El gobierno venezolano vulnera constantemente la dignidad de las mujeres y, a pesar de pregonar ser «feminista», no garantiza los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) de millones de mujeres
(27-11-2024) En Venezuela no se puede hablar de protección a las mujeres cuando es el mismo Estado quien no les garantiza siquiera los derechos básicos, y mucho menos vela porque la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se cumpla, o por educar a los funcionarios para hacerla cumplir.
Y es que unos servicios públicos deficientes son una barrera que limita el crecimiento y desarrollo pleno de las mujeres venezolanas. Cuando cientos de mujeres deben, a diario, acarrear agua para poder realizar las tareas del hogar o cuyos horarios laborales deben ajustarse a cuando llega el agua y cuando no, no podemos hablar de un Estado protector.
Mujeres como Carmen Castillo, residente de Simón Rodríguez, en Caracas, quien solo recibe agua por tubería una vez a la semana y por un lapso de un día y medio; son mujeres maltratadas, aunque el moretón no sea visible en el cuerpo.
Durante el fin de semana —en sus «días libres»—, Carmen debe dedicarse a lavar, limpiar, hacer todas las tareas del hogar y acarrear para poder abastecerse para el resto de los días que no cuenta con el servicio. El peso de acarrear no solo ha hecho estragos en su calidad de vida sino también en su salud, afectando su espalda.
«Es realmente agotador. Algunas veces el agua se va y no viene en 15 días; allí es peor porque no tengo tanque de agua y me toca cargar tobos desde llenaderos cercanos. Es un trabajo pesado porque son varios viajes. Es inhumano vivir sin agua», dijo.
Pero el agua no es el único servicio con el que el Estado castiga y vulnera los derechos de las mujeres. Sucede lo mismo con el servicio eléctrico, el internet y el transporte público que, además de precario y peligroso, es un golpe al bolsillo de las trabajadoras.
La carencia de servicios básicos, energía limpia, servicios de salud reproductiva, educación de calidad y un ambiente sano limita el acceso de las mujeres a oportunidades económicas y aumenta su carga de trabajo no remunerado. Esto pone en riesgo su salud y bienestar.
Aunque no lo parezca, una mujer que por un corte de electricidad pierde la comida o los artefactos que —con esfuerzo— compró con un salario precario, es una mujer maltratada; una mujer que tiene que cocinar a leña porque no encuentra en donde comprar gas, es una mujer maltratada; o una mujer que debe faltar a su trabajo, o dejar a sus hijos solos durmiendo, para ir a retirar la bolsa Clap —en horarios absurdos—, es una mujer maltratada.
Si bien el feminismo pregonado desde una oficina es muy bonito y aunque Nicolás Maduro ha insistido en resaltar «el papel protagónico que tiene la mujer en Venezuela y para la revolución», la realidad no nos muestra sino un profundo desprecio a las mujeres venezolanas.
Mujeres privadas de libertad no escapan de la violencia que emana del aparato represivo del Estado
La crisis del sistema penitenciario en Venezuela y el declive de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) han impactado de manera diferenciada a las mujeres y adolescentes privadas de libertad por motivos políticos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha venido denunciando las condiciones de precariedad que viven las mujeres y adolescentes detenidas en las protestas poselectorales, indicando que estas se encuentran hacinadas en pequeñas celdas y les impiden acceder a servicios básicos como agua o electricidad, garantías que son obligación del Estado con base en lo establecido en la Constitución venezolana en su artículo 112.
De acuerdo con el OVP, las mujeres detenidas en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas «La Crisálida», situado en el estado Miranda, estarían siendo recluidas en celdas integradas por 10 personas, donde se les suministra un balde de agua para que todas puedan sufragar sus necesidades básicas y de aseo personal.
Se les impide gestionar de forma segura su higiene personal, siendo obligadas a vivir pobreza menstrual; de hecho, este factor biológico es utilizado por parte de los cuerpos de seguridad del Estado como arma de hostigamiento al ser víctimas de burlas crueles, por el hecho de estar manchadas por la menstruación.
A esto se le suma que en el momento en que fueron privadas de libertad, no fueron clasificadas por su género o edad, siendo recluidas en celdas compartidas con hombres, aumentando los riesgos de sufrir violencia basada en género; además, no existe una distinción de delitos, es decir, se encuentran compartiendo celda con personas a las que se les ha imputado delitos graves.
Pero la violencia en estos casos no se limita únicamente a la violación de derechos Desca, sino que existen otros mecanismos, como lo es el terror psicológico, a través de amenazas de ser objeto de violencia sexual, muchas de las cuales se materializan.
Es importante destacar que los horrores de ser una mujer privada de libertad por ejercer sus derechos políticos en Venezuela no solo limitan aún más el espacio cívico, sino que, en consecuencia, profundizan la desigualdad y violencia de género.
Mujeres sin derecho a la salud
Un Estado que no es capaz de garantizar la atención médica oportuna, adecuada y gratuita a mujeres —cuyos ingresos no les permiten acceder a la medicina privada ni para realizarse exámenes de rutina— es un Estado maltratador.
Wendy Galindo, administradora de 45 años, se dedica a vender comida, perfumes, carteras, entre otros artículos; además de trabajar como asistente desde su casa para poder sobrevivir. Recibe ayuda de su hijo para los gastos de la casa; sin embargo, el dinero no le alcanza para atender su salud.
«Hace un mes me realicé la mamografía, densitometría y citología; gasté más de 100 dólares en todo, pero para eso estuve reuniendo unos meses de poquito en poquito porque la prioridad siempre es la comida y los gastos de la casa, pero el dinero no alcanza. ¿Qué más?, tengo que hacerlo, es mi salud, y en el hospital esperar una cita es un calvario. Ahora estoy comenzando a reunir otra vez porque debe verme el gastroenterólogo, a ver cuándo puedo ir», expresó.
«No es justo vivir así, asustado, rezando porque no te pase nada, por no tener ninguna emergencia de salud, porque no tienes para ir a una clínica y los hospitales están colapsados y sin insumos», añadió.
Como Galindo, muchas mujeres venezolanas se ven obligadas a postergar su salud y necesidades mínimas para poder alimentarse y cubrir los gastos del hogar.
La ley, sin correcta aplicación y sin educación preventiva, es letra muerta
Es necesario recordar que, por muchas campañas mediáticas o intentos por parecer defensores y garantes de la vida de las mujeres, un gobierno que no desarrolla políticas enfocadas en la prevención de la violencia basada en género no está trabajando realmente en el tema.
Sancionar leyes está bien, pero si no se realizan campañas de sensibilización y no se educa sobre violencia machista, ni a la población, ni a los funcionarios de los organismos receptores de denuncias, estas quedan solamente en papel.
Ocultar las cifras invisibiliza el delito, pero no lo evita. Entre enero y octubre del 2024, 99 mujeres venezolanas fueron asesinadas dentro del país, de acuerdo con el monitoreo realizado por Caleidoscopio Humano, ante la opacidad informativa de los organismos con competencia.
La ausencia de registros oficiales impide que se visibilice la violencia a la que se encuentran sometidas muchas mujeres, adolescentes y niñas, y sobre todo la doble discriminación con la que viven las mujeres trans, en un país que se niega a reconocerles sus derechos.
Esta invisibilización dificulta la creación de políticas públicas y protocolos que salvaguarden a todas las mujeres; es por ello que una vida libre de violencia, física e institucional, sigue siendo una de las tantas promesas pendientes, una deuda más del Estado con las mujeres venezolanas.
