María Alejandra Silva
(17-06-2024) El 17 de junio se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), creada con el objetivo de concienciar sobre las acciones mundiales para combatir estos fenómenos de la naturaleza que afectan -en muchos casos- a las poblaciones más pobres.
La degradación de los suelos en distintas regiones del mundo, se produce como consecuencia de las continuas actividades humanas que se llevan a cabo para diferentes fines y que, lamentablemente, han dañado grandes áreas geográficas, provocando erosión, salinización, agotamiento de los acuíferos y pérdida de nutrientes de los suelos.
De acuerdo con el portal de noticias ambientales, Mongabay, América Latina vivió un año de sequías en 2023.
Reducción en las precipitaciones, temperaturas superiores a la media y olas de calor recurrentes provocaron graves sequías en varios países de la región. En varias naciones esa situación ha persistido durante los primeros seis meses de este 2024.
Venezuela no está excepta de esta situación, presentando fuertes sequías en las zonas centrales del país en 2023, sumándole los problemas del cambio climático, los malos manejos de los recursos hídricos y actividades humanas como la deforestación que terminan por incrementar este fenómeno, convirtiéndola en una constante denuncia de diversas ONG venezolanas por la grave violación a los derechos ambientales que representa la inacción del Estado.
De acuerdo con la plataforma internacional Global Forest Watch (GFW), Venezuela perdió cerca de 27 500 hectáreas de bosques primarios en 2023, aumentando en 38,837 % su tasa de deforestación en los bosques de la Amazonía, respecto al año 2022.
La ONG Clima 21 denunció el pasado mes de marzo que la minería de oro en Venezuela no solo se está expandiendo, sino que está contaminando con mercurio las cuencas de los principales ríos del sur de Venezuela, causando graves problemas de salud en las poblaciones indígenas y no indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, siendo esto, una dificulta para la recuperación de los suelos deforestados y dañados.
Por otra parte, GFW también destacó el incremento de los incendios forestales, tema que se remonta al año 2022, cuando -al menos- 4180 hectáreas se consumieron en Venezuela por las llamas, asegurando que esto ocurre frente a la opacidad del Estado venezolano y la falta de acciones de control y mitigación de pérdidas de bosque primario o de los ecosistemas en general.
El Estado venezolano tiene el compromiso de garantizar el cuidado de los suelos en el país, así como el control de la minería y uso de recursos naturales. Sin embargo, esto no está ocurriendo ocasionando el aumento de los daños ambientales y el desplazamiento de poblaciones indígenas por la falta de suelos actos para la siembra de sus alimentos.
