Fuente original: ESPACIO PÚBLICO
El 29 de agosto de 2025 funcionarios de la Policía Municipal de Caracas encarcelaron al líder comunitario Manuel Sánchez, a quien reseñaron y acusaron de instigación al odio, por la difusión de denuncias en la red social Tik Tok, en las que criticaba el “mal proceder de los cuerpos de seguridad del Estado”.
A Sánchez lo detuvieron frente a la sede de PoliCaracas, en la urbanización El Paraíso, en Caracas, durante el desalojo de una vivienda. Él estaba en el sitio en apoyo a la persona que estaban sacando de la casa y, ante la ejecución de los policías, hizo una transmisión en vivo en la que reportaba maltratos y criticaba el procedimiento.
Según consta en el acta policial, Manuel fue detenido en flagrancia “por desprestigiar a los cuerpos de seguridad”. En el suceso le piden que entregue el teléfono, él se negó. Durante el cateo corporal encuentran su celular y lo revisan, violando su privacidad y en contra de la ley, que establece la necesidad de una orden judicial para revisar las comunicaciones personales.
Los uniformados hallaron, al parecer, contenido en el que denunciaba a personalidades del gobierno de Nicolás Maduro y los acusaba de corrupción.
Lo llevaron a la sede de Policaracas ubicada en la parroquia El Paraíso. En noviembre, durante la audiencia preliminar en el Tribunal Décimo Segundo de Ejecución el 20 de noviembre lo sentenciaron a 10 años de prisión, una vez que le recomendaran a su abogado que admitiera los hechos. El 8 de diciembre de 2025 lo trasladaron a la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda.
Su pareja, Rosaura Pereira, desde el día del traslado no lo ha visto. Solo ha podido entregar paquetería y comida, por lo que denuncia la violación de sus derechos de contacto con familiares y visitas.
En vigilia en El Rodeo
El 8 de diciembre, era día de visita. Pereira nunca fue informada del traslado. Se enteró cuando iba saliendo el autobús con los detenidos. Un policía le dijo que se quedara tranquila que Sánchez iba a bordo, pudo verlo entre los rostros y luego “él gritó que lo llevaban al Rodeo”.
Desde entonces permanece en las afueras del centro penitenciario, es espera de su liberación, a propósito del anuncio hecho por el gobierno nacional el pasado 8 de enero sobre la excarcelación de detenidos por causas políticas.
Manuel Sánchez lleva casi dos décadas denunciando hechos de corrupción en las bodegas de Mercal y fue una lucha perenne el reclamo al Metro de Caracas por el pago de las expropiaciones a 22 comunidades de la carretera vieja Caracas-Los Teques. Por esos reclamos hizo denuncias escritas y protestas públicas ante organismos del Estado.
En 2006, hombres armados irrumpieron tres veces en su casa y amenazaron de muerte a su hijo. La familia huyó: su hijo a Caracas; su pareja de entonces, a Tocuyito, mientras Manuel vivió 17 meses en la calle dentro de un carro: un Malibú que compró a crédito. Durante esa época trabajó como taxista para sobrevivir.
Sánchez, dice Rosaura, siente pena por no haber ayudado a su familia, en especial a su mamá, pues dedicó su vida a las comunidades.
“Pido su libertad plena. Él es una persona comprometida con la gente, luchador social, una persona que no tiene recursos ni casa. Además tiene esquizofrenia y sufre de depresión, no merece estar pasando por eso, por ejercer el derecho de expresarse”, comenta la pareja, quien espera la revisión de su caso y la anulación de la sentencia.
Perseguido por expresarse
Opinar en redes sociales es un derecho fundamental asociado a la libertad de expresión, en Venezuela este derecho está severamente limitado, de forma ilegítima e ilegal por normativas como la Ley del Odio, que afecta a la ciudadanía que critica al gobierno.
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia en Venezuela (2017) penaliza con hasta 20 años de cárcel la difusión de mensajes en redes sociales que funcionarios, de forma discrecional, consideren como incitación al odio, discriminación o violencia, limitando severamente la libertad de expresión y fomentando la autocensura.
