La ONG registró 160 desapariciones forzadas, 2.560 violaciones a la libertad personal en todo el país y 659 denuncias de violaciones a la integridad personal
Yennifer Calvo / Caleidoscopio Humano
El aparato represivo del Estado permanece intacto, el marco normativo que lo sustenta sigue vigente y las víctimas de graves violaciones de derechos humanos aún no cuentan con garantías reales de justicia y reparación, así lo señaló la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) durante la presentación, este 14 de mayo, de su informe anual “El eclipse de la Constitución: Venezuela exige justicia y democracia”.
El documento — una investigación multidisciplinaria que recoge información sobre violaciones a 14 derechos humanos perpetradas por el Estado venezolano durante el año 2025 — revela un patrón de represión en el que el sistema de justicia, lejos de proteger, garantiza la impunidad. De acuerdo con la ONG, el panorama de los derechos humanos en Venezuela ha pasado de una represión masiva a una estrategia de persecución “más dirigida” y letal.
Uno de los datos más alarmantes del informe es el incremento de las desapariciones forzosas: según el registro, solo en 2025 se contabilizaron 160 víctimas. A diferencia de años anteriores, cuando el aparato represivo del Estado se centraba en el uso excesivo —e incluso letal— de la fuerza para dispersar movilizaciones pacíficas, actualmente la estrategia parece orientarse a detener y hacer desaparecer temporalmente a las voces disidentes antes de presentarlas ante la justicia. Estas prácticas vulneran el debido proceso, el derecho a la defensa privada y el derecho de los familiares a conocer el paradero de las personas detenidas.
Por su parte, la tortura sigue siendo una politica de Estado. Provea documentó, al menos, 1.242 víctimas de tortura y 659 denuncias de violaciones a la integridad personal durante el periodo evaluado. Además, 336 personas fueron asesinadas por policías y militares, 54 % hombres jóvenes de entre 18 y 30 años de sectores populares. De acuerdo con la ONG, el Ministerio Público no investigó ni una sola de estas denuncias.
En cuanto a la libertad personal, este fue uno de los derechos más vulnerados durante 2025, de acuerdo con la organización se documentaron un total de 2.560 violaciones a la libertad personal en todo el país. Resaltan que la represión está siendo “más dirigida hacia dirigentes políticos, sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”. Más de 130 trabajadores fueron detenidos arbitrariamente por participar en protestas laborales.
Justicia al servicio del poder
En Venezuela, la justicia no es ciega ni independiente, así lo señala la ONG Provea en su informe. Por el contrario, señalan que el sistema de justicia actúa como una extensión del Ejecutivo para sustentar el aparato represivo.
Óscar Murillo, coordinador general de Provea, alertó que si no se restaura el orden constitucional y democratico en Venezuela esto podría derivar en una “tecnocracia autoritaria”, un modelo que busca atraer inversiones extranjeras garantizando seguridad jurídica a los capitales, pero manteniendo la suspensión de las libertades democráticas y los derechos humanos para la ciudadanía.
Señaló que avanzar en materia económica, si bien es importante, no es suficiente para la recuperación del país, sino que se debe también abordar la “grave crisis estructural de derechos humanos”. Insistió en la necesidad de una transformación judicial “transparente y sincera” y enfatizó en que actualmente esto “no está sobre la mesa”.
Las decisiones económicas actuales marcan una transición hacia un modelo más ordenado, pero no necesariamente más democrático, sostuvo Murillo.
La estabilidad pasa por desmantelar el andamiaje represivo del Estado
«Levantamos nuestra voz para exigir la liberación plena, incondicional e inmediata de todos los presos políticos en Venezuela», sostuvo Oscar Murillo, desde la presentación del informe anual de la organización.
“La Ley de Amnistía, desafortunadamente, no fue suficiente porque ha excluido a muchísimas personas y su aplicación ha sido discrecional y arbitraria”, sentenció. Murillo, afirmó que la estabilidad del país solo será posible si existe un compromiso real por parte de las autoridades para desmantelar el andamiaje represivo, construido a la largo de los últimos 20 años.
Agregó que la estabilidad nacional debe garantizarse mediante la adopción de medidas que contribuyan a superar la grave crisis económica, con foco en el respeto a las conquistas sociales, la preservación del medio ambiente y la justicia social ambiental entre otros derechos trascendentales.
