Por: Gabybuada y @LuciferRamirezG
Desde el 8 de enero de 2026, cuando Jorge Rodríguez, anunció un proceso de liberaciones, para muchas familias, el tiempo empezó a correr de otra manera.
El pronunciamiento no significó un alivio inmediato, sino una nueva forma de espera, que hizo las horas más largas ante la promesa.
Para quienes siguen aguardando, enero y lo que va de febrero de 2026 ha sido un desgaste profundo frente a cárceles y comandos, cuyas puertas siguen presenciando vigilias, que sirven como una protesta de fe que sostiene la resistencia.
Hay madres que se desploman en medio de los plantones, cuerpos agotados por el estrés, la mala alimentación y la incertidumbre constante.
También están las historias más duras, las que no siempre se cuentan, con familiares que no resistieron el tiempo y murieron sin ver a los suyos en libertad, dejando una herida que ningún anuncio logra cerrar.
Este mes volvió a dejarlo claro: la libertad no llega al mismo tiempo para todos. Mientras algunos regresan a casa, otros siguen contando los días. Aun así, cada salida se celebra como un gesto de vida. Porque en medio del cansancio, ver a otros cruzar la puerta también es una forma de seguir creyendo que el final de la espera todavía puede llegar.
Rostros invisibles que no podemos olvidar
Maykelis Borges cumplió un año presa, un caso que no solo demuestra la indolencia, si no que relata la burla de los discursos feministas que hemos escuchado a lo largo de una supuesta revolución.
La joven fue encarcelada teniendo dos meses de embarazo y desapareció de manera forzada por unos días. Inicialmente fue recluida en la sede del DGCIM de Boleíta, en Caracas, y posteriormente en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Borges tuvo que dar a luz en prisión.
No podemos dejar de mencionar a esas tantas mujeres que todavía siguen presas por razones políticas y que hoy suman esas historias invisibilizadas.
Excarcelaciones gota a gota y detenciones y amenazas
Funcionarios policiales, presuntamente de la PNB, se llevaron detenido al periodista Álvaro Algarra, corresponsal de la agencia de noticias DW Español, cerca de las 11:00 am del 4 de febrero. Aunque fue puesto en libertad a las pocas horas, muestra que continúan las amenazas contra la prensa y la libertad de expresión.
Con mucha alegría en el gremio de periodistas y comunicadores se recibió la noticia de la excarcelación de Rory Branker, editor del medio digital La Patilla, luego de permanecer detenido 11 meses y 15 días. Sus familiares recibieron la noticia en la tarde a través de una llamada que confirmaba su liberación.
Otra excarcelación ampliamente esperada fue la de Yosida Vanegas, la presa política más longeva en Venezuela. La abuela como era conocida entre la población reclusa de mujeres en el Inof, pasó dos años y 5 meses injustamente detenida.
María Alexandra Gómez, la esposa de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido arbitrariamente desde el 8 de diciembre de 2024, dijo esta semana que la esperanza creció tras la aprobación de la ley de Amnistía, aunque aclaró que no tiene ninguna confirmación oficial sobre el futuro de su marido.
La Familia del teniente coronel del Ejército, Igbert Marín Chaparro Igbert, preso político recluido en la cárcel de El Rodeo desde el 2 de marzo de 2018, cuando fue detenido de manera arbitraria, afirma que el militar ha sido sometido a desaparición forzada, aislamiento en celdas diminutas, torturas y falta de atención médica.
Su hermana Ignell Marín, se dirigió a Vladimir Padrino López, haciendo énfasis en que su hermano es respetado por los militares y que, además, tiene medidas cautelares que han sido ignoradas.
Ley de Amnistía avanza con promesas, show mediáticos y abusos a los familiares
Delcy Rodríguez celebró una vez más el sábado el “avance” de la aprobación de esta ley «que debe servir para la paz y la reconciliación en Venezuela. Mientras que, los familiares siguen exigiendo la Ley de Amnistía, como una vía concreta para que las liberaciones se materialicen. La nombran en cada vigilia, la repiten en pancartas, la sostienen como una promesa posible mientras pasan las horas bajo el sol o la lluvia.
