Venezuela, Honduras, El Salvador y Cuba se quedan atrás al garantizar el derecho a la identidad de género de las personas trans. En el Día de las Visibilidad Trans, activistas recuerdan las deudas y denuncian las violaciones a sus derechos
(31-03-2023) Una semana estuvieron encadenados Koddy, Paúl y Johan frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas. Así, con medidas extremas, pedían simplemente ser visibles. La protesta, el pasado mes de noviembre, exigía que las personas trans pudieran ejercer su derecho a la identidad y no se les discrimine a la hora de solicitar un cambio de nombre, permitido en las leyes venezolanas, cuando este no se corresponde con su expresión de género. Hicieron suficiente ruido como para mover a algunas autoridades que prometieron a un pequeño grupo esta posibilidad. Pero ha quedado en el gesto y este viernes las organizaciones LGBTIQ han convocado a una nueva protesta ante el organismo de identificación en Venezuela.
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“Si yo, como Prissila, que hice mi transición hace 22 años, voy a cambiar mi nombre masculino, simplemente me dan un portazo”, dice Prissila Solórzano, activista de la ONG Caleidoscopio Humano.
El artículo 146 de la Ley de Registro Civil establece que “toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador o la registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad”.
Esto ocurre pese a que esta ley tiene más de 10 años de haber sido sancionada y a que la Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación.
El hecho de que Venezuela haya elegido por primera vez en América Latina a una diputada trans, Tamara Adrián, que fue parte del Parlamento entre 2016 y 2021, no ha allanado el camino hacia conseguir ese derecho. Su solicitud de cambio de nombre, como la de otras personas trans, está olvidadas en los archivos del Tribunal Supremo de Justicia, hasta donde han tenido que llegar las demandas.
En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó en una opinión consultiva que los Estados deben establecer procedimientos de reconocimiento legal del género sencillos con base en la autoidentificación, sin requisitos invasivos ni estigmatizantes como exámenes médicos y pruebas de cirugías de reasignación de sexo. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también ha exhortado a los gobiernos a garantizar el derecho al reconocimiento legal de su género.
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Pero lo que vive Solórzano no pasa solo en Venezuela. Progresivamente hay países que han avanzado como Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador, México, Colombia, Perú, Bolivia o Costa Rica, pero hay otros en los que ni siquiera se habla del tema. En el Día de la Visibilidad Trans se ha convertido en una demanda que ha unido organizaciones de Venezuela, Honduras, Cuba y El Salvador para mostrar que estos países se quedan atrás a través de la plataforma Inclusive Trans.
El derecho a tener una identidad que corresponda a la expresión de género es una exigencia que va más allá de un cambio de nombre. Pues es la cédula de identidad, el principal documento de todo ciudadano, el inicio de una espiral de discriminación que niega otros derechos como la educación, la salud o un trabajo digno. Prissila tiene dos títulos universitarios y nunca ha podido ejercer sus carreras.
“En ninguna empresa me han querido dar trabajo cuando ven mi nombre y mi expresión de género. Muchas veces, cuando intenté aplicar, se burlaban de mí. Conozco muchos jóvenes trans que no han podido desarrollarse”, cuenta la activista venezolana. “La deuda con nosotros es bastante grande con las personas trans y solo queremos ser como los demás”.
Retrocesos en El Salvador
En El Salvador se han logrado dos sentencias de cambio de género en los documentos que las instituciones no han cumplido. El Poder Legislativo está en mora con el mandato del Supremo de crear un procedimiento para permitir el cambio de nombre. Al menos tres mujeres trans han demandado al Estado por la negación del derecho a la identidad, algo que ha obligado a varias a irse de su país y pedir asilo en el exterior en un desplazamiento forzado.
En la histórica sentencia de 2020 contra tres policías por el asesinato de la trabajadora sexual Camila Díaz Córdova en el que se les condenaría por un crimen de odio a los funcionarios, finalmente los juzgaron por homicidio.
