Cuando el desastre “es natural”, pero la respuesta marca la diferencia en la supervivencia y la dignidad de las víctimas, resulta imposible analizar sin comparar. Con tan solo 47 días de diferencia, Colombia revive la pesadilla que todavía Venezuela no supera
@gabybuada / Caleidoscopio Humano
Reportaje realizado a partir de testimonios y documentación del NotiDesca.
Se usó Inteligencia Artificial para revisar algunos datos comparativos entre los dos países e imágenes para evitar la revictimización. –
Para abordar el impacto de la emergencia sísmica en Latinoamérica haciendo énfasis en Venezuela y Colombia se debe considerar el enfoque de derechos humanos. Y, para ello, se requiere girar la mirada y ver lo sucedido, no sólo como un evento geológico, sino como un catalizador que pone a prueba la respuesta estatal, la equidad en el acceso a recursos y la vulnerabilidad social preexistente.
En medio de los últimos eventos en estos países, pareciera que la vulneración de derechos depende del lugar donde toque vivir la tragedia y aunque la magnitud, profundidad, ubicación y condiciones de infraestructura marcan grandes diferencias, la evidencia del impacto por falta de preparación, inversión, conocimiento y estándares de derechos humanos es perceptible.
«Yo no sé, mi corazón dice que mi hijo está vivo, pero tenían que mandar rescate. Cuando pasó todo eso aquí no había rescate, aquí no había bombero, aquí no había nada en medio del desastre. Los rescatistas esperaban la llegada de maquinaria pesada que tardaba en aparecer. Yo conseguí a mi hijo al sexto día…», relató Arsenio Henríquez, sobreviviente del doble terremoto en Venezuela en La Guaira.
Los estándares internacionales de derechos humanos —especialmente los definidos por la ONU (Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, Directrices entre Organismos) y el Sistema Interamericano— establecen que en emergencias de origen natural, la protección de la vida y la dignidad humana debe prevalecer sobre consideraciones políticas o burocráticas.
Para proteger los derechos de la población vulnerable y maximizar el rescate de vidas en el contexto de desastres naturales o emergencias sísmicas masivas, las normas internacionales exigen las siguientes acciones:
- Derecho a la vida y seguridad: Obliga a los Estados a implementar protocolos eficaces de búsqueda, rescate y protección de la integridad física desde las primeras horas («las 72 horas doradas»).
- Acceso irrestricto a la ayuda humanitaria: Las autoridades deben autorizar, facilitar y garantizar la entrada y distribución rápida de cooperación internacional, insumos médicos y equipos especializados de búsqueda y rescate sin discriminación política.
- Transparencia e información pública: Garantizar el derecho a la información veraz mediante reportes oportunos sobre víctimas, desaparecidos, zonas de riesgo y centros de acopio o refugio.
- Protección de poblaciones vulnerables: Priorizar la atención médica, albergue, agua potable y saneamiento para niños, personas mayores, personas con discapacidad e individuos en situación de desplazamiento.
- Manejo digno de cadáveres e identificación: Proteger la memoria e identidad de las personas fallecidas, facilitando la entrega digna de los restos a sus familiares y evitando fosas comunes indiscriminadas.
Acciones clave para salvar vidas y respetar derechos
| Ámbito de actuación | Medidas para el respeto de DDHH y reducción de pérdidas humanos |
| Cooperación Internacional | Apertura inmediata y sin trabas a organismos humanitarios (ONU, Cruz Roja Internacional, equipos USAR extranjeros) para el despliegue de tecnología de rastreo bajo escombros. |
| Transparencia informativa | Centralización de datos en un portal accesible y unificado de personas desaparecidas y rescatadas para calmar el pánico y orientar las búsquedas familiares. |
| Respuesta de salud | Establecimiento de corredores de emergencia y hospitales de campaña dotados de suministros críticos sin dilaciones en aduanas. |
| Gestión de refugios | Espacios temporales que garanticen seguridad física, acceso continuado a agua potable, alimentos e higiene, evitando el hacinamiento y previniendo la violencia. |
| Protocolos de gestión ambiental | Manejo adecuado de escombros y materiales peligrosos (como el asbesto) para prevenir emergencias sanitarias secundarias o daños ambientales en zonas pobladas y ecosistemas. |
La aplicación estricta de estos estándares internacionales no solo reduce la pérdida inmediata de vidas humanas, sino que protege los derechos fundamentales a la salud, la vivienda y la información durante las fases de rescate y reconstrucción.
Venezuela y Colombia distintas gestiones
En Venezuela no solo no se respetó estándares de derechos humanos, si no que se justificó, escondió y mintió acerca de la falta de respuesta por parte de autoridades gubernamentales.
Cristian Farias, doctor en Geofísica y sismólogo de nacionalidad chilena explicó que los eventos sísmicos en distintos países responden a dinámicas de placas independientes y no a un efecto en cadena o una activación global.
“En el caso de Colombia, se pudo evaluar rápidamente ya que las autoridades informaban cada dos horas cifras que podían determinar la magnitud de los daños ”, enfatizó.
