En Venezuela, la Constitución habla del respeto a la vida y a la dignidad de los privados de libertad, pero cada vez son más los testimonios de abogados, familiares y víctimas que dan cuenta que la tortura llegó para quedarse
Caleidoscopio Humano / Gabriela Buada Blondell y Emmanuel Rivas
Ya no solo son los apresados por razones políticas quienes no cuentan en realidad con la garantía de derechos estando en custodia. Así lo confirman relatos comunes que dicen haber sido guindados con esposas en tubos y que estos, estaban tan altos que no podían colocar los pies en el piso. Otros, señalan que las bolsas que cortaban su respiración olían muchísimo a insecticida.
El Estado venezolano aceptó la recomendación de la prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en los dos anteriores Exámenes Periódicos Universales. Esto nos sirve para tener una referencia de cómo estamos en la actualidad.[1] Sin embargo, Provea ha documentado un incremento de los casos de torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes en el período comprendido entre 2016 y 2020, destacando los casos contra quienes son considerados disidentes políticos por el gobierno venezolano. Violaciones al derecho a la vida a consecuencias de torturas, personas asesinadas a causa de estas prácticas inhumanas nos acerca a confirmar la existencia de un patrón grave de torturas en el país. Ahora, es oportuno recordar para hablar de este tema lo que ocurrió en el año 2015 en la masacre de Barlovento[2] en el estado Miranda, donde 13 personas detenidas aparecieron en fosas comunes con indicios claros de torturas y ajusticiamiento y que hasta el momento, el Estado venezolano continúa negando está dolorosa realidad.
También es necesario volver a hablar del uso de la tortura en el marco de las detenciones arbitrarias contra opositores políticos o disidentes para obtener información o lo que viven muchas comisarías del país con el hacinamiento, la corrupción y todo lo que rodea a determinar la ausencia del respeto por las Reglas Mandela.[1]
Estos hechos regularmente no son investigados ni por los jueces, ante los cuales son presentados los detenidos, ni por el Ministerio Público, lo que confirma una situación de impunidad que beneficia a sus ejecutores directos como a los mandos superiores responsables de los cuerpos de seguridad, policiales o militares.
Caleidoscopio Humano y Provea tuvieron conocimiento inmediato de la detención, tortura y posterior fallecimiento del Capitán Rafael Acosta Arévalo, capitán retirado de la Marina, a través de una familiar directa que contactó a ambas organizaciones para denunciar el hecho y solicitar apoyo y orientación. Con posterioridad, Amnistía Internacional realizó una profunda y exhaustiva investigación titulada: “Morir ante un juez: detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo en Venezuela”.[1]
Renzo Prieto, quien estuvo detenido de manera arbitraria en dos oportunidades, relató cómo fue víctima de tratos crueles y tortura psicológica en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ubicado en el Helicoide, Caracas, durante cuatro años y cómo luego de que fuera excarcelado por un indulto otorgado por Nicolás Maduro en diciembre de 2019, en 2020 se le detuvo nuevamente de manera arbitraria en el ejercicio de sus funciones como parlamentario. Prieto señaló que en esos 16 meses permaneció en una celda de 5 metros cuadrados con otras dos personas y por más de 19 días no se cambió su ropa ni se aseó. También señaló que estuvo esposado por más de tres días continuos.[2]
Renzo Prieto recreó en dibujos los abusos que vivió mientras estuvo detenido. 
Los privados de libertad fueron sometidos a torturas y tratos crueles. Todos detenidos arbitraramente por temas políticos
Entre 2017 y 2018, Caleidoscopio Humano documentó los casos de 3 jóvenes que relataron torturas físicas y psicológicas de manera sistemática. Cabe destacar que estas personas no tenían vinculación alguna con partidos políticos. Las torturas que les practicaron iban desde colgarlos esposados del techo, golpes prolongados por horas cubriendo su cuerpo con una colchoneta, descargas eléctricas y chinches en las yemas de los dedos antes de cada comida.
Los testimonios de personas detenidas sometidas a tortura explicaron prácticas inhumanas[1] como la aplicación de descargas eléctricas directamente al cuerpo, la asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento o violencia sexual y las torturas psicológicas como la prohibición de visitas, aislamiento haciendo creer que habían privados de libertad muertos en celdas cercanas, prohibición de luz solar y prohibición de alimentación en ayunos prolongados. Una de las personas detenidas en su relato, indicó que fue abusada sexualmente dos veces. Una de ellas con armas largas.
