06/05/2023. Naciones Unidas – La trata de personas, especialmente de niños, niñas y adolescentes, por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales sigue socavando la consolidación de la paz en Colombia, advirtió una experta de la ONU.
«La trata de personas es una grave violación de los derechos humanos, una violación del derecho internacional humanitario y un delito grave que socava la consolidación de la paz, el desarrollo sostenible y la justicia social», dijo Siobhán Mullally, Relatora Especial de la ONU sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños en una declaración tras una visita de nueve días a Colombia.
La experta celebró el compromiso del Gobierno con la protección de los derechos de las víctimas y la lucha contra la impunidad, pero dijo que este compromiso debe aplicarse en la práctica en toda Colombia, en particular en las zonas rurales. También celebró el compromiso del Gobierno para dar una respuesta a la trata de personas basada en los derechos humanos y a la expansión de una migración segura, regular y ordenada, e instó a las autoridades a incluir el tema de la trata de personas en la Política de Paz del país.
«La trata de personas es cometida por grupos armados no estatales y organizaciones criminales para apoyar sus actividades y controlar a las comunidades. Afecta especialmente a las comunidades afrocolombianas y rurales, a los pueblos indígenas y a los y las migrantes venezolanos», afirmó Mullally.
«Es imperativo que la trata de personas forme parte de las discusiones de la Política de Paz de Colombia y que se implemente y fortalezca el capítulo étnico del Acuerdo Final para prevenir la trata, asistir y proteger a las víctimas, desarrollar programas centrados en los y las sobrevivientes y diseñados por ellos, así como medidas para combatir la impunidad», dijo. «El compromiso con una reforma rural integral, y con la promoción de los derechos de las mujeres rurales y las comunidades rurales es bienvenido, y esencial para la prevención de la trata de personas.»
«Las medidas de protección deben ser a largo plazo y contar con todos los recursos necesarios», afirmó la experta.
Mullally afirmó que los desplazamientos relacionados con los conflictos contribuyen a aumentar el riesgo de trata de personas debido a la pérdida de medios de subsistencia, la pérdida de alojamiento y la ruptura de las redes comunitarias y familiares.
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«Los niños, niñas y adolescentes son los más afectados y el aumento del reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados en los últimos años es motivo de grave preocupación», afirmó la Relatora Especial. «El gobierno debe avanzar urgentemente en la adopción de medidas para impedir el reclutamiento y la utilización de todos los menores de 18 años, especialmente en las zonas de conflicto», añadió.
Las mujeres y las niñas, en particular, están expuestas a la trata con fines de explotación sexual por parte de grupos armados y redes criminales, dijo Mullally.
La Relatora Especial también elogió a las autoridades colombianas por el Estatus de Protección Temporal concedido a los venezolanos, más de un millón de los cuales han cruzado a Colombia.
Instó al Gobierno a abordar los retrasos en el acceso a la documentación y la obtención del estatuto de protección, especialmente por parte de los y las migrantes en zonas remotas.
Dada la condición de Colombia como país de tránsito para los y las migrantes, Mullally instó a las autoridades a prestar especial atención a los niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados de sus familias, especialmente en las zonas fronterizas y en los puntos de tránsito, donde su exposición a los riesgos de la trata es aguda y donde los servicios son limitados.
«Se necesitan urgentemente medidas de alojamiento seguro y de protección, en particular en las zonas afectadas por el conflicto y en las zonas rurales donde viven comunidades afrocolombianas, indígenas y comunidades afectadas por la migración», dijo la experta de la ONU.
«Las autoridades territoriales están infrafinanciadas y no disponen de recursos presupuestarios ni humanos para asistir a las víctimas. En ausencia de asistencia y protección, las víctimas son vulnerables a la revictimización», añadió Mullally.
Durante su visita, la Relatora Especial se reunió con supervivientes y víctimas de la trata y con defensores y defensoras de los derechos humanos. Su visita la llevó a la capital, Bogotá, y a Cartagena, Cúcuta, Apartadó, Necoclí, Pasto e Ipiales.
La experta de la ONU pidió una acción coordinada de las autoridades colombianas para garantizar investigaciones eficaces sobre la trata de personas. Instó al Gobierno a aumentar la presencia de autoridades civiles en las zonas afectadas por la violencia de los grupos armados, ampliar el despliegue y la capacidad territorial de la Fiscalía General de la Nación e implementar medidas para responder con prontitud a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
«Debe garantizarse el acceso a reparaciones para las víctimas de la trata relacionada con el conflicto, para todos los fines de explotación, incluidos el reclutamiento forzado, el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes, la explotación sexual y la esclavitud sexual, el trabajo forzado, la servidumbre doméstica y la criminalidad forzada», dijo la experta.
FIN
Siobhán Mullally (Irlanda) fue nombrada Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en julio de 2020, para promover la prevención de la trata de personas en todas sus formas y fomentar medidas para defender y proteger los derechos humanos de las víctimas. También es Profesora Titular de Derecho de los Derechos Humanos y Directora del Centro Irlandés de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Irlanda, Galway. Antes de su nombramiento como Relatora Especial, fue miembro del Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA), elegida Presidenta del GRETA de 2016 a 2018 y Vicepresidenta 1ª de 2014 a 2018.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especialesdel Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
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