Aportes urgentes de la sociedad civil al debate sobre la Ley de Amnistía, fue el comunicado que firmaron 20 organizaciones de derechos humanos, entre ellas Caleidoscopio Humano, exigiendo la continuación inmediata y sin condicionamientos de las excarcelaciones de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, sin supeditar este proceso a la discusión o aprobación de la Ley que fue aprobada en primera discusión y consultada el sábado 7 de febrero con varias ONG.
Cofavic y otras organizaciones locales e internacionales han expresado que Es un muy grave precedente que la sociedad venezolana en general no haya accedido desde el inicio al proyecto de ley de Amnistía que se discutió en la Asamblea Nacional. La publicidad y la participación plural en la elaboración de los proyectos de leyes de amnistía son obligaciones constitucionales indispensables para generar confianza y credibilidad en toda la sociedad, principalmente en las víctimas y sus familiares.
Jorge Rodríguez en Zona 7
«Entre el martes que viene, más tardar el viernes, estén todos sueltos», le dijo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez a familiares que permanecen en las adyacencias de la sede de la PNB de Boleita, conocida como la Zona 7 de la antigua Policía Metropolitana, la tarde del viernes, 6 de febrero.
La aparición del jefe del Parlamento qué se difundió a través de redes sociales, trajo consigo críticas debido a que familiares que permanecen en ese centros de detención desmintieron que algunas personas que aparecen en el video pertenezca al grupo de familiares.
«Esperaron a que no estuviese la prensa para aparecer. Esa mujer, la que sale abrazándolo en el video, vino desde hace dos días aquí. Esa es una infiltrada», manifestó una de las familiares de Zona 7 a Caleidoscopio Humano.
De acuerdo con otra familiar que permanece en El Rodeo, la mujer que abraza a Rodríguez en el video también asistió allí y pidió una franela del Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve) con la que sale en el video.
Por esa razón, Clippve desmintió que esta formará parte de su organización.
Pedir una vida digna
«Salarios dignos ya”, fue la consigna que a viva voz gritaron, trabajadores activos, pensionados y jubilados que se concentraron frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, para exigir el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, que garantiza a todo trabajador el derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir las necesidades básicas propias y de su familia.
Esta acción fue convocada el lunes, 2 de febrero, por decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), del Zulia (LUZ) y Los Andes (ULA), junto a representantes sindicales de distintos sectores de trabajadores, quienes introdujeron una demanda contra el Estado por la omisión constitucional del ajuste salarial.
Los manifestantes denunciaron que desde el 15 de marzo de 2022 el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares, sin el ajuste anual que establece la Carta Magna.
Para muchos, esta protesta es parte de una lucha que lleva años, marcada por movilizaciones reiteradas y reclamos que, hasta ahora, no han tenido respuesta.
Para Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV, acudir al TSJ es “la mejor manera de rectificar” una omisión que afecta a miles de trabajadores.
“Todos los trabajadores merecen un salario justo y digno para sus familias”, afirmó.
Tras la entrega del documento, el presidente de la Asociación de Profesores de la UCV reiteró la urgencia de la reivindicación salarial: “No podemos estar cuatro años sin que haya ningún tipo de aumento”.
Estudiantes alzan sus voces
En una sola voz, familiares de presos políticos, estudiantes y representantes de la sociedad civil se concentraron este martes, 3 de febrero, en la plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para exigir la libertad de quienes permanecen detenidos de forma arbitraria en el país.
La concentración ocurrió en medio de años de detenciones selectivas y criminalización de la protesta, una práctica que mantiene a cientos de personas privadas de libertad y a sus familias en una espera prolongada en donde persisten violaciones de derechos hacia los privados de libertad y sus familias.
“Nosotros solicitamos la libertad de todos los presos políticos, de nuestros amigos y compañeros, la libertad de las leyes y de todas las instituciones. Por eso la universidad exige que se continúe con esta lucha. No nos vamos a cansar”, sostiene Argelia Castillo, secretaria del Sindicato Nacional de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCV.
La actividad culminó tras el desplome de Fanny Lozada, quien tras un discurso en el que denunció la detención de su grupo familiar, las torturas que sufrió su nieto de 16 años, y la desaparición forzada de su hija, Aliannis Araujo Lozada, se desplomó ante la multitud. Horas más tarde, su grito ante el mundo y grabado por medios de comunicación nacionales e internacionales, le trajo de vuelta noticias de su hija, quien estaba viva y recluida el INOF.
