El reporte de la organización no gubernamental resaltó que las intimidaciones fueron el tipo de violación más frecuente
(07-07-2024) La organización no gubernamental (ONG) Espacio Público denunció el 5 de julio que en Venezuela se registraron 41 violaciones a la libertad de expresión durante el mes de junio, una más que las contabilizadas en mayo.
Espacio Público resaltó que al menos 16 periodistas fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión, así como también seis camarógrafos o técnicos y un medio de comunicación.
De acuerdo con el reporte, entre los victimarios hay seis instituciones públicas, cinco cuerpos de seguridad y dos funcionarios, así como dos grupos simpatizantes del oficialismo.
“También registramos la detención de dos particulares y dos periodistas”, señaló la ONG a través de una nota publicada en su página web.
Según datos de la ONG, se registraron 68 violaciones al derecho a la libertad de expresión en los primeros cuatro meses de 2024, lo que significó un incremento del 26 % con relación al mismo periodo de 2023, cuando la cifra fue de 54.
Los tipos de violaciones más frecuentes fueron las intimidaciones (30 %), seguido de la censura (27 %) y en tercer lugar el hostigamiento judicial (14 %).
Espacio Público no detalló a qué hechos corresponde el 29 % restante de violaciones a la libertad de expresión.
Censura contra estaciones de radio
Espacio Público denunció el ataque contra varias estaciones de radio en Venezuela por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
El 8 de junio, la emisora radial La Vernácula 88.3 FM que operaba desde 2008 en la ciudad de Zaraza, estado Guárico, fue víctima de censura debido a que funcionarios de Conatel confiscaron el procesador de audio, la consola, computadoras, micrófonos y otros equipos.
“La emisora era completamente cultural y folclórica, dedicada a la promoción de la música y las costumbres de su localidad. Sin embargo, en el programa cultural “Entre tiples y bordones” del locutor Alexander Matabán, hacía algunas referencias a informaciones de tipo social o político”, señaló la ONG.
Otro caso que documentaron fue la salida del aire del programa Guayana a las 12, conducido por la periodista Francesca Díaz, de la emisora Electrika 97.7 de Puerto Ordaz, en el estado Bolívar.
De acuerdo con Espacio Público, la medida se debió a “constantes presiones de la directiva” para minimizar el contenido político del espacio.
La censura registrada el 7 de junio en la grabación en vivo de un capítulo del podcast A Medias, conducido por la politóloga Ana Milagros Parra y el comunicador Ricardo del Búfalo, es otro de los casos expuestos en el reporte.
El espacio fue censurado por autoridades de una universidad autónoma de Maracay, estado Aragua, en la que los conductores se presentaron ante estudiantes de ese recinto como parte de una gira universitaria para promover e informar sobre los derechos políticos de la ciudadanía.
“Casi al final, una autoridad les exigió cortar la grabación y les pidió retirarse del campus”, detalló la ONG.
Violaciones contra la ciudadanía
Entre los casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela documentados por Espacio Público resalta el de la ciudadana Sandra Alizo, quien fue agredida por tres mujeres simpatizantes del oficialismo en un colegio de San Fernando, estado Apure.
El hecho ocurrió luego de que Alizo registrara y denunciara puntos rojos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) durante el simulacro electoral que se realizó el 30 de junio para las elecciones presidenciales.
Alizo denunció que las mujeres la golpearon y le quitaron su teléfono celular para borrar las fotos que había tomado previamente.
“Según indicó la ciudadana, las agresoras son integrantes de una “UBCh” local, grupos organizados de afectos al PSUV que anteriormente ha acosado, intimidado y amenazado a personas en comunidades que no apoyan al oficialismo”, señaló el informe de la ONG.
Otro caso que resaltaron fue el de los periodistas Luis López e Ismael Gabriel González, y los activistas políticos Jeancarlos Rivas, Juan Iriarte y Javier Cisneros, todos detenidos “de forma arbitraria” en Caracas y La Guaira entre el 14 y el 17 de junio.
Los detenidos fueron acusados por instigación al odio al ser relacionados con actividades del comando de campaña de la líder opositora María Corina Machado.
Agresiones a periodistas
Otra de las violaciones que registró Espacio Público durante el mes de junio involucraron a periodistas venezolanos que intentaban ejercer su labor en diferentes actividades.
El 24 de junio, documentaron la denuncia del periodista Jefferson Díaz sobre el impedimento por parte de autoridades del Consulado de Venezuela en Quito, Ecuador, de hacer entrevistas a migrantes venezolanos durante una jornada de entrega de pasaportes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
«El impedimento también afectó la labor informativa del equipo del medio local Teleamazonas, que iba a entrevistar en el lugar a Díaz. Una funcionaria del Consulado les indicó que no podían estar allí, ni grabar, ni hacer entrevistas”, denunció la ONG.
Otro caso ocurrió el 30 de junio, en el que funcionarios de seguridad del candidato presidencial de la oposición, Edmundo González Urrutia, agredieron a trabajadores de la prensa que intentaban cubrir su llegada a la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar.
“Entre las personas agredidas se encontraban Jhoalys Siverio, de Correo del Caroní y Crónica Uno; Carlos Zúñiga, de VPI, junto con su camarógrafo José Medina; Rosangely Bruces, de Nueva Prensa Guayana; Enderson Pérez y su camarógrafo, de Venevisión; así como Gustavo Montaño, Alvis Herrera y Leonardo Estanga, también trabajadores de la prensa”, detalló Espacio Público.
No obstante, la jefatura de prensa de Edmundo González Urrutia explicó posteriormente que en el lugar había “personas infiltradas para generar caos” por lo que hasta parte de su equipo resultó agredido en medio del caos que se originó.