El doctor Farías también señaló que la prevención es imprescindible, “no tenemos un año más complicado que el año anterior en cuanto a movimientos sísmicos, los terremotos, aunque sean eventos naturales, generan desastres socio-naturales cuyo impacto depende de decisiones sociales. En el caso venezolano todos vimos que la falta de planificación y la corrupción generó el desastre y en el colombiano tuvo que ver el impacto en Cali lo viejo de las infraestructuras”.
El epicentro colombiano se registró en poblaciones pequeñas. Cali, una de las ciudades más afectadas, sufrió una sacudida más intensa. Mientras que en Venezuela el lugar devastado fue La Guaira, franja costera urbanizada. También se impactó parte de Caracas que se encuentra sobre una cuenca sedimentaria profunda que en lugar de amortiguar las ondas sísmicas, las amplifica.
El trabajo es preventivo: Qué es lo que nos falta hacer cuando llega el sismo
Más de un centenar de edificios han sufrido graves daños en varias ciudades de Colombia.
“Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas; ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro”, manifestó el alcalde, Alejandro Eder en el primer reporte.
El terremoto de Colombia, aunque de alta magnitud (7.4), ocurrió a una profundidad intermedia (103 km) con epicentro en una zona selvática (San José del Palmar, Chocó), lo que mitigó parcialmente la intensidad destructiva en comparación con sismos superficiales, pese a registrar colapsos considerables en urbes como Cali y Pereira.
Venezuela reportó importantes afectaciones de terreno (como desplazamientos de tierra masivos y alteración en zonas costeras), mientras que Colombia sufrió el colapso focalizado de infraestructura crítica (redes de acueducto, centros de salud y vías de comunicación en el occidente del país).
También, se debe resaltar que el impacto fue superior en pérdida de vidas humanas (6.301 víctimas mortales), atribuido a la densidad poblacional de la zona costera afectada y al daño acumulado entre los dos sismos casi simultáneos.
Las cifras son necesarias
La cifra exacta de personas desaparecidas tras un terremoto es la métrica operativa fundamental para que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos y garantice la efectividad de las acciones correctivas. En Venezuela no solo no se conocen estos números, si no que todavía hay familias tratando de ubicar a sus seres queridos.
Durante el doblete sísmico, según testimonios de habitantes y familias consultadas por Caleidoscopio Humano las fallas en las comunicaciones, la interrupción del fluido eléctrico y el colapso de edificios residenciales generaron momentos de profunda incertidumbre en las primeras 72 horas de búsqueda de sobrevivientes.
46 días después la familia Ramos logró conseguir a la “seño de las uñas bonitas”. Cristina Margarita Ramos estuvo atrapada 40 horas entre los restos del edificio donde vivía en La Guaira, los rescatistas consiguieron llegar hasta ella, estaba consciente. Hablaba, respondía preguntas y bromeaba con quienes intentaban liberarla.
Ramos fue sacada con vida y trasladada en una ambulancia privada hasta el Hospital Naval Dr. Raúl Perdomo Hurtado, en Catia La Mar. Su hija contó que el médico que viajó con ella aseguró que estuvo consciente durante el trayecto y que incluso conversaron sobre sus problemas de salud. A partir de su llegada al centro médico, su familia le perdió el rastro.
Este caso es solo uno de los testimonios documentados por Caleidoscopio Humano que denuncia las dificultades para reconstruir qué ocurrió con estas personas en medio del colapso provocado por la tragedia.
El gobierno de Delcy Rodríguez no ha dado cifras de personas desaparecidas hasta el momento. Tampoco hay cifras segregadas por género, niños, niñas y adolescentes acompañados.
Durante las «72 horas doradas», saber quiénes faltan y dónde se encontraban orienta la maquinaria pesada y las brigadas especializadas (USAR) hacia puntos específicos, evita remover escombros a ciegas o dar por terminada la búsqueda de forma prematura.
Un censo unificado evita que los fallecidos sean enterrados de forma indiscriminada en fosas comunes sin identificación, garantizando los derechos de los familiares a la verdad, el duelo y la sepultura digna y aunque los anuncios oficiales indicaron que no habría cadáveres en fosas comunes, las imágenes y los testimonios mostraron la ausencia de gestión con estándares de derechos humanos.
| Factor obstaculizador | Impacto en la respuesta humanitaria |
| Opacidad y falta de datos unificados | El desfasaje entre reportes oficiales preliminares y los conteos llevados a cabo por iniciativas independientes creadas por la sociedad civil generó incertidumbre y desconfianza entre los familiares. |
| Rechazo a asistencia internacional oportuna | La demora en permitir el ingreso de equipos especializados de rescate o la falta de coordinación con agencias internacionales obstaculizó las labores de rastreo en infraestructuras destruidas. |
| Colapso de comunicaciones e infraestructura | La caída prolongada de la red eléctrica y telecomunicaciones imposibilitó la transmisión de datos en tiempo real entre los hospitales, morgues habilitadas y centros de acopio. |
| Debilidad en protocolos forenses | La saturación de las morgues llevó a un manejo acelerado de cadáveres sin las muestras ni pruebas de cotejo de ADN debidas para su posterior identificación. |
La discrepancia entre los registros oficiales y las bases de datos abiertas alimentadas de forma colaborativa por la comunidad evidenció las deficiencias organizativas durante el desastre, restringiendo la capacidad de llevar a cabo labores de rescate dirigidas y coordinadas según las exigencias de los organismos de derechos humanos.
