Desde el proyecto MonitorDescaVe documentamos, denunciamos y difundimos las vulneraciones a las que están expuestas las mujeres venezolanas y, además, se crean herramientas para formar, educar y empoderar a líderes emergentes en todo el país
Emmanuel Rivas/Caleidoscopio Humano
(16-04-2023) Como una forma de visibilizar las vulneraciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), Caleidoscopio Humano, en el marco del proyecto MonitorDescaVe, realizó el foro chat “Vulneraciones de los DESCA a niñas y mujeres en Venezuela”.
La actividad contó con la participación de Stefanny Aguirre, abogada y líder emergente de MonitorDescaVe, así como de la periodista y defensora de derechos humanos, Misle González, además, participaron más de 50 personas de todo el país.
Misle González comenzó su participación señalando que todos los derechos humanos, “sean civiles, políticos o económicos, sociales, culturales o ambientales, están interrelacionados; sin embargo, las barreras existentes, impiden que muchas personas puedan acceder a sus derechos”.
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Agregó, además, que en contextos autoritarios o de profunda crisis, las personas solo pueden “resolver el día a día en derechos tan básicos como la alimentación y la salud que deberían estar garantizadas por el Estado (…) las violaciones de estos derechos se producen cuando el Estado incumple sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar estos derechos”.
En Venezuela no hay acceso a planes de vivienda, lo que se convierte en una violación a este derecho, pero si la persona accede a una vivienda donde no hay acceso continúo al agua o la electricidad se va de forma recurrente, se está vulnerando el derecho a acceder a servicios públicos y, por tanto, a tener una vida digna.
Solo 3 de cada 10 hogares venezolanos tiene acceso al agua de forma continua, de acuerdo con el último informe del Observatorio Social Humanitario y el 51 % de las personas encuestadas, señaló que recibe agua pero con racionamiento.
En cuanto a la calidad, el 52 % de los encuestados señalaron que no recibían agua limpia, mientras que el 42 % aseguró recibir agua turbia o de muy mala calidad, frente a un 4 % que respondió que recibía agua en condiciones óptimas para el consumo humano.
“Estos datos nos hacen pensar que, si no es a todos, si hay una importante cantidad de venezolanos que tienen problemas con el agua y, por ende, se les está vulnerando en este derecho que influye de manera directa en el derecho a la salud, a la alimentación y al saneamiento”, destacó González.
“En el 2023 no deberíamos estar hablando de acceso al agua potable, sino de desarrollo y un montón de cosas más (…) esto es muy triste”, finalizó Misie González.
¿Y el derecho a la salud de las mujeres?
“En Venezuela el derecho a la salud es altamente vulnerado”, aseguró Stefanny Aguirre, agregando que “cosas tan básicas como el acceso a los medicamentos es muy complicado en el país. Aunque en la actualidad hay un mayor acceso a medicamentos, pero, cuando se requieren tratamientos para el cáncer u otra enfermedad de alto costo, la escasez sigue vigente o, si se consigue, los precios son inaccesibles para la mayoría de venezolanos”.
El acceso a la salud es una responsabilidad fundamental del Estado, así lo establece el artículo 83 de la Constitución de Venezuela; sin embargo, 9 de cada 10 mujeres entre 15 y 59 años, no han podido o no pudieron planificar sus embarazos, 7 de cada 10 no utilizan en la actualidad métodos anticonceptivos ni de prevención de infecciones de transmisión sexual y tampoco pueden acceder a insumos para la higiene menstrual.
Otra cifra alarmante es que, de acuerdo con el Fondo de Población de la Organización de Naciones Unidas, el embarazo en adolescentes en Venezuela aumentó a 95 jóvenes por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años.
Esto se debe a que en el país no hay políticas de prevención del embarazo en adolescentes y también hay un plan de educación en las escuelas públicas y liceos. El Estado está en deuda con las mujeres venezolanas.
¿Y la exigencia de estos derechos por parte de las mujeres y niñas?
Para nadie es un secreto que en Venezuela la exigencia de derechos humanos se ha perseguido, criminalizado y estigmatizado.
“Solo en enero, el Centro para los Defensores y la Justicia registró 105 ataques a defensores, 90 más que en diciembre y es porque existe una política destinada a agredir, amenazar y restringir el espacio cívico democrático. Estos ataques vienen de funcionarios, instituciones y de toda la maquinaria del Estado que pareciera estar enfocada en violentar los derechos”, enfatizó Misle González.
En el caso de mujeres, niñas y adolescentes, las leyes para protegerlas no se cumplen, hay porcentajes de impunidad muy altos y persisten barreras con las que niñas, adolescentes y mujeres se consiguen al momento de exigir sus derechos.
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El aumento de la pobreza, las fallas en los servicios públicos, la escasez de alimentos y la violencia a la que están expuestas las mujeres, acentúa las brechas y afecta, de manera diferenciada, a mujeres, niñas y adolescentes y limita su participación en muchos espacios de la sociedad.
“El Estado constantemente ignora o deja pasar situaciones que dejan en vulnerabilidad a mujeres, niñas y adolescente”, señaló González.
Como ciudadanos tenemos derecho a exigir respuesta por parte de los organismos con competencia, por eso, desde Caleidoscopio Humano y MonitorDescaVe, seguiremos documentando, denunciando y difundiendo todas las vulneraciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con enfoque de género, pues, son justamente las mujeres, niñas y adolescentes quienes, ante el silencio cómplice del Estado, se encuentran en mayor vulnerabilidad.
