominación oficial del referido instrumento legal.
Además, el numeral 4 del artículo 14, indica una de las obligaciones impuestas a todas las personas venezolanas o extranjeras, naturales o jurídicas, que se desarrollen en actividades compatibles con lo previsto en esta ley: “registrarse y actualizar sus datos en el Registro para la Defensa Integral de conformidad con la ley que rige la materia”. El verbo “actualizar” emerge como otra pista sobre el alcance de la propuesta normativa del oficialismo.
Comparación entre proyectos
En 2021, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, comenzó a debatir el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, en el cual se buscaba regularizar el financiamiento de entes internacionales para las organizaciones no gubernamentales. Desde 2005 se han impulsado diferentes mecanismos para controlar la actividad de la sociedad civil. Este de 2023 sería el cuarto intento.
Entre el proyecto de 2021 y la ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines existen similitudes evidentes que dan luces sobre la intención del gobierno de Nicolás Maduro para limitar las funciones de las ONG.
- El propósito específico del proyecto 2023 es “regularizar” la actuación de las ONG existentes y las que puedan crearse. Mientras que, en el proyecto de 2021, se intenta establecer normas generales para regular las relaciones de cooperación entre Venezuela y otros Estados, y entre otros Estados y personas naturales o jurídicas en Venezuela.
- La propuesta de ley sancionada en primera discusión en enero de 2023 adquiere carácter punitivo en forma expresa, a través de multas para las ONG, que varían de 50 a 200 petros. En la anterorior esto no estaba contemplado.
- En el proyecto de 2023, se incorpora la regularización de las actividades de las ONG en el entorno digital, como por ejemplo las que pudieran realizar venezolanos y venezolanas en el exterior.
- En el proyecto 2021, las normas se aplicarían a actividades con fines de lucro; mientras que en el proyecto 2023, se circunscriben a actividades sin fines de lucro.
- Mientras que en el intento legislativo de 2021 no se mencionó expresamente los derechos de libre asociación y participación; en este cuerpo legal sí se expone, pero sin los estándares internacionales que establecen que la cooperación internacional en sí misma es un derecho humano.
- Para el proyecto de 2023, a simple vista, desaparece la pretensión del gobierno de monopolizar la administración y distribución de los recursos provenientes de la cooperación internacional. Intriga la vinculación de la regularización de las ONG a un registro tradicionalmente asociado a la incorporación de personas a las Fuerzas Armadas Nacionales.
- Además, en la nueva propuesta de ley, se añade la personalidad jurídica y el registro obligatorio de las ONG. Pero, será decisión del poder Ejecutivo si las ONG pueden seguir actuando dentro del país, debido a una habilitación concedida por el gobierno venezolano.
