La doble réplica de la tragedia desnudó la fragilidad de los derechos humanos en el país. No se habla de las personas desparecidas, la respuesta fue tardía e insuficiente
Por GabyBuada.- Caleidoscopio Humano
El doble terremoto que sacudió la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio de 2026 no solo dejó una estela de colapso físico e infraestructura destruida; también sacó a la luz la profunda vulnerabilidad institucional del país y la crisis de derechos humanos que organizaciones de la sociedad civil han denunciado durante más de 20 años.
En medio del Estado de Emergencia decretado tras los sismos, organizaciones no gubernamentales locales e internacionales y expertos en rescate que estuvieron en el país los primeros días de la tragedia, advierten que las autoridades venezolanas divulgan información limitada y no corroborada sobre la magnitud de los daños humanos y materiales.
Las cifras de personas desaparecidas son inexistentes en el discurso oficial, al igual que las afectaciones de forma diferenciada a mujeres, personas mayores, niños, niñas y adolescentes. Población especialmente vulnerable.
Las organizaciones internacionales (como la ONU) estiman que el número de personas desaparecidas bajo los escombros podría oscilar entre las 10.000 y 50.000 personas. Las familias de las víctimas han denunciado que las autoridades evitan publicar listas oficiales o dar un balance claro sobre los desaparecidos, lo que vulnera el derecho a la información y genera una profunda angustia e incertidumbre (derecho al duelo y a la verdad).
En cuanto al marco legal es conocido que las catástrofes naturales no suspenden los derechos fundamentales. Por el contrario, la respuesta estatal ante la crisis humanitaria actual es el nuevo terreno donde se libra esa batalla, con especial urgencia en esa población que intentan invisibilizar en cada discurso y cada aparición pública.
Fallas en la gestión de emergencia
Tra las labores de rescate de las personas atrapadas bajo los escombros, particularmente en zonas críticas como La Guaira y la Gran Caracas las principales denuncias sobre la falta de criterio de derechos humanos y fallas en la gestión de la emergencia se centran en que la respuesta por parte del gobierno llegó muy tarde.
«El estado quiere maquillar su cara, quiere limpiar toda su gestión. Pero aquí sabemos que ellos llegaron muy tarde, llegaron tardísimo. ¿Quiénes fueron los que salieron primero? La comunidad, los mismos habitantes, los bomberos y Protección Civil. Hay que darles un aplauso a ellos, pero el Estado como tal llegó tarde. Eso no es mentira», dijo laperiodista y locutora venezolana Pamela Toledo.
Desolación y falta de respuesta inmediata
No solo se denunció la falta de respuesta inmediata por parte del gobierno de Delcy Rodríguez, si no que el impedimento para que rescatistas especializados y misiones de ayuda internacionales pudieran actuar de forma rápida y salvar más vidas.
Caleidoscopio Humano registró que las autoridades condicionaron la entrada de la cooperación internacional. Una misión de 8 personas de OCHA arribó al país por la ciudad de Valencia el día 27 de junio, sin embargo, en migración se les notificó que no estaban admitidos. Hasta el momento de este reporte no se conocen detalles que verifiquen, si la misma pudo ingresar.
Más de 17 países y miles de efectivos internacionales (de EEUU, España, México, la Unión Europea, El Salvador y Brasil) lograron ingresar para rescatar a personas sepultadas, sin embargo, también se registraron denuncias de habitantes en La Guaira que manifestaban que en áreas residenciales específicas o zonas de interés institucional contaron rápidamente con expertos internacionales, sectores vulnerables en La Guaira (Catia La Mar) y sectores de la Gran Caracas reportaron haber quedado completamente relegados durante las primeras 72 horas críticas, forzando a los propios vecinos a remover escombros con las manos.
Otra de las denuncias fue la fuerte militarización de la zona cero en La Guaira que causó un embudo donde las fuerzas de seguridad retuvieron insumos destinados a personas necesitadas. Centralizar de esta manera la ayuda para que pase exclusivamente bajo el filtro y la narrativa oficial vulnera los principios humanitarios universales de neutralidad, independencia y humanidad, supeditando el derecho a la vida y a la salud a fines de control social.
Grupos de civiles armados «colectivos» fueron vistos el viernes 26 de julio en las zonas afectadas. «Controlaban a quienes podían ingresar, a quienes entraban con ayuda. Utilizaron la falsa alarma de alerta de tsunami para que las personas abandonaran La Guaira», así lo afirmó una de las testigos que prefiere mantener su identidad bajo resguardo por miedo a persecución y amenaza.