En 2019 en medio de un apagón nacional, el periodista y activista de derechos digitales, Luis Carlos Díaz[2] fue detenido de manera arbitraria por funcionarios del SEBIN. El activista y su esposa denunciaron las torturas psicológicas que vivieron desde el momento de la detención arbitraria.
Un caso vigente es el del comunicador social, Roland Carreño[3] quien fue detenido arbitrariamente el 29 de octubre de 2020 y que sus abogados han denunciado en reiteradas oportunidades que le obligaron a grabar videos de “confesión”. También en esta práctica destaca el caso del diputado Juan Requesens quien fue detenido de manera arbitraria en 2018 y obligado bajo amenazas a grabar un video en la sede del SEBIN (Plaza Venezuela), donde se le ve sin ropa interior con manchas de excremento y con maltratos en las muñecas. En su momento su familia denunció públicamente que el diputado fue objeto de torturas y malos tratos. [4]
[1] Civilis: Víctimas de violaciones de Derechos Humanos y ONG rechazan impedimento de visita de la CIDH a Venezuela https://www.civilisac.org/alertas/victimas-de-violaciones-de-derechos-humanos-y-ong-rechazan-impedimento-de-visita-de-la-cidh-a-venezuela
[2] Frontline Defenders: Luis Carlos Díaz, detenido bajo acusaciones de conspirar para provocar el apagón nacional sigue incomunicado https://www.frontlinedefenders.org/es/case/luis-carlos-diaz-detained-charges-conspiring-provoke-national-power-shortage-remains
[3] Crónica Uno: Defensa de Roland Carreño denunció que le obligaron a grabar videos de “confesión” varias veces https://cronica.uno/defensa-de-roland-carreno-denuncio-que-le-obligaron-a-grabar-videos-de-confesion-varias-veces/
[4] El País: La familia de un opositor cree que fue torturado para inculparse en el atentado contra Maduro https://elpais.com/internacional/2018/08/11/america/1533957432_664626.html
La práctica sistemática y generalizada de la tortura no solo ha afectado a opositores del gobierno de Nicolás Maduro, sino que, incluye a un número significativo de activistas identificados con la izquierda chavista crítica al gobierno, como lo denunciaron públicamente los familiares y miembros del Comité de Solidaridad con Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, detenidos el 28 de febrero de 2020 y acusados de espionaje. Esto fue desmentido mediante un comunicado desmontando la versión oficial y denunciando las brutales torturas a las que fueron sometidos en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Negativa de atención médica
Muchos son los casos de detenidos que se les niega la asistencia médica y de salud. Desde hace varios años las múltiples denuncias de distintos recintos penitenciarios señalan que esta práctica es un método de tortura, no solo para las personas privadas de libertad si no que involucra a sus familiares.
Crisis hipertensiva, condiciones crónicas y hasta convulsiones son ignoradas por los funcionarios que custodian las cárceles venezolanas. En el caso de un joven productor audiovisual atendido por Caleidoscopio Humano y Redes Ayuda en el año 2017 las secuelas de esta práctica recurrente lo dejaron como una persona distinta física y mentalmente.[1]
Gleubis Sánchez trabajó con Óscar Pérez en campañas sociales para ayudar a niños con cáncer, en la película Muerte Suspendida y en otros cortometrajes. Su único delito fue conocer a Pérez. Luego de dos años encarcelado, su estado de salud fue crítico, pues en el 2018 sufrió un ACV isquémico. Luego aparecieron convulsiones, estando detenido tuvo 18 episodios convulsivos. El joven está en libertad con un caso abierto y continúa con una salud deteriorada producto de la negativa a asistencia médica cuando lo requería mientras estuvo bajo custodia.
Según Foro Penal la muerte de Gabriel Medina Díaz, de 39 años, tras sufrir un paro respiratorio por «la falta de atención médica que necesitaba» es la número 9 en custodia, desde 2015 registrada en cárceles del país. [1]
El 12 de octubre, Tareck William Saad, a través de Twitter, informó la muerte del General Raúl Isaías Baduel por presuntas complicaciones por Covid19; sin embargo, la familia del militar retirado afirma que no fueron informados de la salud de Baduel y que nunca se enteraron que tenía Coronavirus.
