(04-10-2023) La socióloga y coordinadora del Laboratorio de Paz entiende que la población prefiere recurrir al pragmatismo y quiere “pasar la página” tras años de profunda crisis política y social, una Emergencia Humanitaria Compleja que persiste y el recuerdo traumático de la represión dura de 2014, 2017 y 2019.
Aun así invita a leer el reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos que en su resumen ejecutivo recoge el contenido de más de 400 páginas con descripciones, datos, cifras y testimonios de la realidad de los derechos humanos en Venezuela. “Hay que seguir informados, la gente no quiere hacer memoria, pero es importante estar del lado de las personas que sufren mayores vulneraciones, y que eso sea un norte para transicionar hacia una verdadera democracia”.
¿Cuál es la importancia del cuarto informe de la Misión de Determinación de Hechos teniendo en cuenta que pese al contenido lapidario de los tres informes anteriores se siguen cometiendo graves violaciones a derechos humanos y persiste la impunidad?
Creo que para la sociedad civil en general y para las personas que de alguna forma han sido víctimas principales o secundarias, este tipo de informes son muy importantes, quizás este es el más importante en materia de protección de derechos humanos.
Eso no quiere decir que los informes de la Oficina del Alto Comisionado no sean importantes, al igual que los de la Corte Penal Internacional, pero la Misión de Determinación de Hechos en este cuarto informe sigue demostrando que a pesar de que no está en el país y de que eso se ha convertido en una de las excusas del Estado venezolano y de algunos detractores para minimizar su importancia, más bien eso le da muchísima independencia ante la posibilidad de hacer contacto directo con víctimas, escuchar sus voces, escuchar sus reclamos, sus denuncias y, por supuesto, hacer seguimiento a la respuesta del Estado a las recomendaciones para ser garante de derechos, pero también de justicia, de no repetición y no impunidad.
Creo que a diferencia de la Oficina del Alto Comisionado, que si bien hace informes y acompañamiento técnico, el hecho de que no esté en riesgo su permanencia en el país hace que la Misión tenga una mayor libertad para decir claramente cómo está la situación real en Venezuela. Hemos encontrado que los informes de la Misión de Determinación de Hechos tienen no solo un relacionamiento muy directo con las víctimas, sino que además se convierten en estándares de lo que debería ser la actuación y la posibilidad de garantía de derechos.
¿Qué es lo más resaltante de este informe?
Este informe tiene la ventaja de que no solo se presenta ante el Consejo y los países, sino que también sirve como parte de la documentación que es entregada al fiscal de la Corte Penal Internacional para que pueda seguir haciendo su propia investigación como mecanismo complementario.
Y en ese sentido, Francisco Cox, uno de los representantes de la Misión, dijo algo muy importante y que pareciera que a veces no se tiene muy claro, y es que la posibilidad de tener a la Misión de Determinación de Hechos, a la Oficina del Alto Comisionado y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es un triunvirato muy potente no solo para hacer monitoreo, denuncia, seguimiento de las recomendaciones y estándares, sino como un muro de contención frente al avance y la perpetuación de violaciones de derechos humanos.
Creemos que este informe recoge de manera amplia un análisis pormenorizado de lo que ha sido una estrategia por parte del Estado venezolano de seguir manteniendo una capacidad represiva que se ha perfeccionado con la ‘represión blanca’.
En este momento nos encontramos en un período donde sigue habiendo violaciones a derechos humanos, se sigue perpetuando la impunidad en casos anteriores, se siguen cometiendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas por tiempo limitado, pero la Misión ha establecido un estándar al señalar que el gobierno ha evolucionado en su capacidad de control y de represión de la sociedad que no es a través de la represión dura como la conocimos en los años 2014, 2017 y 2019, sino que es una forma de represión vinculada al uso del Estado en su totalidad, las instituciones al servicio del Ejecutivo, para aplicar castigos ejemplarizantes a personas en específico como liderazgos, activistas, personas defensoras, con prácticas de hostigamiento, de criminalización, de estigmatización y además de violaciones a sus derechos y a sus libertades, que se convierte en un patrón sistemático.