Sin derecho a sepultura digna
A principios de julio de 2026, familiares de víctimas y periodistas en el terreno constataron el inicio de entierros de fallecidos no identificados. Personas defensoras de derechos humanos han manifestado su preocupación ya que sepultar cuerpos sin agotar los protocolos científicos y forenses de identificación genética criminalística vulnera derechos y la necesidad de saber el destino de sus seres queridos y a darles una sepultura digna.
La desesperación por recuperar los cuerpos de las víctimas ha mostrado graves fallas logísticas y operativas que vulnera el derecho a un duelo digno. Los ciudadanos denuncian que la maquinaria pesada del Estado opera de manera intermitente o pasa días «parada».
Según testimonios recogidos por Caleidoscopio Humano los equipos oficiales muchas veces solo se activan para tomar fotografías de propaganda política y simular apoyo, mientras que el avance real en la remoción de escombros ha dependido del esfuerzo de los propios vecinos.
Ante la inoperatividad y la lentitud del gobierno, las familias se han visto obligadas a contratar por cuenta propia servicios privados de grúas, martillos hidráulicos, entre otras maquinarias para intentar rescatar a sus seres queridos, vivos o muertos. También, se reporta el alquiler de esta maquinaria pesada que llega a costar hasta $1,200 dólares por jornada, un monto impagable para la gran mayoría de los venezolanos, quienes deben recurrir a colectas y voluntariado.
Los familiares acusan a las autoridades de politizar la tragedia y de desorganización. Denuncian que los organismos oficiales bloquean o dificultan en ocasiones el trabajo de rescatistas comunitarios clave (como el caso de Wilmer Cruz, conocido como «El Topo de La Guaira», un rescatista que perdió a su familia en el sismo y a quien las comunidades respaldan por su labor humanitaria independiente).
Por su parte, el Ejecutivo y sus voceros han enfocado su narrativa en la magnitud del desastre natural y en culpar a factores externos como el argumento de que las sanciones internacionales limitan la capacidad de respuesta rápida del Estado y la adquisición de insumos de rescate de alta tecnología, el haber habilitado más de 80 campamentos temporales y la coordinación de puentes aéreos y asistencia humanitaria proveniente de países aliados y organizaciones internacionales, asegurando que sus equipos de Protección Civil y Bomberos trabajan continuamente.
Los reportes en sectores populares (como en algunas barriadas de Catia La Mar y San Bernardino) evidenciaron que las primeras 72 horas críticas transcurrieron sin el despliegue de maquinaria pesada o equipos especializados del Estado. Los propios vecinos, sin formación ni herramientas (usando sus manos o pidiendo linternas y cuerdas prestadas), tuvieron que remover los bloques para extraer los cadáveres o sobrevivientes. La falta de un plan de contingencia oportuno y dotado de infraestructura adecuada discriminó de facto a las comunidades con menos recursos económicos. Para las miles de familias que aún esperan ante toneladas de concreto, la brecha entre los balances oficiales y la asistencia real en los escombros sigue traduciéndose en engaño, abandono y un enorme costo financiero que deben asumir solos en medio del dolor.
Lanzar escombros al mar tendrá consecuencias graves
Desde el lunes 6 de julio se han recibido denuncias a través de las redes sociales y testimonios de vecinos afectados en La Guaira sobre la situación de los escombros que ya estaban siendo desechados al mar, a 30 km de Caracas. «En la vía de Tanaguarena hacia Naiguatá camiones cargados con restos sólidos los estaban depositando al borde de la playa», dijo el periodista Rodolfo García.
Karen Brewer-Carías es diseñadora industrial, divulgadora naturalista y defensora de la biodiversidad, en los últimos días ha advertido que arrojar los escombros al agua puede traer como consecuencias la contaminación química y alteraciones de la calidad del agua, envenenamiento del ecosistema y erosión costera, entre otros daños que a largo plazo se convertirán en un grave problema para los habitantes de La Guaira.
Aunque la prioridad post tragedia debe estar enfocada en los supervivientes, víctimas y demás afectados, se hace urgente la perspectiva ambiental como lo ha señalado en reiteradas oportunidades Alejandro Álvarez, coordinador general de CLIMA 2. «Los escombros deben ser reubicados en espacios temporales o lugares seguros en tierra firme donde los desechos se reciben de forma provisoria con el único fin de ser clasificados, separados y procesados«.
