(04-07-2022). Si bien el gobierno ha intentado demostrar avances y cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y sus procedimientos, la realidad sigue siendo que no ha implementado las recomendaciones formuladas por numerosos mecanismos de derechos humanos. Por ejemplo, durante su Examen Periódico Universal de 2016, muchos Estados recomendaron que Venezuela permitiera genuinamente la expresión de disenso, liberara a las personas detenidas de forma arbitraria, contrarrestara los abusos de las fuerzas de seguridad y fortaleciera la independencia judicial. No se ha implementado ninguna de estas recomendaciones.
En cambio, el gobierno de Nicolás Maduro ha continuado la arremetida contra opositores , sin que existan medidas de justicia genuinas para las víctimas en Venezuela. Las autoridades hostigan y persiguen penalmente a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para responder a la emergencia humanitaria y de derechos humanos que existe en el país, la cual ha privado a millones de venezolanos de atención de salud básica y nutrición adecuada. Más de 6 millones de venezolanos han huido del país, generando la mayor crisis migratoria en América Latina.
El resultado del EPU debería ser una guía para establecer una agenda de derechos humanos que sirva de parámetro durante las negociaciones entre representantes del gobierno de Maduro y la oposición, a fin de restablecer el Estado de derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales en Venezuela, lo que incluye, entre otras medidas:
- poner fin a la censura y la represión contra opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos;
- liberar a todos los presos políticos;
- reformar la Policía Nacional Bolivariana y disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES);
- implementar una reforma profunda del poder judicial;
- investigar violaciones de derechos humanos, incluyendo en niveles superiores de la cadena de mando;
- permitir que ingrese ayuda humanitaria apolítica al país; y
- asegurar las condiciones para llevar a cabo elecciones libres e imparciales.
Instamos a los Estados Miembros a ejercer presión sobre las autoridades venezolanas para implementar las recomendaciones del EPU y asegurar que la emergencia humanitaria y de derechos humanos en Venezuela sea el eje central de toda negociación política.
