La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela presentó, este 20 de septiembre, un nuevo informe sobre las violaciones de derechos humanos en el país
Emmanuel Rivas/Caleidoscopio Humano
(20-09-2023) En el marco del 54º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la organización de Naciones Unidas (ONU), la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM) presentó su 4to informe sobre Venezuela.
Este informe detalla como las deficiencias del sistema de justicia venezolano han sido determinantes en un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes del derecho internacional como parte de una política de Estado para silenciar las voces disidentes del país.
Esta estrategia de hostigamiento, persecución y criminalización no solo se limita a los factores políticos de oposición, también alcanza a periodistas, activistas, defensores y sociedad civil venezolana.
La Misión concluyó que hay motivos razonables para creer que se cometieron al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias cometidas durante este tiempo.
Además, el grupo de la ONU también documentó 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, incluidos 19 casos de uso de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres entre enero de 2020 y agosto de 2023.
“Continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos”, aseguró Marta Valiñas, presidenta de la Misión; agregando, además, que “estos incidentes se han llevado a cabo de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de DDHH”.
Marta Valiñas destacó que los mecanismos de represión siguen existiendo en Venezuela, “lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los derechos humanos sea más crucial que nunca en Venezuela”.
Marta Valiñas
En el informe presentado por la Misión de Determinación de los Hechos, se hace referencia a la disminución de las tácticas para reprimir, esto debido, principalmente, a la disminución de las manifestaciones masivas de calle.
Sin embargo, el Estado venezolano ha implementado nuevas técnicas para amenazar, hostigar y reprimir las voces disidentes en Venezuela.
“La maquinaria represiva del Estado sigue intacta, y recientemente, el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos para limitar el espacio democrático y ciudadano, ha restringido las libertades individuales y colectivas y ha aumentado su control sobre defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, medios de comunicación y partidos políticos”, destaca el documento.
La Misión también asegura que el Estado ha recurrido a amenazas, vigilancia constante, hostigamiento y censura, así como a difamación, «con el objetivo de silenciar y debilitar a la oposición, ya sea real o percibida como tal».
Francisco Cox Vidal
Francisco Cox Vidal, experto de la misión, señaló que el Estado ha implementado mecanismos “blandos y duros” para silenciar.
“En conjunto, estos dos tipos de mecanismos, ‘duros’ y ‘blandos’, conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social (…) esto muestra la capacidad y adaptación del Estado para sofocar la crítica”, afirmó.
Por su parte, Patricia Tappatá Valdez, también experta de la Misión, se refirió a los seis sindicalistas que el gobierno de Venezuela condenó a 16 años de cárcel por exigir sus derechos laborales; después de haber sido detenidos de forma arbitraria, y sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Patricia Tappatá Valdez
“Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al gobierno”, aseguró Tappatá.
La experta apuntó que la falta de independencia, y también la actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales -como la Contraloría y el CNE- coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos.
“La dinámica asfixia y suprime el debate y la vida política”, dijo.
Otro punto importante de destacar es que la Misión considera probable que, a pesar de que en 2022 se anunció la disolución de las Fuerzas de Acción Especial (FAES), estas sigan actuando de la mano con la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), creada en julio de 2022.
“La transformación de la FAES en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos”, dijo Marta Valiñas.
Para finalizar, la Misión de Determinación de los Hechos lamentó la falta de voluntad del Estado venezolano para poner fin a las graves violaciones de derechos humanos.
Desde Caleidoscopio Humano, seguiremos documentando, denunciando y difundiendo estas vulneraciones que profundizan la pobreza, las desigualdades, coartan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además de los derechos civiles y políticos y que disminuyen, no solo la calidad de vida de las personas, también restringen las libertades y atentan contra la democracia.
Revisa el informe de la Misión de Determinación de los hechos aquí
