Maduro quiere limitar participación directa de las víctimas en investigación de la CPI

18/11/2022 Fuente. TalCualLa administración de Nicolás Maduro incluye dentro de su propuesta a la Sala de Cuestiones Preliminares I, que lleva el caso conocido como Venezuela I, que la participación de los Estados que ingresaron la denuncia ante la Corte Penal Internacional también esté limitada. Para Provea, la estrategia de Maduro «busca mantener paralizadas las facultades investigativas del fiscal de la CPI por el mayor tiempo posible»


La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) hizo pública el pasado 14 de noviembre una comunicación de la administración de Nicolás Maduro, que busca impedir la participación directa de las víctimas y de los cinco Estados que remitieron el caso a la CPI durante la etapa de investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, al menos desde el año 2017.

En una respuesta de la administración Maduro a la solicitud del fiscal Karim Khan para retomar la investigación, con fecha del 10 de noviembre, el Estado venezolano se opone a la participación directa de las víctimas y sus representantes en la investigación y pide que se limite a resúmenes elaborados por la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas de la CPI.

Además, el Estado venezolano pide que esos informes correspondan solo a los casos presentados por la Fiscalía de la CPI, por lo que se excluiría nueva información (evidencias) sobre otros casos que puedan ampliar el expediente y que considere Karim Khan. También pide a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP) que no se permita la participación en este procedimiento de Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, los Estados parte que remitieron la situación.

La administración Maduro también se opone a la solicitud del fiscal Karim Khan para que los jueces Péter Kovács, quien preside la Sala, Reine Alapini-Gansou y Socorro Flores Liera adopten un procedimiento expedito para autorizar que se retome la investigación sobre crímenes de lesa humanidad. Además, solicitan mayores plazos para responder a cada una de las solicitudes y poder hacerlo ante cualquier documento introducido por cualquier fuente.

Para el Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), esta es una «estrategia dilatoria busca mantener paralizadas las facultades investigativas del fiscal de la CPI por el mayor tiempo posible».

En todo caso, señaló Provea en su cuenta Twitter, le corresponde a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares decidir sobre esas peticiones.

«Esta comunicación ratifica el desprecio de las autoridades venezolanas por las víctimas y sus reclamos de justicia, así como su escasa voluntad de cumplir genuinamente con el principio de complementariedad», afirmó la ONG.

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