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El criterio de seguridad estatal por encima del humanitario se evidenció de forma alarmante en el entorno digital. Durante los momentos más agudos tras el sismo, el bloqueo y la censura sistemática de redes sociales y plataformas de información restringieron que los ciudadanos usaran de forma óptima los canales independientes de reporte (como las herramientas vecinales para geolocalizar a personas que continuaban emitiendo ruidos bajo los bloques colapsados). Restringir el derecho a la libre expresión e información en una catástrofe de tal magnitud reduce de manera directa las posibilidades de supervivencia de las víctimas atrapadas.
Censura y restricciones de comunicación
Caleidosocpio Humano también se sumó a la exigencia de organizaciones locales como Venezuela Sin Filtro, Espacio Público y Redes Ayuda para el desbloqueo inmediato de la red social X y sitios web de información que permanecen censurados. Mantener estas restricciones bloquea canales vitales en medio de la catástrofe. Tras años de bloqueos y la clausura de emisoras radiales, la cobertura se enfrentó a un panorama mediático debilitado y a fallas masivas de conectividad.
La cobertura informativa también ha dejado en evidencia el quiebre entre la realidad y la narrativa oficial. El Estado ha desplegado una estrategia sistemática de control, bloqueos y hostigamiento para ocultar la verdadera magnitud del desastre, el colapso de las infraestructuras y las fallas en el rescate de las víctimas. Apenas cinco días después de la tragedia, el gobierno suspendió los traslados y accesos de periodistas independientes y corresponsales extranjeros en La Guaira. El control de ingreso mediante requisitos administrativos difusos impidió documentar el verdadero estado de los rescates y los derrumbes.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) han documentado numerosos incidentes de amedrentamiento hacia los reporteros y trabajadores de la prensa.
Ciudadanos y periodistas independientes recurrieron a plataformas como TikTok, X e Instagram para geolocalizar escombros, difundir listas de desaparecidos y denunciar cobros irregulares de maquinaria pesada. El flujo continuo de videos e historias en pantallas verticales desarmó la propaganda institucional, transformando cada teléfono celular en una estación de transmisión que la censura oficial no ha podido contener.
También el periodismo venezolano cubre esta catástrofe en la precariedad total y bajo afectación directa. Hasta la fecha, el SNTP ha confirmado el fallecimiento de 9 trabajadores de la prensa a causa de los sismos, mientras que al menos 46 han resultado heridos o han perdido sus hogares, debiendo continuar sus labores informativas bajo amenazas y un constante hostigamiento institucional.
Periodismo Humano
En momentos de crisis y desastres naturales, la velocidad de la información nunca debe pasar por encima de la dignidad humana. Desde Caleidoscopio Humano, realizamos seguimientos de las coberturas que se están haciendo para que desde el acompañamiento a periodistas, comunicadores, activistas y ciudadanía que asuma la responsabilidad, mantenga la perspectiva de derechos humanos como premisa, ya que la cobertura del sismo en Venezuela nos exige un compromiso doble: informar con precisión y proteger a las personas afectadas. Informar sin sensacionalismo es el primer paso para no generar más dolor.
Libertad para todas las personas privadas de libertad por razones políticas
La situación en los centros de reclusión, históricamente precaria debido al hacinamiento y la falta de presupuesto, ha alcanzado niveles críticos tras el doble terremoto del 24 de junio. Distintas organizaciones de la sociedad civil han manifestado preocupación no solo por la interrupción en el suministro de medicamentos esenciales, si no pos las cotantes denuncias de la crítica situación de salud dentro de las penitenciarías, las denuncias de muertes bajo custodia y el asilamiento.
La destrucción de vías de comunicación y los daños estructurales en los centros de detención sirven de justificación oficial para suspender visitas familiares y de defensa técnica, agravando el riesgo de tratos crueles, inhumanos o degradantes en un entorno ya de por sí opaco.
Riesgos de protección en refugios improvisados sin criterios de derechos humanos
Con más de 13.500 personas evacuadas y miles de viviendas destruidas, los campamentos y refugios improvisados operan sin estándares mínimos de protección. La falta de espacios segregados por género, la ausencia de iluminación adecuada y el hacinamiento extremo exponen a esta población a un riesgo alarmante de violencia basada en género (VBG), abuso y explotación sexual.
