Entre otros puntos, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por el cierre de medios de comunicación, la intimidación, la persecución y las detenciones arbitrarias contra periodistas
(03-11-2023) Venezuela fue evaluada, por quinta vez, por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La evaluación sobre las medidas implementadas para cumplir y progresar con las obligaciones de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), se realizó durante los días 10 y 11 de octubre.
Durante el encuentro entre expertos independientes y representantes del gobierno de Venezuela, encabezados por el canciller Yván Gil y el fiscal general, Tarek William Saab, la delegación venezolana debía responder a las interrogantes del Comité, que buscaban información sobre marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto, lucha contra la corrupción, estado de excepción, discriminación de personas LGBTIQ+, participación de la mujer en asuntos públicos, violencia de género, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, condiciones de detención, prisión preventiva, esclavitud y trata.
También recabaron información sobre acceso a documentos de identidad y de viaje, trato digno para las personas venezolanas retornadas, independencia del sistema de justicia, libertad de expresión, protección de periodistas y defensores de derechos humanos, reunión pacífica, restricciones a la libertad de asociación, documentación de los niños y niñas, participación política y la seguridad de los pueblos indígenas.
Con base en lo expresado por las autoridades venezolanas y a la información recabada por los expertos independientes, el organismo adjunto a la ONU entregó su informe de observaciones finales luego de examinar a Venezuela durante la sesión 139°.
El Comité empezó lamentando la falta de respuesta por parte del Estado venezolano, el cual se ampara en una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que menoscaba el carácter vinculante de los tratados internacionales relativos a derechos humanos.
En cuanto a la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el comité instó al Estado venezolano a adoptar todas las medidas necesarias para el seguimiento efectivo y la plena aplicación de los dictámenes del Comité a fin de resguardar los derechos humanos de la ciudadanía.
Otro punto que despertó interés en los expertos, fue el poco avance en materia de derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+, instando al Estado “a combatir todos los actos de discriminación y violencia contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales”, llamándolo a que los delitos motivados por la orientación sexual e identidad de género sean investigados “sin demora”.
Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, una de las principales recomendaciones del Comité se centra en la implementación de un protocolo con perspectiva de género para la investigación de los femicidios.
Las desapariciones forzadas y la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, siguen generando preocupación en los organismos internacionales, por lo cual, el Comité exhortó al Estado venezolano a erradicar toda forma de tortura del país y que se proteja a quienes denuncian este tipo de acciones que van en contra de la dignidad humana.
La libertad de expresión es otro aspecto que, de acuerdo a la evaluación del Comité de Derechos Humanos de la ONU, se sigue vulnerando en el país.
En este sentido, el Comité expresó su preocupación por el cierre de medios de comunicación, por la intimidación contra periodistas y medios de comunicación, la persecución, las detenciones arbitrarias contra periodistas y activistas; e instó al gobierno de Venezuela a poner fin al acoso, la intimidación y la violencia en contra de quienes buscan informar en un país donde la hegemonía comunicacional y la censura, forman parte de las políticas del Estado.
El Comité llamó a que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), sea un órgano imparcial e independiente; para así, “garantizar la transparencia en el marco de la aprobación y renovación de licencias, particularmente, de los operadores de medios radioeléctricos”.
Para leer y descargar el informe completo presentado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, aquí.
