La Misión documentó torturas inéditas como la “máquina del tiempo”, violencia médica forzada y tratos inhumanos en El Rodeo I
FUENTE ORIGINAL: REYNALDO MOZO / EFECTO COCUYO. –
La situación de derechos humanos en Venezuela sigue siendo de cuidado y los organismos internacionales de protección de derechos fundamentales siguen observando con cautela. El más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela establece que el aparato represivo del Estado se mantiene intacto.
El documento, que evalúa el panorama de los derechos humanos entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de julio de 2026, es el primero que presenta la Misión en su nueva conformación. Este equipo de expertos está liderado por la presidenta Sofía Macher junto a los investigadores Alex Neve y María Eloisa Quintero.
Pese al nuevo “momento político”, el tutelaje de Estados Unidos y el restablecimiento de las relaciones entre el gobierno de Donald Trump y la presidenta interina, Delcy Rodríguez, la Misión señala que en el país continúan las violaciones a los derechos humanos. Para destacar lo más importante del informe, Efecto Cocuyo preparó las siguientes 10 claves:
El aparato represivo del Estado sigue intacto
La Misión señala que, a pesar de las excarcelaciones a presos por motivos políticos y una ligera apertura política, la maquinaria que hizo posibles los presuntos crímenes de lesa humanidad no ha sido desmantelada.
El informe concluye que “a pesar de los signos de liberalización política, no ha habido un desmantelamiento sustantivo ni una reforma significativa del aparato represivo del Estado”, se lee en el documento, presentado este 16 de septiembre.
La Misión detalla que las leyes para criminalizar la disidencia y las estructuras de inteligencia permanecen inalteradas.
El ataque del 3 de enero
El organismo de ONU indicó en su informe que la intervención militar estadounidense y la posterior captura de Nicolás Maduro generaron un cambio drástico en las dinámicas de represión en el país.
Según detalla, este evento “marcó un cambio dramático en el panorama político del país”, provocando una caída en el número de detenciones prolongadas y desapariciones forzadas asociadas, aunque persisten graves violaciones de los derechos humanos.
Nuevos métodos de tortura
El informe señlala que las prácticas de tortura contra opositores reales o percibidos siguen siendo generalizadas y no son hechos aislados, sino que reflejan una “cultura institucionalizada alimentada por la tolerancia y la impunidad”.
La Misión detalló que en prisiones como El Rodeo I, en el estado Miranda, estos abusos se ejecutaron como represalia contra los reclusos por iniciar huelgas de hambre o protestar.
Entre los métodos inéditos documentados destaca la “máquina del tiempo”, un castigo que “implicaba confinar a grupos de aproximadamente 15 detenidos en una cisterna subterránea sellada”, sin sanitarios ni aire libre, donde “se les obligaba a permanecer desnudos y en completa oscuridad” por lapsos de hasta tres meses.
Sumado a esto, se verificó el traslado de presos a zonas de aislamiento donde eran “suspendidos por las muñecas, mantenidos desnudos y expuestos a bajas temperaturas” mientras sufrían golpizas continuas. Para quebrar las huelgas de hambre, las autoridades aplicaron violencia médica. Se registraron al menos seis casos de intubación forzada para alimentar a los presos y cateterismo urinario sin justificación de salud, una táctica intimidatoria que, advierte la ONU, “puede constituir una forma de violencia sexual”.
Asimismo, el informe señala que la prisión militar Fuerte Guaicaipuro fue escenario de atrocidades donde los presos eran enjaulados en celdas subterráneas similares a fosas y obligados a comer con las manos contaminadas con heces. La Misión resalta que la desnudez forzada fue una práctica común diseñada para exacerbar el sufrimiento psicológico y aumentar el miedo de las víctimas.
Reciclaje de perpetradores
También documenta que lejos de ser juzgados, los responsables por la comisión de violaciones de derechos humanos han sido protegidos o reasignados por la nueva administración.
Señala que “la continuidad o reasignación de funcionarios que ocuparon puestos de liderazgo durante el Gobierno del Sr. Maduro es una clara indicación de la continuidad del aparato represivo del Estado”, mencionando que al menos 19 funcionarios implicados en crímenes mantienen puestos clave en el gabinete, fuerzas de seguridad u órganos de inteligencia.