Desde Caleidoscopio Humano hemos estado haciendo seguimiento a denuncias sin confirmar de sexo transaccional. «Nos roban los colchones y prefiero dormir en el piso con mi hijo que dejarme someter por los colectivos y la guardia. Hacemos un llamado al gobierno para que Investiguen», dijo una de las mujeres entrevistadas en el Parque Alí Primera en Caracas.
También advertimos la debilidad en el registro de personas dentro de los albergues informales incrementa las vulnerabilidades frente a redes de trata y tráfico humano que se aprovechan del caos logístico. En nuestra labor de monitoreo y documentación, hemos registrado la desaparición de personas recatadas con vida, pero que sus familiares no han podido ubicar, debido a esa misma debilidad de registro en albergues y hospitales.
Urge contar con la labor de las organizaciones de derechos humanos y humanitarias en Venezuela
Tras el devastador doblete sísmico que sacudió a Venezuela, el país enfrenta una emergencia humanitaria que supera con creces la capacidad operativa local. En este escenario, respetar, proteger y facilitar el trabajo de las organizaciones civiles, de derechos humanos y humanitarias no es una opción, sino un requisito de vida o muerte. Son estas organizaciones que operan bajo los principios de humanidad, imparcialidad e independencia y aportan recursos técnicos que el Estado no puede movilizar por sí solo en este momento.
En medio del caos y la demolición de infraestructuras, el rol de las organizaciones, de la sociedad civil organizada es crucial para visibilizar las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Iniciativas ciudadanas y de la sociedad civil han activado plataformas de mapeo y redes de búsqueda de desaparecidos que complementan el trabajo de rescate institucional y canalizan la solidaridad de forma eficiente.
La reconstrucción y la asistencia médica requerirán miles de millones de dólares a mediano y largo plazo. Permitir el acceso sin restricciones y eliminar trabas burocráticas a las organizaciones civiles genera la confianza técnica y de transparencia indispensable para que la comunidad internacional mantenga el flujo de financiamiento, donaciones y toneladas de suministros de emergencia hacia el país.
Ante una infraestructura de comunicación golpeada y la desarticulación de rutas oficiales, las redes de solidaridad vecinal y el papel de las ONG se han convertido en la primera línea de defensa. Las denuncias oportunas y el acceso a directorios de emergencia actualizados son herramientas de supervivencia civil. Los defensores de derechos humanos insisten en que la transparencia informativa y la libertad de prensa para reportar los daños reales en las zonas de desastre son indispensables para canalizar la asistencia internacional de forma eficiente y segura.
Servicios públicos siguen sin ser garantizados
La catástrofe natural impactó sobre un sistema de servicios públicos que ya se encontraba en un estado de desmantelamiento estructural debido a la crisis humanitaria. Durante el monitoreo efectuado por el equipo de documentación de Caleidoscopio Huumano registramos que en las zonas afectadas el servicio eléctrico es intermitente. En La Guaira en Catia La Mar es inexistente desde el 24 de julio.
El suministro de agua por tuberías está fracturado, elevando el riesgo de brotes epidemiológicos en comunidades y refugios.
Más de 38 hospitales reportan daños estructurales, lo que inhabilita la atención médica regular y de emergencias para partos, diálisis y cirugías urgentes.
La combinación del colapso habitacional, la parálisis de los servicios básicos y la falta de una respuesta gubernamental transparente —sumado al clima de persecución política— está configurando el inicio de una nueva y masiva ola migratoria hacia el exterior. Los ciudadanos perciben que el Estado carece de la voluntad y la capacidad institucional para la reconstrucción, empujándolos a cruzar fronteras de forma desordenada y desprotegida.
También Caleidoscopio Humano registró denuncias de amenazas por parte de los concejos comunales del centro de Caracas que afirman que las viviendas desocupadas deben ser asignadas a quienes necesitan lugar para vivir.
La reconstrucción de Venezuela tras el doble sismo de junio no puede medirse únicamente en toneladas de escombros removidos o edificios apuntalados. La verdadera prueba de recuperación radica en el respeto irrestricto al tejido constitucional y a los derechos de las víctimas. La emergencia natural obliga a activar los canales legales existentes, no a sepultarlos.
Debemos exigir que el Estado cumpla y que las instancias de protección ejecuten su autoridad con autonomía.
