Fuente original: EL NACIONAL. – Organizaciones internacionales de derechos humanos advierten que el retorno del activista de Estados Unidos a Venezuela implicaría riesgo de persecución
Fuente original: EL NACIONAL. – La relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gloria Monique de Mees, advirtió sobre la falta de supervisión
El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, revisa la situación del país en el período de un año Fuente original:
Abogados advierten que el poder en Miraflores no tiene incentivos para dejar de negociar con presos políticos Fuente original: Efecto Cocuyo. – Desde el pasado
Fuente original: NTN24. – Este comunicador social, denuncian, lucha contra condiciones que amenazan su salud en uno de los centros de detención clandestinos del régimen.
Las mujeres enfrentan diversas vulnerabilidades relacionadas con su género que pueden agravarse en situaciones de detención arbitraria Gabriela Buada Blondell. – Caleidoscopio Humano El equipo
Los manifestantes, vestidos con franelas que decían “Cierren los Centros de Tortura”, levantaron pancartas exigiendo la libertad de los más de 260 presos políticos que
Todo esto ante la incompetencia del director de este centro penitenciario, Robert Cabeza, quien niega conocer los detalles de esta dantesca situación.
Se trata de de un tipo de tortura basada, sobre todo, en la privación sensorial.
La ONU exigió eliminar las FAES, creadas en 2015, acusándolas de ejecuciones extrajudiciales en operaciones contra la delincuencia en zonas pobres.
Los familiares deben pagar hasta 10 dólares para que les dejen pasar bolsas con alimentos, y si se niegan corren el riesgo de que los
Gabriela Buada, periodista investigadora, profesora universitaria y defensora de los derechos humanos, además directora de la organización Caleidoscopio Humano en Caracas; indicó que este nuevo
La ONG de Venezuela Foro Penal registró, entre enero de 2020 y octubre de 2021, 481 personas detenidas de manera arbitraria, de las cuales, además,
Una disposición draconiana del Código Orgánico de Justicia Militar de Venezuela castiga con hasta tres años de cárcel y despido las relaciones sexuales consensuadas entre