“No vamos a descansar hasta que haya democracia y justicia. Hasta que no logremos acabar con esta política oscura, no podemos desistir (…) “Son heridas que quedan, pero desde el Comité vamos a seguir visibilizando y creando memoria””, señalaron representantes del Comité de Familiares por la Libertad de Presos Políticos (Clippve) presentes en la presentación del documento.
Por su parte, el defensor de derechos humanos expreso político y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, recordó que “más de 600 hermanos siguen injustamente detenidos en Venezuela”.
«Pretenden callar la verdad y negar la realidad (…) Nuestra tarea es ensanchar ese camino de la transición, superar el eclipse. Reconciliar este país”, añadió.
El ausentismo escolar aumenta entre niños y adolescentes venezolanos
Un tercio de los niños no fue a clase los cinco días de la semana durante 2025, así lo documenta Provea en su informe anual. De acuerdo con el documento, 30 % de las niñas, niños y adolescentes estudiantes no asistieron a clases, motivado a fallas estructurales, ausencia de docentes, falta de comida, entre otras razones.
Lissette González, coordinadora de Investigación de Provea, aseguró que la educación en Venezuela está dejando de ser un derecho universal para convertirse en un privilegio que depende del origen socioeconómico de los padres.
Al respecto, Carlos Trapani, Coordinador General de Cecodap, señaló que el dato compartido por Provea sobre la inasistencia escolar muestra cómo la crisis está impactando directamente el derecho a la educación en Venezuela.
“Cuando miles de niños, niñas y adolescentes dejan de asistir a clases, también aumentan los riesgos de exclusión, rezago educativo, afectaciones en salud mental y pérdida de espacios de protección. Desde Cecodap hemos insistido en que la emergencia humanitaria también se expresa en las aulas vacías y en la normalización de condiciones que limitan el desarrollo y las oportunidades de la niñez”, escribió en su red social X el pasado 14 de mayo.
Es importante recordar que en una época Venezuela fue un país pionero en el acceso a la educación en Latinoamérica, sin embargo la crisis humanitaria que ha obligado a casi ocho millones de venezolanos a emigrar ha provocado un grave deterioro de la calidad de la educación y unas cifras de ausentismo sin precedentes.
Ante la precariedad de los salarios y las deficiencias en las infraestructuras escolares, el gobierno lejos de ofrecer soluciones reales estableció el “horario mosaico”, que permite que los docentes ejerzan otras actividades económicas para aumentar sus ingresos.
Los maestros empezaron a vender pasteles, dulces o helados y a cuidar niños en su tiempo libre. Y, aunque se supone que las escuelas públicas deben abrir cuatro días a la semana, un gran número de ellas solo abre dos o tres porque los profesores no tienen los medios necesarios para trasladarse a las aulas.
La precariedad hospitalaria agrava la emergencia sanitaria
En el área de salud, el monitoreo de Provea registró más de 94.000 denuncias por violaciones al derecho a la salud. Lissette González, afirmó que la deuda social creció exponencialmente en 2025 y vinculó la precariedad económica con la vulneración de derechos básicos.
Los datos revelan un estancamiento del salario mínimo en 130 bolívares desde el año 2022. González explicó que este ingreso no ocurre en el vacío, sino bajo una inflación en alimentos que alcanzó el 260 % el año pasado.
Los datos de la Encuesta Nacional de Hospitales citados en el informe son alarmantes: “89 % de los centros hospitalarios no contaba con insumos suficientes, 88 % no contaba con medicamentos”. Además, se reportó un incremento en el cobro de servicios en centros de salud que legalmente deberían ser públicos y gratuitos.
El panorama de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo turbio. Si bien se registran algunos avances en materia de diálogo, el diálogo sin acciones concretas termina siendo solo ruido. Los derechos civiles, laborales, sindicales, económicos, sociales, culturales y ambientales continúan siendo una deuda pendiente del Estado venezolano, en medio de denuncias persistentes sobre restricciones al espacio cívico, detenciones arbitrarias y deterioro de las garantías fundamentales.
Transmisión completa / Cobertura del NotiDesca para Caleidoscopio Humano
