El Padre Alfredo Infante, Director de Derechos Humanos del Centro Gumilla, y Marino Alvarado, Coordinador Legal de la ONG Provea, indicaron que el informe “no es contra ningún gobernador”
Yennifer Calvo/Caleidoscopio Humano
(19-05-2022) Marino Alvarado, Coordinador Legal de la ONG Provea, y el Padre Alfredo Infante, Director de Derechos Humanos del Centro Gumilla, se pronunciaron ante la demanda por difamación interpuesta, el pasado 16 de mayo, por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.
La notificación de la denuncia se produjo tras la presentación de un informe conjunto, entre Provea y el Centro Gumilla, a través del proyecto Lupa Por la Vida, en el que se registran las violaciones al derecho a la vida en Venezuela.
Provea y el Centro Gumilla exigieron al Ministerio Público que el gobernador fuese incluido en la investigación solicitada, al igual que el resto de la cadena de mando, luego de documentar 221 denuncias de ejecuciones extrajudiciales contra la Policía de Carabobo el año pasado.
Durante la rueda de prensa, el Padre Alfredo Infante expresó que dicho informe no está centrado en ningún estado, sino en las presuntas ejecuciones extrajudiciales nacionales.
“Nuestro informe no es una campaña en contra ni a favor de ningún gobernador, es una campaña por la vida”, aseguró.
“No tenemos nada personal contra Rafael Lacava, lo único que hemos hecho ha sido visibilizar los resultados de nuestro monitoreo”, añadió el sacerdote. Del mismo modo, señaló que valoran la colaboración de cualquier gobernación que decida detener la criminalización en los sectores populares de Venezuela.
“Nosotros no hemos cometido ningún delito, somos inocentes. Estamos ejerciendo un derecho constitucional y estamos acompañando a las víctimas para que en nuestro país haya acceso a la justicia. Pedir investigaciones es un derecho amparado en la Constitución de Venezuela”, reiteró Infante.
“Pedimos que todo operativo policial sea enmarcado en el respeto de los derechos humanos y no haya presuntas ejecuciones extrajudiciales”, concluyó.
Marino Alvarado: “Al Estado venezolano le corresponde investigar”
Por su parte, Marino Alvarado manifestó que “es la primera vez en la historia del activismo de derechos humanos en Venezuela que se toma una iniciativa legal de esta naturaleza, la consideramos parte del cerco a las ONG”.
“No nos van a intimidar. Tenemos muchos años resistiendo las amenazas, las del pasado y las del presente”, insistió.
Sostuvo, además, que en el 2021 hubo 1414 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. “Nuestro mandato es velar por el derecho a la vida. Exhortamos al Gobernador Lacava a que abra sus espacios para que pueda avanzar en conocer lo que ha pasado en su estado”, dijo.
Alvarado exhortó al Fiscal, Tarek William Saab, a adelantar investigaciones genuinas de todas las presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. “El Art. 132 nos importa, la obligación de promover y defender los derechos humanos. Al Estado venezolano le corresponde investigar”, enfatizó.
“Creemos en una comisión multidisciplinaria de la Alta Comisionada, Fiscalía, Defensoría, Provea y Centro Gumilla para investigar lo que está pasando en Carabobo con el derecho a la vida”, agregó.
En la rueda de prensa también estuvo presente el abogado y especialista en Derecho Penal, Joel García, quien informó que “Provea y el Centro Gumilla le han concedido el honor de representarlos en este nuevo ataque contra la vida, contra los derechos humanos”.
Indicó que ayer miércoles 18 de mayo solicitaron su designación como abogado pero fue negada. “Es un tribunal de Caracas que debería llevar este litigio, por el área metropolitana y no por el Estado Carabobo”, destacó.