No aguantan más
Agarrados de la mano, y enfrentándose a un cerco policial, un grupo de 40 personas encabezado por mujeres decidió llegar a las inmediaciones de la Asamblea Nacional, para exigir a través de un documento justicia para los suyos.
Cuando culminó la manifestación que tuvo lugar en la UCV el martes, 3 de febrero, familiares de trabajadores de la compañía Petróleos de Venezuela (Pdvsa), detenidos entre 2024 Y 2025, solicitaron una comisión especial para atender el caso.
Amelia Belisario, jefa de fracción Libertad, recibió el documento para entregar en la AN. Junto a ella, el diputado Tomás Guanipa mostró su apoyo a los familiares a quienes les prometió «elevar su voz».
Guanipa le comunicó a los familiares que él mismo conocía lo que era tener a un familiar tras las rejas, en referencia a su hermano, Juan Pablo Guanipa, quien tras ocho meses detenido, fue excarcelado este domingo, 8 de febrero.
«Creo que este es el mensaje que hay que elevar, que se vino de forma pacífica y como ciudadanos para entregar este documento», dijo una de las asistentes.
Más casos
El jueves, 5 de febrero, los familiares llevaron su protesta hasta el Palacio de Justicia. Y, aunque muchas caras y nombres se repiten, el organismo del Estado observó nuevos rostros que se habían mantenido en una protesta silenciosa, pero que insisten que no pueden callar más.
Irma Peña espera desde hace tres años y cuatro meses a que su nieto, de 21 años, su yerno, de 46 y su hija, de 35 salgan del comando del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalisticas (Cicpc) ubicado en Parque Carabobo.
«Mi petición es que los tomen en cuenta. Siempre difieren su audiencia. Yo tengo 64 años. No puedo más con esto», dice entre lágrimas.
No tenemos miedo
«El miedo venció al miedo», fue la premisa de los familiares que después de una misa en las adyacencias de El Helicoide, se dispusieron a gritar a viva voz por la anhelada «justicia» que esperan desde que inició el anuncio de las excarcelaciones.
Con pancartas que reflejan nombres y rostros que llevan meses y años encarcelados, enfrentaron el cerco policial y caminaron hasta el portón de El Helicoide, un centro de detención marcado por denuncias de torturas, sufrimiento y malos tratos que dejaron secuelas entre quienes lograron obtener su libertad.
La protesta del sábado, 7 de febrero, recordó que todavía hay familiares que desconocen el paradero de los suyos, y que desaparecieron estando bajo la custodia del Estado, como el caso de 32 personas acusadas por su presunta participación en la Operación Gedeón, que tuvo lugar en Macuto en 2020; así como de los militares con pena cumplida en la cárcel de Ramo Verde, que en septiembre de 2025 subieron a un autobús con destino desconocido y nunca volvieron.
Sus familias creen que están dentro del Centro de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro, ubicado en Charallave, el cual ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como un «centro de torturas» en manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, (Dgcim), en el que los reclusos permanecen incomunicados.
Otras cuentas pendientes en materia de derechos humanos
El seis de febrero se cumplieron ocho años desde la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de Linda Loaiza López Soto.
A Linda Loaiza no solo le violaron sus derechos, si no que el Estado le negó el acceso efectivo a la justicia y favoreció la impunidad. Las violaciones persisten hoy porque el Estado sigue haciendo caso omiso al dictamen de la Corte.
Y en justicia internacional también alzamos la voz y nos unimos a la acción urgente de Amnistía Internacional a favor de los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche, quienes fueron víctimas de un intento de asesinato en Bogotá Colombia, un crimen que aún no ha sido esclarecido por la fiscalía colombiana.
Al cierre del domingo
Al cumplirse un mes desde el anuncio de un “gran grupo” de excarcelaciones, confirmamos este domingo, 48 excarcelaciones. Las excarcelaciones de hoy son la muestra clara de que la Ley Amnistía no es una excusa para sacar gente inocente de la cárcel. Exigimos que todas las personas presas por motivos políticos sean puestas en libertad sin condiciones.