Y eso es muy importante porque la gente piensa que como ya no hay cifras grandes de detenciones arbitrarias, de desapariciones, de ejecuciones extrajudiciales, siente que el Estado está cambiando y se está convirtiendo en un Estado que está transicionando hacia la garantía de derechos.
Y lo que está demostrando este informe es que el Estado sigue siendo el mismo perpetrador de violaciones a los derechos humanos, pero ahora implementando la institucionalidad en un marco normativo que violenta de manera grave las libertades asociativas y de derechos con ataques sistemáticos a cualquier crítica a través de los medios de comunicación, a comunicadores o a activistas, en un cerco que se perfecciona y que tiene toda la institucionalidad de su lado para dar castigos ejemplarizantes a fin de que la población se sienta absolutamente vulnerable y se inhiba de seguir reclamando, exigiendo y denunciando que se cumplan y se garanticen derechos en el país.
Respecto a lo que comenta que mencionó Francisco Cox del muro de contención la percepción de la población es que incluso teniendo los informes de la Oficina del Alto Comisionado, de la Misión, de la CIDH, de relatores de ONU y la investigación en la CPI siguen ocurriendo detenciones arbitrarias, sentencias de casos políticos y de conciencia violatorios del debido proceso y sin pruebas, abusos policiales de la nueva FAES denominada DAET, torturas como las recientes al joven estudiante John Álvarez, y siguen ocurriendo muchas otras formas de graves violaciones. Pareciera que nada detiene al aparato represor y ni una investigación ante la CPI es suficiente para que haya un real muro de contención
A pesar de que las violaciones a derechos humanos se mantienen, de que el Estado no asume las recomendaciones que emanan del propio sistema de protección a través de la Oficina del Alto Comisionado, las organizaciones de la sociedad civil sí creemos que la presencia o la mirada de estos tres órganos y de otros en el país pudiera generar una respuesta mucho más rápida y unas presiones mucho más contundentes frente a la posibilidad de que el Estado actúe como ha hecho en años anteriores frente a movilizaciones masivas por razones políticas a las puertas de un escenario electoral en el que cíclicamente aumenta la represión porque está en juego la permanencia del gobierno en el poder.
Esta es una previsión, no significa que no pueda ocurrir, pero el compromiso de aceptación de la Oficina del Alto Comisionado, del Sistema de Naciones Unidas en el ámbito humanitario de paz y desarrollo, y de la Misión aunque el Estado no la reconozca quiere decir que a pesar de que siga habiendo impunidad y se cometan violaciones graves a los derechos humanos esta necesidad de reestructurarse, de maquillar la política, de convertir la institucionalidad al servicio del Ejecutivo, de crear normativas para limitar las libertades, indica también que de alguna forma el Estado está entendiendo que tiene la mirada internacional encima.
Y es muy importante algo, que es parte de entender lo que sucede. La investigación en la Corte Penal Internacional establece que los crímenes de lesa humanidad que está investigando encajan en patrones de delitos por persecución política. Y, a pesar de que el Estado lo niegue, sí hay presión para no implementar una represión en términos duros. ¿Qué es mejor o es peor? No quiero hacer ese tipo de determinaciones, pues se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos, solo que el Estado tiene otras tácticas mucho más perfeccionadas y tiene la capacidad de adaptabilidad para seguir siendo represivo de las libertades y los derechos…
Creo que entramos en una etapa donde el Estado está tratando de generar un cúmulo de cerco para no tener que recurrir a la violencia dura, la represión de calle como la hemos visto en épocas de masivas movilizaciones, pero si tiene que recurrir a ella lo va a hacer, sobre todo si está en juego su permanencia en el poder. Y aquí, la presencia in situ y la mirada de afuera del Sistema de Naciones Unidas y de la CPI con contacto directo con víctimas y organizaciones pudiera generar respuestas de protección mucho más rápidas en caso de que el Estado tenga la misma actuación.
