(28-11-2024) Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2024, al menos 94 casos de violencia contra las mujeres por razones de género ocurrieron en los estados andinos del país: Mérida, Táchira y Trujillo. Son datos registrados por la Comisión de la Mujer y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA Mujer y ODH-ULA, respectivamente) que están detallados en el más reciente informe sobre violencia contra la mujer en la región andina, elaborado por ambas dependencias universitarias.
El tipo de violencia más común es la violencia física, seguido de la violencia sexual y el femicidio consumado o en grado de frustración. En 6 de cada 10 casos, los hechos violentos ocurrieron en entornos familiares de las víctimas, ejecutados por agresores que conviven con ellas, ya sean familia, parejas o exparejas. El estado con mayor registro fue Mérida con 52 casos, seguido por Táchira con 22 y Trujillo con 20.
La metodología que emplean ULA Mujer y el ODH-ULA es cuantitativa y cualitativa, con base en dos técnicas de investigación: la revisión documental de fuentes secundarias (publicaciones de medios de comunicación regionales, cuentas en redes sociales de cuerpos de seguridad y cuentas personales de periodistas que cubren sucesos en la región andina) y la realización de entrevistas semi-estructuradas a víctimas directas, indirectas y familiares, abogados, activistas y defensores de derechos humanos de las mujeres.
10 femicidios consumados y 10 en grado de frustración
Entre enero y septiembre de 2024, ULA Mujer y el ODH-ULA registraron 10 casos de femicidios en la región andina: 5 en Mérida y 5 en Trujillo. También hubo 10 intentos de femicidio: 6 en Táchira, 2 en Mérida y 2 en Trujillo. Los meses con mayor registro de casos fueron enero, marzo, abril, junio y agosto, con tres femicidios o intentos de femicidios cada uno.
La investigación de esos casos, para determinar que efectivamente se trataron de femicidios consumados o en grado de frustración, se hace con base en el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), elaborado por Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH, por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).
En 7 de los 10 casos registrados de femicidios consumados, los victimarios eran parejas o exparejas sentimentales de sus víctimas. En uno de ellos, el femicida no solo asesinó a su exnovia, sino también a la abuela de ella, quien trató de defenderla mientras él la agredía. Las víctimas tenían 16 y 61 años de edad, respectivamente. Según testimonios de familiares, el victimario, de 20 años de edad, tenía una orden de alejamiento tras ser denunciado previamente por su víctima.
Desapariciones de mujeres, justicia y atención a víctimas: deudas pendientes del Estado
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tipifica 21 formas de violencia contra la mujer, entre las que no están la violencia vicaria ni las desapariciones. ULA Mujer y el ODH-ULA identificaron 12 formas de violencia cometidas en los 94 casos registrados entre enero y septiembre de 2024. En algunos, una misma mujer fue víctima de varios tipos de violencia.
«Las formas de violencia más comunes identificadas en la región andina durante el periodo de monitoreo y estudio de este informe fueron: violencia física (26 %); violencia sexual (18 %); femicidio consumado y en grado de frustración (15 %) y violencia psicológica (13 %)», precisan las organizaciones. También hubo acoso u hostigamiento; amenazas; acoso sexual; prostitución forzada; trata y tráfico de niñas, mujeres y adolescentes; violencia institucional y violencia multicausal.
Aunque las desapariciones de mujeres por razones de género no forman parte de los tipos de violencia que establece la referida ley, ULA Mujer y el ODH-ULA sí registran los casos que se reportan en la región andina. En el período analizado hubo nueve casos de mujeres desaparecidas: cinco en Mérida y cuatro en Táchira. Casi la mitad de las víctimas son adolescentes de entre 15 y 17 años de edad.
Uno de los casos con mayor tiempo de duración es el de Bethy Angulo, desaparecida en Mérida el 5 de septiembre de 2023 cuando salió de su casa a trabajar y nunca regresó. «Ella merece ser buscada, tiene que ser buscada y encontrada. No solamente los cuerpos de seguridad deben esperar a que aparezca un cuerpo y digan que lo encontramos, porque la necesitamos viva», expresó su hijo el pasado 8 de marzo, en el marco de las actividades de la sociedad civil por el Día de la Mujer.
Ausencia de atención estatal y justicia a mujeres víctimas de violencia de género
En cuanto a la debida atención y protección del Estado a mujeres víctimas de violencia de género, ULA Mujer y el ODH-ULA recibieron testimonios que evidencian la falta de formación y sensibilización de los funcionarios encargados de atenderlas. En algunos de los casos registrados, el trato dado a las denunciantes minimizó la violencia que recibían y/o las revictimizó.
Algunas de las expresiones dichas por funcionarios a mujeres que acudieron a denunciar a sus agresores en cuerpos policiales fueron: «si te grita, te haces la loca o lo confrontas a ver qué hace»; «si no tiene un ojo con sangre, no es prioridad» o «su violencia es psicológica». Para evitar represalias, ULA Mujer y el ODH-ULA protegen la identidad de las mujeres que dieron sus testimonios en entrevistas concedidas a estas organizaciones.
En un caso que fue difundido por redes sociales, una profesora de la ULA manifestó que funcionarios de la Fiscalía Nº 20 del estado Mérida, con competencia en derechos de la mujer, no la atendieron, sino que le recomendaron que «bloqueara» a su agresor en los canales de comunicación por donde este la amenaza de muerte.
El caso de Naibelys Noel, víctima de múltiples tipos de violencia, entre ellos violencia vicaria y violencia institucional, es uno de los más graves en Venezuela en cuanto a la falta de justicia para las mujeres por parte del Estado. El 31 de mayo de 2024, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida ratificó la sentencia condenatoria de 30 años de prisión en su contra, pese a ser ella la víctima de su agresor y asesino de su hijo.
19 mujeres detenidas en los Andes tras las elecciones presidenciales
Entre el 29 de julio y el 19 de agosto de 2024, ULA Mujer y el ODH-ULA registraron 113 detenciones arbitrarias y por motivos políticos en la región andina de Venezuela. De esa cantidad, «19 fueron mujeres, entre las que se cuentan adultas y adolescentes. Algunas de ellas ya fueron liberadas, pero durante sus detenciones fueron víctimas de violaciones de derechos humanos que les afectaron de manera diferencia, por razones de género», señala el informe.
Durante sus detenciones y en los centros de reclusión, las mujeres víctimas de persecución política no han sido tratadas con perspectiva de género. Los funcionarios encargados de su custodia, y quienes las detuvieron, ignoran sus necesidades y condiciones específicas. Algunas de las víctimas han manifestado recibir tratos violentos, crueles, inhumanos y degradantes.
«Las detenciones y privaciones de libertad de una madre lactante y una adolescente embarazada, registradas en la región andina y cuyas identidades se mantienen en reserva para evitar mayor ensañamiento contra ellas por parte de funcionarios policiales, militares y de justicia, no cumplen con las consideraciones señaladas en este apartado», refiere el informe.
En las Conclusiones detalladas de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, publicadas el 14 de octubre de 2024, se reseña una nota de prensa de ULA Mujer donde se denuncia la falta de enfoque de género al detener y privar de libertad a mujeres tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Las evidencias del más reciente informe elaborado por ULA Mujer y el ODH-ULA demuestran la urgente necesidad que tiene el Estado venezolano de combatir la violencia contra las mujeres de manera integral, evitando la agresión y/o revictimización de las víctimas a través de actuaciones institucionales y la ausencia de políticas públicas de prevención, atención y protección. Alcanzar la igualdad de género contemplada en el 5to. Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) requiere de una verdadera erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
