Gobierno de Maduro rechazó en la ONU dejar de utilizar a la justicia para perseguir a la disidencia

EPU

Las autoridades desecharon 59 de las 280 recomendaciones que recibieron durante el III Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, celebrado en enero; y diez ellas iban dirigidas a fortalecer la independencia judicial

Crónica Uno

(02-07-2022) Los tribunales y la Fiscalía continuarán formando parte del aparato represor contra la oposición. Así lo confirmó el Gobierno de Nicolás Maduro, el cual rechazó comprometerse ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a no volver a utilizar a estas instancias del Poder Público para perseguir y silenciar a la disidencia.

La negativa la dieron las autoridades venezolanas al anunciar cuáles de las 280 recomendaciones para mejorar la situación de las garantías fundamentales en el país que recibieron durante el III Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU), celebrado en enero pasado, aceptaron poner en marcha; y cuáles descartaron.

“Garantizar que no se utilizan las instituciones del Estado para perseguir a los opositores políticos, los periodistas y demás trabajadores de los medios de comunicación, a los dirigentes sindicales y a otros supuestos opositores al Gobierno”. Esta sugerencia, formulada por el Gobierno de Suecia, fue una de las 59 que la Administración de Maduro rechazó, por considerarla como una “muestra concreta del uso politizado de los Derechos Humanos para atacar a un Estado soberano, en contravención de los principios del derecho internacional”.

El papel asumido por la justicia en los últimos años ha sido duramente cuestionado por instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela, la cual denunció que debido a su falta de independencia “ha dejado de funcionar como un control independiente de los demás poderes del Estado” y se ha convertido en un autor o cómplice de graves violaciones a las garantías fundamentales.

A la papelera

10 de las 59 de las recomendaciones desechadas estaban dirigidas a fortalecer la independencia del Poder Judicial y todas coincidían en pedirle a las autoridades venezolanas que pusieran en marcha las reformas legales y administrativas necesarias para restablecer “la independencia e imparcialidad del sistema judicial, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo” como instancias fundamentales para salvaguardar el Estado de Derecho, la defensa de la legalidad y la protección de los Derechos Humanos.

“En Venezuela se respetan y garantizan los Derechos Humanos a todas las personas, sin discriminación de ninguna naturaleza. Las personas privadas de libertad en el país se encuentran sujetas a procesos penales conducidos por los órganos del sistema de justicia, con las garantías para un juicio justo, incluyendo el pleno ejercicio de los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y al legítimo derecho a la defensa”, replicaron las autoridades al justificar su negativa ante el Consejo, al tiempo que afirmaron que muchas de las recomendaciones tendientes a fortalecer la independencia de la justicia ya están siendo implementadas.

Nada de supervisión

El Gobierno también rechazó las peticiones que lo instaban a reforzar la colaboración con instancias de Naciones Unidas, así como a permitir la visita de más relatores o de los miembros de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Venezuela.

“Venezuela ratifica que no reconoce, ni reconocerá, mecanismos paralelos e innecesarios que pretenden entorpecer la fluida relación de cooperación establecida con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en clara violación de los pilares fundamentales del multilateralismo y del funcionamiento del Consejo de Derechos de Humanos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y el Paquete de Construcción Institucional del Consejo, entre otros instrumentos relevantes”, dijo en relación a la Misión.

Igualmente, las autoridades hicieron oídos sordos a los llamados para dar marcha atrás en su salida de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, así como a liberar de manera “inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos” actualmente encarcelados.

Examen periódico

Durante  el diálogo interactivo sobre el Examen Periódico Universal de Venezuela, desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la ONG Espacio Público advirtió que en los últimos cinco años Venezuela ha promovido restricciones injustificadas al espacio cívico, incluyendo derecho a manifestación y expresión: “Al menos 45 portales bloqueados. 43 periodistas víctimas de restricciones. 8 defensores detenidos”.

Carlos Correa, director de Espacio Público, advirtió que  “Se ha restringido el espacio para sociedad civil . La persecución judicial sigue”.  Venezuela solo aceptó solo 27 de las 53 recomendaciones que recibió sobre el espacio cívico, por lo que hicieron un llamado al gobierno de Venezuela para tomar medidas concretas para abordar esta situación.

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