En cuanto a las FAESquiero decir que es cierto que el Estado lo que ha hecho es maquillaje con algunas modificaciones que no cumplen los estándares de justicia. El tema de las FAES ha sido tratado en detalle por la Misión, ya había sido denunciado por la propia ex Alta Comisionada Michelle Bachelet al recomendar que había que eliminarlas y adelantar un proceso donde hubiese investigación y justicia de los casos de violaciones a derechos humanos. Lamentablemente el Estado lo que hizo fue maquillar la actuación y esto lo evidencia clarísimo la Misión. Los estándares en esta materia dicen que funcionarios que son señalados como posibles responsables de violaciones a los derechos humanos no pueden ser transferidos a otras instituciones ni ocupar cargos de dirección, menos aun cuando son vinculados a la seguridad y a la misma estructura que permite que sus prácticas violatorias pudieran repetirse. Y resulta que de las FAES solo se eliminó el nombre, pero la estructura de represión, las personas involucradas como sospechosas de cometer violaciones a los derechos humanos no han pasado por ningún proceso de investigación, sino que han sido transferidas a otras posiciones de poder, han sido transferidos a otros espacios, garantizándoles impunidad.
¿Eso pudiera tener consecuencias?
¡Por supuesto! porque son personas, y lo advierte la Misión en su informe, que tienen un procedimiento porque presuntamente ejecutaron acciones que violan derechos humanos. ¿Cuál es la garantía de que en otro organismo de seguridad no actuarán de la misma manera? Porque el problema es que ellos cumplen una orden, pertenecen a una institucionalidad, responden con espíritu de cuerpo a un patrón sistemático de represión por razones de persecución política, y eso lo que reconoce el Estado, les dice a estas personas: ‘Mira, te voy a poner ahí porque sé que cuando haya que cumplir una acción de represión tú vas a actuar’.
La Misión denunció que la Defensoría del Pueblo no investiga ni cumple su función. ¿Qué le queda a la población si no puede contar con esa instancia?
Creo que es una de las cosas más importantes del informe. Tiene muchas cosas importantes, genera estándares en la materia, incluso para lo que va a venir en términos de los procesos electorales y democracia; estándares del sistema de respeto a las libertades asociativas, hace un análisis muy pormenorizado de cómo se ha ido instrumentalizando la institucionalidad, la normativa para limitar las libertades asociativas, para la persecución, el hostigamiento, la estigmatización no solamente contra personas defensoras de derechos humanos, sino activistas, gremialistas, periodistas, etcétera. Pero hay algo muy importante que no sucedía de desde la presencia del actual fiscal Tareck Williams Saab cuando estaba en la Defensoría, y es que en ambos casos, ahora señalando a Alfredo Ruiz, se ha comprobado que la Defensoría no es independiente y no actúa del lado de la protección a los ciudadanos y ciudadanas de este país, sino que se acopla a una institucionalidad que viola derechos humanos. Y esto es gravísimo porque se supone que el defensor del pueblo debería ser el primero al lado para personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, está demostrado que no hay una actuación correspondiente a las obligaciones de la Defensoría del Pueblo y a la figura del defensor del pueblo, sino que sigue órdenes. Es decir, el propio defensor asumió una práctica de no hacer, y eso también es una violación de derechos humanos. Creo que Alfredo Ruiz, que además viene de una organización de derechos humanos que en su momento fue muy importante denunciando ejecuciones extrajudiciales, pasó a formar parte de la estructura del Estado y ha demostrado un fracaso y una incoherencia tremenda sobre los principios de protección hacia la población y las víctimas. Y esto ocurre porque el Estado ha ido generando instituciones que lejos de garantizar las libertades y los derechos, las restringen, las prohíbe y las convierte en hechos punitivos.
El mandato de la Misión está por terminar el próximo año. ¿Cuál cree que es el futuro de esta instancia? ¿Hay posibilidad de que sea renovada, es necesario renovarla o con lo que ha documentado hasta ahora sería suficiente para cumplir el mandato para el cual fue creada?
