Docentes mal remunerados, centros de investigación cerrados, matrícula estudiantil cada vez más disminuida y un Estado al que no le preocupa garantizar los derechos sociales de sus ciudadanos. La crisis de las universidades venezolanas va más allá de exigir un salario digno
Emmanuel Rivas/Caleidoscopio Humano
(05-12-2024) Trabajar en un taxi, preparar tortas, ser vigilante en un centro comercial, vender cualquier producto en las calles, trabajar en la agricultura… En los últimos años, los docentes universitarios en Venezuela han tenido que trabajar en lo que sea para intentar cubrir las necesidades básicas que, ejerciendo su profesión, no pueden solventar.
En países de la región, ser docente universitario es sinónimo de estabilidad económica. En Venezuela no. Desde hace muchos años, los docentes universitarios han visto cómo sus ingresos cada vez alcanzan menos.
Los profesores titulares pasaron de tener sueldos cercanos a los 2.570 dólares en el año 2000 a entre $35 y $40 en el 2024 y los instructores, que en el año 2000 ganaban 585 dólares, a percibir salarios que van desde los $9 hasta los $18.
Además, desde hace 2 años y 9 meses, el gobierno se niega a hacer cualquier incremento salarial que tenga incidencias en beneficios como el bono vacacional o los aguinaldos. Se limitó a bonificar —de manera selectiva— el salario, no solo de los docentes universitarios, sino de todos los trabajadores de Venezuela.
Sin duda, la crisis universitaria en Venezuela, no tiene precedentes. La falta de un aumento salarial que refleje el costo de la vida y la devaluación del bolívar han llevado a muchos educadores a una situación de precariedad y pobreza.
El salario mínimo en Venezuela lleva años por debajo de la línea de pobreza extrema, un indicador que, de acuerdo con el Banco Mundial, hace referencia a todas aquellas personas que deben sobrevivir con menos de 2,15 dólares al día. En Venezuela, el sueldo mínimo oficial es de 130 bolívares ($2,72) al mes.
A pesar de su labor fundamental en la formación de profesionales y en la investigación, muchos educadores han optado por buscar alternativas laborales fuera del país o en empleos informales que les permitan subsistir; otros han tenido que recurrir a la venta de bienes personales o a trabajos adicionales para poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación, asistencia médica y medicinas.
¿Cuánto gana un docente universitario en Latinoamérica?
Comparar el sueldo de los docentes universitarios venezolanos con el de sus colegas de la región es humillante. Sin embargo, es un ejercicio necesario para comprender la profundidad de la crisis en que se encuentran los encargados de preparar “el futuro de Venezuela”.
Argentina, considerado como uno de los países con los sueldos más bajos de Latinoamérica para el sector educativo, paga a sus profesores universitarios -en promedio- unos 1224,55 dólares. Mientras que Brasil es el que tiene la mejor remuneración, cercana a los $4231,87.
En medio se encuentran Colombia ($1703,15), Paraguay ($1870), México ($1996,87), Perú ($2155,73), Bolivia ($2170,46), Chile ($2318,71), Ecuador ($2786), Costa Rica ($3338,64) y Uruguay ($3446,26). Esto, de acuerdo con datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) de Argentina, presentados en octubre pasado.
Esto explica por qué el sector educativo, de todos los niveles académicos, protagoniza la mayoría de las manifestaciones de calle que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registra en Venezuela.
¿Cómo llegaron los profesores universitarios a la pobreza extrema?
Desde el año 2000, los sueldos en Venezuela han ido en descenso. Un cúmulo de medidas económicas, acompañadas de control cambiario y de una inflación galopante, fue disminuyendo el ingreso mensual de los docentes quienes, en los últimos años, también han visto cómo sus beneficios de ley como HCH (Hospitalización, Cirugía y Maternidad) desaparecieron, así como las primas por profesionalización o años de servicio.
Desde 2022, fueron congelados los salarios y todos los beneficios inherentes como bono vacacional, aguinaldos y primas por reconocimientos de la labor docente. Un ejemplo simple de la crisis a la que está sometido el sector educativo es que los aguinaldos que recibieron este año (2024) representan solo el 26 % de los que recibieron en el 2022.
En el caso de los jubilados del sector universitario, se llevan la peor parte. Desde el año 2012 no se cancelan las prestaciones sociales y, por si fuera poco, desde entonces ha habido dos reconversiones monetarias; a la moneda le han quitado 11 ceros en 12 años, que se suman a los 4 años de hiperinflación.