La emergencia sobre la ruina
Hablar de gestión de la ayuda humanitaria justa es entender que esto permite cuantificar las necesidades reales de refugio, atención médica y alimentación para sobrevivientes, evitando la manipulación política o el desvío de la ayuda.
En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas es lo que permite diagnosticar qué tipos de estructuras colapsaron (evaluación de normas de construcción) y medir la capacidad de respuesta estatal para implementar reformas institucionales y de infraestructura a futuro.
En el contexto de la emergencia sísmica ocurrida en Venezuela, diversos factores institucionales y de infraestructura dificultaron la consolidación y divulgación de un registro oficial. Por ello, organizaciones de derechos humanos, sociedad civil y voceros comunitarios han señalado múltiples irregularidades en la gestión de la ayuda humanitaria, el acceso a la información y los criterios de distribución. Centrándose principalmente en restricciones de acceso, politización y militarización.
Cerca de 40 organizaciones no gubernamentales denunciaron trabas de seguridad, puntos de control e impases para el ingreso de brigadas voluntarias, personal médico independiente y donaciones particulares. También, exhortaron a las autoridades a no condicionar políticamente la entrega de insumos básicos y a guiarse estrictamente por estándares de derechos humanos y necesidad real de las víctimas.
Ante la escasez de informes detallados sobre la administración de las partidas de ayuda internacional recabadas, organizaciones como Transparencia Venezuela habilitaron plataformas ciudadanas independientes para trazar el recorrido de las donaciones internacionales y exigir rendición de cuentas en tiempo real sobre la reconstrucción.
Diversas plataformas alertaron sobre la falta de protocolos específicos para garantizar alimentación, albergue seguro y atención médica prioritaria para niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y comunidades de escasos recursos en sectores empobrecidos.
La decisión del gobierno colombiano de reestructurar los canales de auxilio y limitar la recepción de personal de rescate extranjero —solicitando casi exclusivamente insumos materiales— generó confusión e incertidumbre entre embajadas y delegaciones internacionales durante los primeros días críticos de la respuesta.
La reconstrucción no puede medirse únicamente en toneladas de cemento o estadísticas de daños materiales. Reconstruir implica restituir la dignidad, la justicia social y las garantías fundamentales de las poblaciones golpeadas.
Acceso a la justicia, ONG publicó una guía práctica sobre herencias y sucesiones en Venezuela que da a conocer reglas legales para evitar multas, trámites innecesarios o dificultades posteriores para disponer del patrimonio familiar.
La gestión de desastres derivados de terremotos plantea un reto de gobernanza que trasciende las inclinaciones políticas. Los estándares de derechos humanos vigentes en el marco de la ONU y el Sistema Interamericano exigen que las autoridades adopten decisiones técnicas orientadas a la reducción de riesgos y la salvaguarda de la dignidad humana.
Recomendaciones
- Despolitización de la cooperación humanitaria: Las emergencias no deben condicionarse a criterios ideológicos. Colombia y Venezuela deben permitir el ingreso e integración inmediata de equipos capacitados de búsqueda y rescate (USAR) y asistencia humanitaria internacional independientemente de su origen, priorizando la eficacia operativa en la ventana crítica de respuesta.
- Transparencia y registros unificados de víctimas: El derecho a la verdad exige publicar bases de datos abiertas, actualizadas e integradas de personas fallecidas, heridas, rescatadas y desaparecidas. Esto previene la desinformación y facilita el reencuentro familiar sin barreras institucionales.
- Acceso universal y no discriminatorio a la ayuda: La distribución de refugio temporal, alimentos y asistencia médica debe guiarse por la vulnerabilidad objetiva (niños, personas con discapacidad, adultos mayores, población desplazada) y no por afinidades políticas ni estatus migratorio.
- Protocolos de búsqueda y rescate dinámicos: Los esfuerzos de rescate deben extenderse mientras exista la mínima posibilidad técnica de supervivencia en las estructuras colapsadas, evitando el retiro acelerado de escombros o la priorización sesgada de sectores urbanos.
- Respeto a los derechos socioeconómicos durante la reconstrucción: Establecer mecanismos transparentes de fiscalización para los fondos de emergencia económica y subsidios habitacionales, garantizando reubicaciones seguras que respeten las normas de construcción sismorresistente.
El derecho a la vida y a la integridad durante un desastre priman sobre cualquier argumento de soberanía represiva o cálculo político electoral. La cooperación transfronteriza y la transparencia técnica son indispensables para reducir la pérdida de vidas y facilitar una recuperación con dignidad.