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En los últimos años habían comenzado a dar pasos hacia mejorar las condiciones de la comunidad LGBTIQ, pero la activista salvadoreña Mónica Linares, de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano y Arcoiris Trans, dice que han quedado detenidas tras la llegada al poder del presidente Nayib Bukele.
“El presidente ha dicho que el aborto y el matrimonio igualitario no ocurrirá nunca en El Salvador. La ley de identidad ni siquiera lo menciona”, dice Linares, cuya organización también es miembro de RedLacTrans.
Entre las cosas que no se menciona es la de los adultos mayores trans y de los niños trans. Tampoco cuentan en los datos oficiales. “La policía, la Fiscalía y Medicina Legal registran los datos de un homicidio, por ejemplo, en función de los genitales, o sea solo existen los que tienen pene o vagina”.
Linares refiere que hace unos meses fue censurado un segmento de educación sexual en la televisión estatal que explicaba el concepto de orientación sexual. Ya en 2019 Bukele había eliminado la Dirección de Diversidad Sexual cuando cerró la Secretaría de Inclusión Social creada en 2010. Este retroceso se traduce en más de 100 violaciones de derechos humanos contra la comunidad LGBTIQ.
En el marco del plan de excepción que ha emprendido Bukele en su guerra contra las pandillas también han ocurrido violaciones de derechos de miembros de este colectivo.
“Sabemos de casos de detenciones arbitrarias, exhibición de cuerpos de mujeres trans de forma amarillista y las que ha sido detenidas también han sido rapadas del cabello, que si bien el pelo no te hace mujer es parte esencial de nuestra construcción de identidad femenina. Y como no tenemos un documento que respalde nuestra identidad, para ellos somos hombres”, apunta Linares.
Ser Brenda Díaz
Colectivo Unidad Color Rosa ha gestionado la salida de emergencia del país de varias mujeres trans por la situación de acosos y agresiones físicas por su identidad de género. Otras son parte de las caravanas de migrantes que cruzan el continente.
“Las personas trans en Honduras no tenemos oportunidades, ni podemos tener un trabajo digno”, dice la activista Gabriela Redondo.
El país centroamericano también está en mora con el establecimiento de mecanismos para el cambio de nombre que debió comenzar en mayo del año pasado. Gabriela señala que durante 2022 las violaciones a la comunidad trans superaron al menos 122 registros, siendo este el grupo más vulnerable.
El año pasado, Cuba aprobó el matrimonio igualitario como una muestra de avance. Fue la concesión que el régimen de Miguel Díaz Canel dio luego de las intensas protestas por la exigencia de derechos y democracia que ocurrieron en julio de 2021, matiza Raul Soublett López de Estamos Contigo, una ONG que defiende a la comunidad LGBTIQ en la isla.
“No confiamos en la verdadera disposición del Estado. Al mes de aprobarse, varias parejas que se casaron denunciaron que en las actas continuaba diciendo que era un matrimonio entre un hombre y una mujer. A raíz de las denuncias es que actualizaron los formularios”.
Pero en el caso de las personas trans, para el activista, están totalmente solas. “En el Parlamento ni siquiera se habla de una ley de identidad de género”. Esto hace que muchas personas repriman su expresión de género para poder continuar estudios o acceder a un trabajo.
“Eso está totalmente normalizado en la sociedad cubana aun cuando es una discriminación”.
Por ejemplo, a Brenda Díaz le quitaron su expresión de género a la fuerza. La detuvieron en las protestas de 2021 que catapultaron la consigna “Patria y Vida” y la llevaron a una cárcel en Mayabeque. La enviaron a una prisión para hombres seropositivos, le raparon el cabello y durante el juicio en el que la condenaron a 14 años de cárcel por lanzar piedras la llamaron Freddy, el nombre que tuvo de niña y que también la niega.
