Durante los días 10 y 11 de octubre, Venezuela fue evaluada por quinta vez por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
(15-10-2023) El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) es un órgano creado en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) con la finalidad de supervisar la implementación de este tratado internacional.
El PIDCP es uno de los principales instrumentos legales que conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Está compuesto por expertos independientes en derechos humanos de diferentes países que son partes en el PIDCP, teniendo como función principal revisar los informes presentados por los Estados parte sobre cómo están cumpliendo con sus obligaciones bajo el pacto.
También examina denuncias individuales de violaciones de derechos humanos si el Estado en cuestión ha reconocido la competencia del comité para hacerlo.
En el caso de Venezuela, el país debe someterse a esta evaluación de forma periódica, por ser uno de los Estados que adoptó el pacto en 1966 y lo ratificó en 1978.
Estas evaluaciones, que también se conocen como revisiones periódicas, son una parte fundamental del sistema de monitoreo de los derechos humanos de la ONU.
Venezuela tenía 8 años sin ser evaluada por el Comité de expertos. Esto, debido a que el Estado venezolano no había enviado la información correspondiente.
Su último examen fue en 2015, debiendo acudir de nuevo en 2018; sin embargo, ante la ausencia de información, no fue hasta el año 2021, cuando se pudo iniciar con el quinto periodo de revisión en materia de derechos civiles y políticos.
En el año 2022, el Comité envió 26 preguntas al gobierno de Venezuela; un listado que incluía interrogantes sobre marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto, lucha contra la corrupción, estado de excepción, discriminación de personas LGBTIQ+, participación de la mujer en asuntos públicos, violencia de género, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, condiciones de detención, prisión preventiva y esclavitud y trata.
Acceso a documentos de identidad y de viaje, trato digno para las personas venezolanas retornadas, independencia del sistema de justicia, libertad de expresión, protección de periodistas y defensores de derechos humanos, reunión pacífica, restricciones a la libertad de asociación, documentación de los niños y niñas, participación política y la seguridad de los pueblos indígenas, también formaron parte de los temas de interés para el Comité.
Una vez enviados los cuestionamientos por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, representantes del Estado venezolano, se presentaron, el paso 10 y 11 de octubre ante los expertos independientes, para dar respuesta a los temas señalados.
¿Qué dijeron los funcionarios venezolanos?
La delegación venezolana ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, (Suiza), estuvo encabezada por el Canciller, Yvan Gil; el Fiscal General, Tarek William Saab, el segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala de Casación Civil, Henry Timaure; el viceministro de Relaciones Exteriores para Temas Multilaterales, Rubén Darío Molina; la viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica, Alana Zuloaga; el representante permanente ante la ONU, Héctor Constant y funcionarios del Consejo Nacional de Derechos Humanos.
Durante la evaluación, los funcionarios venezolanos aseguraron que el Comité había tomado “fuentes de dudosa credibilidad” con la única intención de atacar a la administración de Nicolás Maduro.
El ministro de Relaciones Exteriores, Yvan Gil, aseguró que la posición del Comité respondía a un guion.
«En todas las exposiciones se comenzó juzgando, determinando una posición que no se corresponde. Llamaron a funcionarios públicos nuestros asesinos, corruptos, trasgresores de la ley. Esto es parte de un guion», afirmó.
Por su parte, el fiscal general, Tarek William Saab, desestimó que en el país hubiese presos políticos y advirtió que “no se pueden considerar presos políticos a personas que atentan contra el alto gobierno y que llamen a la sublevación de civiles”.
De acuerdo con el fiscal, han otorgado 12.148 medidas cautelares, 643 libertades plenas y 49 medidas humanitarias a privados de libertad.
Aseguró que hay 10 fiscales detenidos por estar vinculados en casos de corrupción y que desde el año 2018 hasta 2022 se ha logrado un “descenso de 40 % de violaciones de derechos humanos asociados a la integridad física”.
Además, mostró como un logro importante que “el Ministerio Público, una vez al mes, ofrece asistencia en las plazas Bolívar de todo el país; logrando un descenso de 63 % en el número de homicidios”.
También señaló que, desde 2016 la Fiscalía ha imputado a más de 5 mil funcionarios por violar los derechos civiles y políticos, incluyendo privación del derecho a la vida, y mencionó la creación de fiscalías encargadas de atender casos contra la población LGBTIQ+.
El Comité, por su parte, se refirió a la poca independencia de poderes que quedó en evidencia durante la intervención de los funcionarios venezolanos, lo que llevó a que José Santos, experto del Comité, cuestionara la defensa de Tarek William Saab hacia el Ejecutivo venezolano.
“Yo fui fiscal general y asistente del fiscal general de mi país, y yo sé de lo que usted está hablando; pero jamás he visto a un fiscal general defender de tal forma en este Comité a un Gobierno de su país, cuando su rol aquí es presentar su situación de independencia”, dijo.
De igual forma, Tania Abdo Rocholl, presidenta del Comité de Derechos Humanos de la ONU, se vio obligada a exigir respeto a la delegación venezolana; la cual, estaba utilizando gran parte de su tiempo de exposición, para desacreditar y cuestionar el trabajo realizado por los expertos del CDHNU.
«Esto no puede ser un diálogo bilateral denunciando a un experto sobre lo que hace tal país, porque así no se trabaja (…) Durante una hora hemos escuchado este tipo de calificaciones y no las vamos a permitir en el siguiente bloque», dijo la representante del CDHNU.
A pesar de tratarse de una evaluación a la que Venezuela debe acudir de forma periódica, muchas de las preguntas hechas por el Comité quedaron sin respuesta, por lo que el organismo solicitó que fueran enviadas por escrito.
“Fue una oportunidad perdida”, dijo Héléne Tigroudja, miembro del Comité de la ONU al referirse a la cantidad de preguntas que quedaron sin respuesta, agregando que el trabajo hecho por los expertos independientes, está bien documentado ya que “no se basaron en las redes sociales porque no las usamos”.
Entre los temas que no fueron expuestos por los representantes del Estado venezolano, se encuentran preguntas sobre la condición de la mujer, el empoderamiento de las mujeres vulnerables y los casos de tortura.
Después de esta evaluación, en la que los funcionarios del gobierno venezolano han intentado -sin mayor éxito- mostrar que en el país se respetan y garantizan los derechos humanos, el Comité ha podido confirmar que lo que organizaciones civiles, como Caleidoscopio Humano, han venido denunciando, es una realidad que el gobierno intenta esconder a como dé lugar apoyándose en los poderes públicos, en no entregar datos oficiales y en la hegemonía comunicacional implantada en el país.
