Mientras que en otros países las ONG -sin perder su autonomía- trabajan de la mano con el Estado para atender a los más vulnerables, en Venezuela el Estado criminaliza el trabajo que se realiza desde la sociedad civil
Emmanuel Rivas/Caleidoscopio Humano
(27-02-2022) En el año 2009, el estudiante universitario Marcis Liors Skadmanis (Letonia), mientras cursaba una Maestría en Derecho Internacional y legislación de ONG, dio el primer paso para establecer el Día de las ONG.
Luego, el 17 de abril en el 2010, durante el IX Foro de ONG del Mar Báltico en la Octava Cumbre de los Estados del Mar Báltico en Vilnius, Lituania, el día de las ONG fue reconocido y declarado de manera oficial.
En el ámbito internacional, fue establecido el 27 de febrero de 2014 por Helen Clark, Administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Helsinki, Finlandia.
Esta iniciativa surge dada la importancia de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), pues estas, resultan indispensables en la sociedad. Su activismo fortalece la democracia mientras cumplen labores sociales y humanitarias.
Un respiro en Venezuela
En Venezuela, las ONG representan un respiro para muchas personas quienes, en medio de la Emergencia Humanitaria Completa, requieren de asistencia, acompañamiento y apoyo.
La importancia de las ONG en el difícil contexto venezolano cada vez es mayor. Han asumido, en gran medida, las responsabilidades que el Estado venezolano ha abandonado.
El trabajo de las ONG en el país abarca desde asistencia legal y jurídica; la denuncia, documentación y difusión de vulneraciones a los derechos humanos, educación sexual, seguridad alimentaria, abastecimiento de agua potable, elevación de las violaciones de derechos humanos a instancias internacionales, entre otros.
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El activismo no es delito
En Venezuela, el Estado ha hostigado, perseguido y criminalizado el trabajo que realizan las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil organizada, pues, son estas las únicas entidades que aportan datos sobre la crisis de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) existente en el país.
La denuncia, documentación y difusión de las vulneraciones a los derechos humanos, hecha por ONG venezolanas, ha dejado al descubierto la crisis humanitaria que se vive desde el año 2015 en el país, provocando que organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) o la ACNUR, entre otros, se pronuncien de manera constante.
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Ante la falta de datos oficiales (desde 2014 el Estado no entrega cifras en materia de salud, educación o violencia basada en género), las ONG han emprendido el difícil camino de monitorear, documentar y mostrar cifras del complejo escenario venezolano.
Es el caso de la activista Susana Raffali, quien, desde su espacio de trabajo, muestra cifras de desnutrición infantil o de la organización civil Fundaredes, quienes, desde las fronteras de Venezuela, denuncian las irregularidades que se cometen en estas zonas vulnerables del país.
Son cientos y cientos de organizaciones que hoy hacen vida en Venezuela. Que luchan contra la censura, la persecución y el hostigamiento del Estado que, a toda costa, busca limitar su trabajo porque devela su falta de responsabilidad en promover y garantizar los derechos humanos.
Ejemplo de ello, es la Providencia 002-2021 que busca obstaculizar y criminalizar la cooperación financiera nacional e internacional hacia las ONG y, además, se corresponde a una violación al derecho de asociación de las personas.
Hoy en Venezuela hay activistas, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la sociedad civil encarcelados o con regímenes de presentación por denunciar o protestar en contra de las violaciones a las que son sometidas las personas en el país.
Basta recordar a Javier Tarazona, a Roland Carreño, a Vanessa Rosales, a Luis Carlos Diaz o a los activistas de la ONG Azul Positivo, todos privados de su libertad de forma arbitraria por su activismo y trabajo humanitario. Aunque muchos de ellos ya están libres, no se sienten seguros. El acoso, por parte del Estado, no cesa.
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Cada día, a través del canal oficial y de programas de radio o TV, se señala o inculpa a periodistas, defensores y activistas de los problemas que aquejan al país y que es deber del Estado resolver.
A pesar del difícil contexto en el que se desarrollan las ONG venezolanas, el trabajo de hormiguitas contribuye a disminuir las brechas de desigualdad, las injusticias y las necesidades de las personas.
Desde nuestra organización, que busca contribuir en la construcción de un periodismo humano, empático y no revictimizante, conmemoramos este día destacando que cada organización, por grande o pequeña que sea, contribuye en la construcción de una sociedad más justa y humana.
Aquí estamos y aquí seguiremos, apostando por Venezuela.