Dado los informes que ha presentado y la forma cómo han demostrado cada vez con mayor cantidad de testimonios, datos y cifras, y dado que el Estado sigue incumpliendo no solo las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado; es decir, que no respeta la obligatoriedad que ha asumido, y dado que el propio acompañamiento técnico de la Oficina tampoco está teniendo resultados reales, creo que es más pertinente que nunca la continuidad de la Misión de Determinación de Hechos. Y debería haber un respaldo clarísimo y contundente por parte de la Oficina del Alto Comisionado al trabajo que hace, lejos de sentir que es una competencia, más bien deberían trabajar de forma coordinada porque son complementarios. Y si además la CPI ha abierto un proceso para que participen las víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad por razones políticas en la apelación que solicitó el Estado sobre casos que la Misión ha demostrado que están en total impunidad y que hay un patrón que se perfecciona, tiene absoluto sentido y pertinencia la continuidad de su mandato.
El secretario general de Naciones Unidas dio a conocer recientemente el informe sobre intimidaciones y represalias contra personas que recurren al sistema de protección e incluyó a Venezuela. ¿Qué destaca de ese informe?
Ese es un informe que presenta anualmente el secretario general y se trata de un monitoreo de las represalias que sufren personas por hacer uso del sistema de protección de Naciones Unidas. Es decir, todas las personas que de alguna manera consideren que sus derechos han sido violentados, que hacen trabajo de denuncia, de seguimiento, de acompañamiento a víctimas, deben tener toda la libertad, la protección y las garantías para que puedan hacer uso de este sistema en el que participa el Estado venezolano. Y Venezuela ha salido en varios informes, pues en los últimos tres el secretario general ha incorporado casos como COFAVIC, Provea, el Foro Penal, y en este último informe hace un seguimiento de los casos anteriores, de cómo se mantiene ese proceso de criminalización y estigmatización de las organizaciones que hacen uso del sistema e incorpora otros casos nuevos. Allí lo que dice es que Venezuela no está cumpliendo con un proceso que garantice la investigación y la justicia en casos anteriores documentados, sino que mantiene un comportamiento alejado de los estándares.
También cuatro relatores de la ONU emitieron un comunicado sobre el proyecto de la ley antisociedad…
Exactamente. Eso está muy vinculado a las limitaciones al espacio asociativo, a ese perfeccionamiento de un cerco normativo para controlar, limitar y reprimir las libertades para organizarse en la exigencia de derechos. Este uniforme que hacen los relatores es muy importante porque establece claramente por qué esta ley que se aprobó a principios de año, que fue absolutamente inconstitucional, inconsulta, que se aprobó de manera exprés en la Asamblea Nacional, genera profundas preocupaciones si se aprueba en su totalidad y si se implementa, porque es contraria a lo que debería ser una ley garantista del derecho asociativo en cualquier país del mundo.
Así que el Estado está haciendo muchísimo esfuerzo por tratar de vender que la disminución en número de la violencia, de la represión y de las limitaciones en materia de derechos humanos significa que está cumpliendo y mejorando su actuación. Pero lo que está ocurriendo es que los informes del propio sistema de derechos humanos están diciendo que el Estado está en un momento de transformación, de adaptabilidad a un contexto específico en el que necesita castigos ejemplarizantes, represión puntualizada para generar efectos inhibitorios y establecer una institucionalidad y un marco normativo de cerco y de limitaciones a las libertades ante el contexto electoral, así la gente se siente vulnerable, con miedo, no se organiza, siente que no tiene derecho a la asociación para que cuando venga un partido o una iniciativa política de mayor movilidad y participación ellos no tengan que recurrir a una represión masiva como la que abrió la investigación en la Corte Penal Internacional.
¿En qué está enfocado actualmente el trabajo del Laboratorio de Paz?
Estamos trabajando en algunos aspectos fundamentales, uno en conjunto con otras organizaciones como Civilis Derechos Humanos y Provea que tiene que ver precisamente con protección a personas defensoras de derechos humanos y de las libertades asociativas. Además, estamos trabajando en un proyecto que se llama Visión Compartida, que es la posibilidad de que desde diferentes miradas y áreas podamos pensar en procesos de democracia, de transición pacífica y de futuro con democracia, dignidad y garantía de derechos humanos en el país. También, hacemos monitoreo e incidencia en torno a cómo las violencias se siguen manifestando. En sí, creemos que la paz está vinculada a causas múltiples que generan violencia y en este sentido Venezuela sigue siendo uno de los países con menos garantías de paz y de posibilidad de que la gente tenga formas menos violentas para la existencia y la dignidad.//