El mismo Estado se ha encargado de esta precarización salarial a través del Memorándum 2792 del año 2018, en el cual se congelan las discusiones de contratación colectiva y convenios colectivos, y el instructivo de la ONAPRE (Oficina Nacional de Presupuesto), que en marzo del 2022 eliminó las incidencias salariales que, por contratación colectiva, les corresponden.
Luís Crespo es profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV); además, ha estado al frente de la lucha sindical por lograr las reivindicaciones del sector académico en Venezuela.
Califica la crisis que vive su sector como una desalarización, “un fenómeno que acelera la descapitalización académica y desestimula la labor docente”.
Asegura que “el tema salarial, en el caso de nuestro sector, es un tema académico; pues, en la medida en que destruyen nuestro salario, destruyen la carrera docente y la posibilidad de que hagamos docencia, investigación y extensión”, dijo.
“¿Qué tenemos hoy, después de 995 días sin aumento salarial? Tablas salariales congeladas, la interescala docente destruida y la sustitución del salario por bonificaciones”, recalcó; recordando que el llamado Bono de Guerra Económica —que es de 90$— desconoce el estímulo académico, al igual que el Bono de Alimentación (40$), “la interescala, que era un estímulo para el ascenso docente, hoy está reducida a nada”, señaló.
16 años de asfixia presupuestaria
María Fernanda Rodríguez tiene 13 años como profesora de la Universidad de Los Andes; recuerda que fue un 3 de octubre del año 2011 cuando ingresó a una de las principales universidades del país. Su primer pago lo recibió después de un año.
Recuerda con nostalgia las anécdotas de su tutor académico en sus años de universitaria: “A él también le tardó en llegar su primer salario, pero cuando cobró, pudo dar la inicial para un apartamento. En mi caso, cuando cobré, ya no lo pude hacer, y lo que me depositaron apenas me permitió resolver por algún tiempo”.
Asegura que desde que empezó a trabajar en la Universidad de Los Andes, nunca ha tenido un buen salario y esto se debe a que las políticas de asfixia presupuestaria que aplica el gobierno a las universidades públicas vienen desde el año 2008.
“Tenía que ‘matar tigritos’ para poder complementar mis ingresos; pero, desde el año 2017, ya no tengo que matar tigres. Desde ese año he tenido que trabajar en otras cosas para poder ser profesora (…) Mi sueldo no me alcanza ni siquiera para cubrir los gastos que implica ir a dar clases. Tengo que pagar para ser profesora”, señala la académica de la ULA.
Los primeros recortes comenzaron en 2008, cuando el entonces Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior le asignó a las universidades el mismo presupuesto del año anterior, práctica conocida como reconducción presupuestaria, se lee en una investigación de El Pitazo y Connectas titulada “Universidades en rojo”.
De acuerdo con el trabajo periodístico, «las seis universidades autónomas y las cuatro experimentales que no controla el gobierno han tenido que cerrar laboratorios, aulas y otros espacios por la falta de presupuesto para mantenerlos y, además, por la gran cantidad de robos de los que han sido víctimas por no tener suficiente personal de vigilancia».
El daño oculto de la crisis universitaria
El pasado 17 de octubre de 2024, Nicolás Maduro aseguró que el alcance de la educación universitaria en Venezuela está por encima de estándares continentales. Sin embargo, las cifras demuestran lo contrario.
Desde 2013, la matrícula de estudiantes universitarios ha descendido en un 60 %, y solo el 17 % de los jóvenes de entre 18 y 24 años tiene acceso a un cupo universitario. Además, la investigación científica también desapareció.
De acuerdo con el Observatorio de Universidades (OBU), el 49 % de los docentes de Venezuela no publica un artículo científico desde hace cinco años. Destaca también que el 59 % de los académicos del país en las universidades públicas «no tienen proyectos de investigación».
“Esto es algo de lo que poco se habla”, asegura María Fernanda Rodríguez, agregando que “cuando uno entra como profesor universitario en Venezuela, no es solo para que des clases, tú tienes también una responsabilidad como investigador, y tienes que producir conocimiento científico pero, debido a los recortes presupuestarios, las universidades no han podido renovar su repositorio académico: bibliotecas, libros, revistas científicas, acceso digital a fuentes electrónicas actualizadas; todo esto lleva desde el año 2008 sufriendo recortes (…) Este es un daño oculto que impacta más en nuestro currículum, en nuestro desempeño profesional y -al final- en el desarrollo científico del país”, lamentó.
La realidad de las universidades venezolanas y sus docentes es una muestra de la crisis económica y social que vive el país. No se trata solo de exigir reivindicaciones salariales; es necesario tener universidades donde se puedan promover las ideas, investigar y contribuir, desde todos los espacios, a la construcción del país.
