Por Dharma Parra Kasen
(05-05-2024) Las emisiones de carbono no son un tema exclusivo de países desarrollados o con altísimos niveles de industrialización.
En Venezuela la actividad petrolera lanza a la atmósfera gas natural quemado que, aunque pudiera ser aprovechado de otra forma, actualmente sólo contamina.
Durante la última década, el país ha formado parte de los 10 países principales que queman 75 % de la totalidad de gas en el mundo.
Con México, Iraq, Irán, Argelia y Nigeria, además de los gigantes industrializados que también recogen beneficios, pero no invierten en mejores prácticas extractivas de combustibles fósiles.
Las consecuencias de esta acción contaminante sostenida quedaron evidenciadas en la investigación realizada por el servicio árabe de la BBC, en el que trabajaron expertos ambientales y de salud en las adyacencias de cuatro sitios de extracción petrolera en Irak durante 2021.
La documentación incluye evidencia de que la quema de estos gases aumenta el riesgo, para las personas que viven cerca de los campos petroleros, de desarrollar algunos tipos de cáncer debido a altos niveles de sustancias químicas en sus cuerpos.
A esto se suma el informe del Ministerio de Salud Iraquí, al que tuvo acceso el mencionado equipo de investigadores, y en el que se señala que en la región de Basora (donde se refina petróleo), los nuevos casos de todos los tipos de cáncer aumentaron 20 % entre 2015 y 2018.
Según el Informe de 2022 de seguimiento de la quema de gas en el mundo, el año anterior se quemaron, innecesariamente, 144.000 millones de metros cúbicos de gas en instalaciones de petróleo y gas de todo el mundo.
Esto generó alrededor de 400 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. 361 millones de esas toneladas se emitieron en forma de dióxido de carbono y 39 millones de esas toneladas en forma de metano.
Lo paradójico es que, de acuerdo a datos de la Agencia Internacional de Energía, si todo el gas natural quemado a nivel mundial fuese capturado y utilizado, podría reemplazar más de nueve décimas partes del gas que Europa importa desde Rusia, por ejemplo.
En el caso de Venezuela, quemó en el 2023 aproximadamente 1.200 millones de pies cúbicos de gas/día, según el Ministerio de Energía y Petróleo, sólo en los estados Zulia y Falcón y en la Faja del Orinoco.
Y, de acuerdo a la firma Gas Energy Latin America en Monagas, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ventea y quema unos 1.700 millones de pies cúbicos de gas/día.
La suma de esto es prácticamente el doble de lo que se requiere para satisfacer la demanda interna industrial y de transporte estimada en 1.500 millones de pies cúbicos/día. También es más de la producción total nacional de 2.000 millones de pies cúbicos de gas/día.
No está de más aclarar que no todo el gas asociado con la explotación petrolera se quema, también se libera una cantidad de metano relativamente pequeña, sin que haya entrado en combustión.
La decisión de quemar diariamente millones de pies cúbicos de gas con los consiguientes efectos nocivos sobre la salud de la población cercana a las instalaciones que mantienen estas chimeneas tóxicas, es en primer lugar un asunto de salud pública.
Luego está la consideración de que desde la perspectiva de planificación estratégica de negocios país se siguen desperdiciando recursos en vez de aprovechar las oportunidades de mercado que ofrece el déficit regional de gas como segunda fuente energética detrás del petróleo.
Sigue pendiente la tarea de desarrollar efectivamente la infraestructura e incorporar la tecnología que permita procesar los activos marinos del complejo industrial Mariscal Sucre, en el Golfo de Paria, con reservas estimadas en 13,6 trillones de pies cúbicos, y que PDVSA inició en 2014; pero que, diez años después, no ha podido explotar completamente.
Que es, incluso, una postura humanitaria dada la terrible crisis de energía eléctrica por la que atraviesa Venezuela.
