El informe “El libro rojo de Nicolás Maduro“, realizado por varias ONG en alianza, da cuenta de los aspectos que agravaron aún más las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y cercaron el espacio cívico del 10 de diciembre al 10 de febrero
(23-02-2025) La “instalación de un gobierno de facto” el pasado 10 de enero en Venezuela agravó la crisis política al debilitar aún más el Estado de derecho y la institucionalidad democrática en el país, de acuerdo con el informe “El libro rojo de Nicolás Maduro“, un reporte de la alianza de organizaciones llamada Derechos Humanos en Movimiento.
Este estudio, llevado a cabo por varias organizaciones nacionales de derechos humanos que no firman para garantizar la seguridad de sus miembros, evaluó la situación de los DD. HH. en Venezuela.
En específico, el informe abarca el período entre el 10 de diciembre de 2024 y el 10 de febrero de 2025 y concluyó que se trató de un período en el que la defensa de las garantías atraviesa obstáculos mayores.
“La defensa de los derechos humanos en el país sufre de importantes restricciones debido a la sinergia entre la potencial aplicación de normativas restrictivas y la progresiva disminución de la cooperación internacional, incluyendo el hito de la abrupta interrupción del apoyo de USAID, que afectará notablemente a portales de información y organizaciones humanitarias y de derechos humanos”.detalló el estudio.
Indicadores de la voluntad popular
El estudio detalló cinco puntos que, se considera, sustentan que la “voluntad popular del pueblo venezolano habría seleccionado al candidato Edmundo González como presidente para el período 2025-2031”.
Entre ellos destacó la no publicación de los resultados detallados de los comicios presidenciales del 28 de julio pasado, además de las conclusiones emanadas del Panel de Expertos Electorales de Naciones Unidas y el Centro Carter, que cuestionaron la transparencia del proceso.
Los autores del informe aseguran que las actas electorales difundidas por la oposición, más de 895 vídeos de lectura de resultados y estudios realizados previamente por cinco encuestadoras del país; así como la opinión del presidente chileno, de tendencia izquierdista, Gabriel Boric sobre el “robo” de las elecciones, son otras pruebas.
Terror para el control
El informe da cuenta de que durante los 63 días evaluados ocurrieron, al menos, 138 detenciones arbitrarias por razones políticas en 19 estados del país. La lista la encabeza Distrito Capital, con 23 detenciones.
“Esta cifra sugiere que cada día, desde el 10 de diciembre de 2024, se detuvieron a dos personas en el país por razones políticas, una cada 12 horas”, destacó el análisis.
Se computó la cifra de tres personas privadas de libertad por razones políticas fallecidas en custodia del Estado. A éstos se identificó como Jesús Martínez, Jesús Álvarez y Osgual González; y la novedad de la detención de extranjeros para “intentar forzar una negociación bilateral con sus gobiernos”.
Recordó el estudio que el Estado venezolano ha estado “incrementando el terror como herramienta de control social”. Un instrumento que, aseguró, ha sido promovido desde el 28 de julio pasado a través de actuaciones calificadas como “Terrorismo de Estado”.
Repunte de la criminalización
El documento de 112 páginas refiere la detención de seis personas durante el lapso del estudio “por mensajes que circularon en redes sociales”. Asimismo, reporta el cierre de dos emisoras de los estados Falcón y Bolívar y de un programa de radio.
“Durante las manifestaciones del 09.01.25, según datos de Ipys Venezuela, se registraron 4 detenciones arbitrarias y 6 agresiones y hechos de amedrentamiento que afectaron a 10 trabajadores de la prensa”, destacó el informe, exaltando que 11 trabajadores de la prensa permanecen detenidos.
Los defensores manifestaron también su preocupación por los ataques oficiales en contra de quienes han recibido apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). De esta forma intentan criminalizar su labor o exponiéndolos públicamente, tras las decisiones del presidente de EE. UU., Donald Trump, de pausar el financiamiento.
“Esta situación ha reimpulsado la tradicional campaña de criminalización de las autoridades venezolanas contra la cooperación internacional”, afirmó el estudio, que documentó declaraciones de altos funcionarios del Estado en contra de las ONG por este motivo.
Por ejemplo, remarcó que el pasado 3 de febrero, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, declaró: “Las elecciones primarias de la oposición venezolana las pagó la USAID, y mintieron sobre el mecanismo que estaban haciendo. Se lo vamos a mostrar. Le vamos a mostrar a quiénes financiaron, a los Súmate, a los Provea y hasta a bandas de rock (…) esas ONG que cada vez que tienen oportunidad declaran contra nuestro país desde cualquier lugar del mundo. Lo hacen con dinero y financiamiento de la Usaid”.
Según datos del estudio, Colombia fue el país que más aportes recibió de la USAID este año 2024, con unos 389 millones de dólares. El segundo país fue Haití, con 316 millones de dólares. En tercer lugar se ubicó Venezuela, con 205 millones de dólares.
La suspensión del financiamiento estadounidense ha derivado en una crisis para las organizaciones de la sociedad civil y medios de Venezuela. De acuerdo con el informe, esta situación debilita aún más el espacio cívico.
