NP – OAS. Washington, DC — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su solidaridad con el pueblo venezolano y las comunidades afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la región centro-norte del país el 24 de junio. Asimismo, lamentan la pérdida de vidas, las lesiones sufridas y los graves daños generalizados, cuyas consecuencias han afectado gravemente el goce de los derechos humanos.
Según cifras oficiales, al 29 de junio de 2026, los terremotos han causado al menos 1,719 muertes y 5,034 personas heridas. También hay reportes de personas que siguen con paradero desconocido. El impacto ha sido particularmente grave en La Guaira y el área metropolitana de Caracas. Las operaciones de búsqueda, rescate y respuesta de emergencia continúan en curso, y aún no se ha determinado el alcance total del impacto humano.
La emergencia ha afectado gravemente el disfrute de múltiples derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se han reportado daños a viviendas e infraestructura, así como interrupciones en servicios esenciales de salud, transporte, electricidad, agua potable y telecomunicaciones. La CIDH y REDESCA recuerdan que el acceso oportuno a información pública confiable y a medios de comunicación es esencial para proteger la vida, la integridad personal y el bienestar de la población durante una emergencia.
La CIDH y REDESCA reconocen los esfuerzos de la comunidad internacional y de la población venezolana, de los equipos de rescate y los servicios de emergencia. Asimismo, toman nota de las medidas adoptadas por el Estado, entre ellas la declaración del estado de emergencia, la suspensión de actividades escolares y no esenciales, las evacuaciones preventivas, la activación de operaciones de búsqueda y rescate, el establecimiento de centros de acogida y el despliegue de servicios de salud. Al mismo tiempo, instan al Estado a seguir con estos esfuerzos y garantizar el acceso oportuno y no discriminatorio a atención médica, agua potable, alimentos, refugio seguro, saneamiento, comunicaciones y la asistencia humanitaria, con atención especial a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Las mujeres, en particular las embarazadas, y las personas con afecciones crónicas también pueden enfrentar mayores riesgos al acceder a los servicios esenciales y a la asistencia humanitaria. Niñas, niños y adolescentes corren el riesgo de separación familiar y de sufrir daños psicosociales, mientras que las personas mayores y las personas con discapacidad pueden encontrar mayores obstáculos para evacuar y acceder a los servicios esenciales y apoyo.
La CIDH y su REDESCA recuerdan que el Estado ocupa una posición especial de garante respecto a las personas privadas de libertad y debe adoptar planes de contingencia y evacuación, evaluar la seguridad de los centros de detención y garantizar el acceso continuo a la atención médica, agua, alimentos, electricidad, información y comunicación con familiares y representantes legales. En este contexto, es urgente la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos.
Asimismo, se insta al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para restablecer la infraestructura de telecomunicaciones y garantizar el acceso continuo a información pública oportuna, confiable y accesible. En particular, instan a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a restablecer plenamente y de manera inmediata el acceso a las redes sociales y medios de comunicación digital, bloqueos que persisten desde antes de los terremotos.
Finalmente, dada la magnitud de la emergencia, la CIDH y REDESCA llaman a los Estados de la región, a las organizaciones internacionales y a los socios de cooperación a seguir movilizando todos los recursos disponibles para asistencia humanitaria, técnica y financiera inmediata, suficiente y coordinada, de acuerdo con las necesidades identificadas y los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Al respecto, instan al Estado a facilitar el acceso a dicha asistencia y su coordinación.
La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, que no representan a sus países de origen o residencia.
