Faltan pocos días para que Rory Branker, editor de La Patilla, cumpla un año de haber sido detenido arbitrariamente por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. El 20 de febrero de 2025 transitaba por Caracas. Desde entonces, su madre, Cheryl Ann Branker, de 80 años, vive en una espera larga y silenciosa, sin fecha final.
El caso de Rory está envuelto en una opacidad jurídica extrema. Aunque de manera extraoficial se le informó a sus familiares que se le imputan delitos como traición a la patria, financiamiento al terrorismo y conspiración, las autoridades no han hecho pública una acusación formal ni han notificado de forma clara y accesible los cargos en su contra. Son delitos por los que enfrenta la amenaza de recibir una condena de 30 años de cárcel.
No se sabe si ha sido presentado ante un tribunal, si se le ha leído una acusación o si se encuentra en etapa de investigación o juicio, lo que refuerza las características de un proceso armado desde la sombra y sin garantías.
Enero de 2026 trajo esperanza. Al menos 21 periodistas y trabajadores de la prensa fueron liberados. Pero Rory continúa preso. Su madre siguió las noticias una a una, con la ilusión de escuchar su nombre. No ocurrió.
En el centro penitenciario de Tocorón, donde está luego de sucesivos traslados, han sido excarcelados más de un centenar de presos políticos, Rory ha ido quedando progresivamente solo. Durante su reclusión, compartía con otros detenidos rutinas cotidianas que le ayudaban a sobrellevar el encierro -conversaciones, actividad física, momentos de oración- y contaba con una red de apoyo entre sus compañeros. La salida de estas personas ha profundizado su aislamiento y ha tenido un impacto en su estado anímico, generando una mayor preocupación sobre su bienestar emocional mientras continúa privado de libertad.
Preguntas sin respuestas
Su mamá cada mañana se levanta con las mismas preguntas: ¿cómo está?, ¿han hablado con él?… Desde ese 20 de febrero, no ha pasado un día sin pensar en su hijo. Durante meses no tuvo noticias de él, solo el silencio absoluto y la incertidumbre. No sabía si estaba herido, si dormía bajo techo, si alguien lo estaba cuidando.
Fue hasta seis meses después que la familia supo que Rory estaba con vida. Las presiones de organizaciones gremiales como el Sindicato Nacional de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas y varias de derechos humanos, lograron que se confirmara su reclusión en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana, en la llamada “Zona 7”. A pesar del hallazgo, no hubo alivio. Desde entonces, Rory ha sido trasladado arbitrariamente dos veces. Hoy se encuentra en el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón).
Aunque no han podido verlo libre, sus familiares y amigos no han dejado de luchar. En agosto de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares urgentes a favor de Rory, alertando del riesgo que corría su vida. También se pronunciaron Naciones Unidas y Amnistía Internacional, pero ninguna gestión se ha traducido en su libertad.
Cada vez que el portón de Tocorón se abre, sus familiares y amigos vuelven a contener la respiración. Esperan escuchar su nombre y, cuando no lo oyen, la desesperanza de nuevo les llega. Comparten el mismo sentimiento: una mezcla de tristeza, impotencia y esperanza.
Cada quien guarda un recuerdo de Rory, una conversación pendiente, una broma, un proyecto a medio camino, y todos coinciden en lo mismo: lo extrañan y lo esperan. Algunos lo sueñan libre; otros simplemente imaginan el momento en que su nombre aparezca entre los liberados. “Solo queremos verlo salir, abrazarlo, tenerlo de nuevo con nosotros”, repite uno de sus amigos.
Más de once meses después de su detención, el caso de Rory Branker sigue siendo una herida abierta. Su madre no busca protagonismo, solo pide justicia. No exige otra cosa que lo que debería ser obvio: que su hijo vuelva a casa