Es posible el aprovechamiento del gas que actualmente se quema, en centrales de ciclo combinado que convierten la energía térmica del gas natural para activar el doble mecanismo de turbinas de gas y de vapor a alta presión y obtener electricidad.
Esta es una ruta que merece ser considerada como alternativa a someter a la población al racionamiento eléctrico. Sin olvidar que estas centrales son más eficientes que las de carbón y producen menos emisiones de gases de efecto invernadero.
Como se ve, la quema de gases de efecto invernadero en refinerías de PDVSA es mucho más que un desperdicio. Aunque, por supuesto, la petrolera no es la única fuente de emisión de gases tóxicos de efecto invernadero en Venezuela.
El otro peligro relativamente nuevo en el país, es la quema de vegetación urbana y bosques, que también genera emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano y monóxido de carbono) incorporadas en el aire que respiran las poblaciones cercanas a estos focos, y que, en Venezuela, que tiene prolongados periodos de sequía, se mueven en la atmósfera por mucho tiempo y a través de distancias significativas.
De allí que el impacto de los incendios forestales es otro tema que hay que discutir en busca de soluciones en Venezuela, dada la inédita cantidad de focos y áreas afectadas en meses recientes.
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México determinó que, en promedio, solo alrededor de 2 % de los incendios son causados por factores naturales. Lo que deja claro que ese es un elemento sobre el que hay que intervenir activamente para prevenir la ocurrencia de estos siniestros ambientales.
Sobre todo, en un país en el que se quema basura porque los municipios venezolanos no son capaces de responder con servicios de recolección de desechos a la altura de las demandas ciudadanas.
También la práctica agrícola artesanal o de conuqueo de quemar para desmalezar tiene incidencia en la ocurrencia de los incendios forestales. Es decir, hay todo un contexto sociocultural que considerar para abordar la prevención de estos fuegos, y va mucho más allá de simple refrescamientos.
El efecto inmediato evidente del fuego es la desaparición de las capas de vegetación arrasadas y convertidas en carbón. Las de mayor masa quedan en el suelo, pero una gran cantidad, de tamaño minúsculo, llamadas micropartículas se incorporan al aire. Y son factores determinantes del incremento de la morbimortalidad que respirar esos gases tiene para los seres humanos. Por lo que tiene sentido revisar lo que está pasando con cada soplo de aire que entra al cuerpo.
Así como en el pasado reciente las instancias sanitarias de casi todos los países, incluida Venezuela, legislaron para proteger a las poblaciones de las terribles consecuencias para la salud, de respirar el humo del cigarrillo que mata a un mínimo de 8 millones de personas al año, y varios millones más padecen cáncer de pulmón, tuberculosis, asma o enfermedades pulmonares crónicas. Además de los 60.000 menores de 5 años que mueren de infecciones en las vías respiratorias causadas por el humo de fumadores.
Igualmente habría que tomar medidas urgentes para regular, hasta eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque el humo del tabaco y el dióxido de carbono, el metano y el monóxido de carbono son muy diferentes, se ha demostrado en muchos casos como el señalado arriba, que las partículas que se encuentran suspendidas en el aire son dañinas.
Incluso la pandemia del Covid-19 dejó claro que tomar medidas sencillas y que no son tan costosas, como promover el uso de mascarillas, por ejemplo, pueden prevenir que infecciones se extiendan sin control.
Del mismo modo, la implementación de medidas similares en comunidades cercanas a las plantas con mecheros en los que se queman gases, pueden ser efectivas en la prevención de la morbimortalidad asociada, mientras se corrigen las operaciones generadoras de gases de efecto invernadero que atentan contra la salud humana.
Es cierto que hay diferencias en las fuentes generadoras de gases contaminantes de la atmósfera, pero los peligros de desatender los niveles en los que están creciendo, son los mismos. Porque lo que resulta indudable es que mejores prácticas son necesarias, en la gestión de los recursos y en manejo responsable de la industria de combustibles fósiles.
