Hubo 72 agresiones individuales y 25 contra colectivos, estos últimos vistos como ataques «que tienen como objetivo arremeter contra la población LGBTIQ+»
(25-04-2023) El Observatorio de Violencia LGBTIQ+ de Venezuela, una organización no gubernamental creada en 2022 para documentar la discriminación que sufre el colectivo en el país, contabilizó 97 agresiones a personas LGBTI el año pasado, según un informe difundido este domingo.
La ONG «registró 97 casos de agresiones a personas de la comunidad LGBTIQ+, con mayor énfasis en los últimos seis meses del año», entre las que destacan «acciones como humillar, gritar, ridiculizar, amenaza de muerte, acosar, golpear, herir y lesionar», señala el escrito.
Irrespeto a la identidad de género
Asimismo, el observatorio remarcó que persiste «el no reconocimiento ni respeto a identidades de género». También el despido de sus trabajos a personas por ser abiertamente LGBTI y la «privación de medios económicos».
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Se trata, explica la organización, de 72 agresiones individuales y 25 contra colectivos, estos últimos vistos como ataques «que tienen como objetivo arremeter contra la población LGBTIQ+ en general o alguna de las comunidades que forman parte de ella».
Casos de agresión a personas LGBTI en Venezuela
Según el análisis de datos de la ONG, 63 casos corresponden a incidentes de odio, 22 a discursos que promueven la intolerancia y 12 están relacionados a crímenes, en los que se incluyen 11 asesinatos, un número reportado antes por otras organizaciones y activistas.
En cuanto a los agresores, 20 casos involucran a representantes del Estado «que forman parte de la dinámica de discriminación por motivo de orientación sexual, identidad, expresión de género y diversidad corporal, bien sean reales o percibidas», siempre según el observatorio.
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Además, en algunos casos -un número que la ONG no precisó- agentes de las fuerzas de seguridad han actuado en discriminación de las personas LGBTI.
«Esto representa una vulnerabilidad aún mayor, ya que los espacios públicos, las autoridades y las instituciones del Estado, que deberían ofrecer seguridad a las personas LGBTIQ+, terminan convirtiéndose en agresores», subrayó la organización.
