María Alejandra Silva/Caleidoscopio Humano
(28-09-2022) Desde 1982 diferentes organizaciones han recorrido y accionado en el camino para lograr la despenalización del aborto en Venezuela, siendo la primera la Federación Médica Venezolana, quienes solicitaron al Congreso de la República que la Reforma de la Ley del Ejercicio de la Medicina se despenalizara en casos de embarazos precoz por violencia sexual.
En países como Chile, Brasil, Ecuador y Colombia, desde 2006 admiten el aborto cuando está justificado por tres causales: cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer; cuando una grave malformación del feto hace inviable su vida extrauterina; y en caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida. En Bolivia se admite una cuarta causal: cuando el embarazo es producto de incesto.
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Sin embargo, en Venezuela las mujeres llevan una lucha de 40 años exigiendo el derecho a decidir sobre su cuerpo. Por ahora en Venezuela sólo está permitida esta práctica cuando corre riesgo la vida de la madre.
El artículo 432 del Código Penal venezolano establece que “La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de seis meses a dos años”.
El abogado, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justica, explicó al portal noticias Bloomberg que los artículos que hacen referencia al aborto en la legislación venezolana son de vieja data, “a pesar de haberse realizado cambios en el Código, estas normativas referentes al aborto continúan vigentes. Eso es una muestra de lo retrógrado que está nuestro marco normativo”.
Según un informe de la ONG Avesa, en Venezuela por cada cuatro partos se atiende un aborto clandestino. Solo en 2019 hubo un promedio de 15 abortos por día, con un total de más de 2.200 en el año. El aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna en Venezuela.
Por otra parte, la ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, hizo la recomendación de la despenalización del aborto en Venezuela en varias ocasiones, recordando que es un derecho que el Estado venezolano debe respetar a las mujeres.
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La organización Comadres Púrpuras también aseguró que las mujeres empobrecidas son quienes ponen en riesgo su salud y son las que mueren por abortos mal practicados. “El aborto inseguro es problema de salud pública”.
Añadiendo que “las pastillas mifepristona y misoprostol también son ilegales. Esto favorece la especulación: cada pastilla tiene un valor exorbitante y se necesitan 12 para interrumpir un embarazo antes de las 12 semanas -según protocolo de la Organización Mundial de la Salud, por lo que no todas las mujeres pueden adquirirlas”.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han asegurado que la aprobación del aborto en Venezuela debe ir acompañado de políticas públicas adecuadas que reduzcan el embarazo precoz, así como una educación sexual desde los primeros niveles de educación.
El informe sobre Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2021, dice que en “las principales ciudades de Venezuela el índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias osciló entre el 83,3 y 91,7 %.
Casos como el de Vanessa Rosales, una activista detenida en el estado Mérida en octubre de 2020 y acusada de aborto inducido en una adolescente de 13 años que fue violada en reiteradas ocasiones por un hombre de 52 años, muestran la criminalización de las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Venezuela.
En los últimos años, la lucha por la despenalización del aborto a unido a diversos movimientos y ahora no es solo en pro de mujeres, niñas y poblaciones LGTBQ+, también es de pueblos indígenas y comunidades campesinas.
Decidir sobre nuestros cuerpos tiene que ser un derecho garantizado por el Estado venezolano y la lucha continuará hasta que lo reconozcan.