Los colectivos actúan como un brazo armado y financiado por el Estado
El informe dedica un análisis exhaustivo a los grupos civiles armados, conocidos como “colectivos” y determina que siguen operando con respaldo gubernamental.
La Misión halló “pruebas sustanciales de relaciones de larga data entre los colectivos y las instituciones del Estado que van más allá de la mera tolerancia”.
También precisa que el Gobierno “ha suministrado regularmente a los colectivos apoyo material, como armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos celulares y equipos de radio”.
Transición hacia una táctica de detenciones exprés
Tras la extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el pasado 3 de enero, la táctica represiva mutó de los encarcelamientos de larga duración hacia el hostigamiento sistemático, según se lee en el informe.
La Misión subraya que un nuevo patrón notable que han identificado es el uso de detenciones arbitrarias a corto plazo y medidas de intimidación contra aquellos percibidos como opositores al Gobierno. El organismo observa que esta práctica es un recordatorio a la sociedad civil de que siguen siendo vigilados.
Muertes bajo custodia
El informe documenta que cientos de presos políticos siguen expuestos a tratos inhumanos y falta de atención médica, lo que ha provocado muertes bajo custodia estatal.
La Misión fue tajante al indicar que “el acceso a la asistencia médica se describe sistemáticamente como limitado e inadecuado”. El organismo recordó el emblemático caso de Víctor Quero Navas, un vendedor ambulante que falleció mientras su madre estuvo buscándolo durante 16 meses sin que el Estado le informara de su paradero.
Su madre, Carmen Teresa Navas, de 81 años de edad, falleció una semana después de conocer el destino de su hijo. Ella lo buscó por 16 meses pero ningún organismo del Estado le dio información de su paradero, pese a que Quero había muerto el 24 de julio de 2025.
Desapariciones forzadas como patrón sistemático
Para la Misión, el ocultamiento del paradero de quienes son detenidos continúa siendo una práctica recurrente de las fuerzas de seguridad, lo que consolida un “patrón consistente de desaparición forzada después de la detención arbitraria”, según se lee en el texto.
Esta sistematicidad, sostiene, se ve facilitada y agravada por la absoluta ausencia de transparencia en los registros oficiales de reclusos en todos los centros penitenciarios, el uso generalizado de la incomunicación y la falta de acceso a asesoría legal.
Los investigadores señalan que las autoridades se niegan deliberadamente a revelar el paradero y las condiciones de los arrestados, ignorando los esfuerzos de búsqueda por parte de sus familiares.
Como evidencia de este mecanismo de opacidad, el informe de la ONU expone el caso de 13 militares que fueron trasladados en secreto desde la prisión de Ramo Verde en noviembre de 2025 sin notificación alguna; el documento relata que sus parientes acudieron a múltiples dependencias sin obtener respuesta y solo descubrieron su paradero casi tres meses después, a finales de enero de 2026, en la cárcel de Fuerte Guaicaipuro, donde les informaron que enfrentaban nuevos cargos.
Falsa amnistía
También afirma que, a pesar de su título oficial y de sus objetivos declarados, la ley de amnistía “nunca fue concebida como un medio para proporcionar restitución por violaciones de derechos u ofrecer reparación a las personas sometidas a encarcelamiento o enjuiciamiento por motivos políticos”.
La Misión expone en el texto una contradicción del Estado, debido a que la presidenta interina declaró concluido el proceso de amnistía en abril, a pesar de que la ley sigue vigente.
En el ámbito de la justicia internacional, los investigadores advierten que la denuncia formal del Estatuto de Roma en julio de 2026, una decisión que, según detalla, fue apoyada públicamente por Estados Unidos, “envía una señal preocupante con respecto a la falta de compromiso de las autoridades con la rendición de cuentas” y demuestra sus nulos esfuerzos para combatir la impunidad.
Advertencia a EE. UU. y a la comunidad internacional
Señala directamente a Estados Unidos por su nueva responsabilidad, tras dejar constancia de que ese país ahora instiga, autoriza o aprueba las principales decisiones políticas, económicas y de seguridad en Venezuela desde el 3 de enero.
El documento le exige a la administración estadounidense, a otros actores multilaterales y a las empresas que “deben asegurar que sus políticas, acciones y compromisos no contribuyan, faciliten o permitan de otra manera las violaciones de los derechos humanos y los crímenes internacionales.