Con la muerte del general Baduel, son 10 las personas que han muerto bajo custodia del Estado venezolano desde el año 2015; y la tercera en 2021. Organizaciones nacionales e internacionales exigen una investigación independiente que determine las verdaderas causas de muerte.
El Hatillo y otras sedes
Desde el mes de febrero de 2021 las organizaciones Una Ventana a la Libertad y Caleidoscopio Humano han estado recibiendo denuncias de torturas de familiares de privados de libertad en la antigua sede de Antiextorsión y Secuestro del CICPC en El Hatillo, estado Miranda.
Los recurrentes hechos de violaciones de los Derechos Humanos a los privados de libertad motivaron a los familiares a efectuar la denuncia en Derechos Fundamentales del Ministerio Público y en el mes de junio, decidieron cerrar las calles y protestar. “A los muchachos los guindan esposados. Están heridos”. [2]
Caleidoscopio Humano ha tenido acceso a testimonios de privados de libertad de la sede que señalan que los excesos policiales que se han registrado en ese calabozo se deben al silencio que han guardado por temor a represalias.
“Me da terror que a los funcionarios se les pase la mano y esto termine en una tragedia, con la muerte de alguno de nosotros”.
El pasado 20 de julio, familiares de las personas privadas de libertad en el CICPC de El Hatillo, a pesar del temor, decidieron hacer pública su denuncia. De acuerdo con el relato de los familiares, en esa sede policial, se registran una serie de violaciones a los derechos humanos e integridad física de los detenidos.
“Los reclusos sufren de maltratos físicos, psicológicos, actos lascivos de manera agravada, han tenido que hacer huelga de sangre para que los escuchen y poder denunciar que en ese centro de detención preventiva están sucediendo cosas que no deberían suceder contra ninguna persona. (…) ellos exigen que los trasladen a las cárceles correspondientes de cada persona, no con esto se quiere decir que el Jefe de la División no hace traslados, pero no hace los traslados que debería, que tienen retardo procesal en su recinto. Otro caso notable es que no es solo el Jefe de la División el que viola los derechos humanos de estas personas, sino que también los funcionarios se dan el lujo de maltratarlos, torturarlos e incluso, violentarlos sexualmente”, aseguran los familiares.
El hacinamiento existente también los hace vulnerables a la propagación de enfermedades propias de condiciones insalubres e incluso, esta sede puede ser un foco de contagio de COVID-19. Para la fecha de la denuncia, en ese centro de reclusión había más de 60 personas privadas de libertad, en un espacio construido para 30 personas. Este número aumentó con el traslado de personas detenidas en el conflicto en la parroquia La Vega de Caracas.
Una de las exigencias de las familias de los privados de libertad es el traslado a las cárceles correspondientes, pues ninguno está involucrado con hechos de secuestros o extorsión.
“Hemos solicitado el traslado a otras cárceles, sin embargo, el jefe de la división Darwin Echeverría se niega a materializar los traslados y asegura que ni, aunque el mismo presidente de la república haga acto de presencia en su sede, él va a proceder con los traslados”, dijo un familiar de una de las personas detenidas.
El 21 de junio de 2021, Nicolás Maduro Moros creó la Comisión Especial para la Conducción de la Revolución Judicial en todo el sistema de justicia venezolano, dando un lapso de 60 días contados a partir de esa fecha para solucionar el hacinamiento en los centros de detención preventiva y garantizar el paso de los reclusos de estos centros a las cárceles correspondientes. Esto no se ha cumplido ni en el CICPC de El Hatillo ni en otras sedes de reclusión preventiva del país.
La sede del CICPC de El Hatillo es un centro de reclusión preventiva, es decir, las personas detenidas deben permanecer ahí un máximo de 48 horas; sin embargo, hay personas privadas de libertad con más de 4 años esperando por ser trasladados para cumplir condena en el centro de reclusión establecido por las autoridades judiciales.
“Uno como familia entiende que las personas privadas de libertad han cometido algún delito, pero no por ello deben ser maltratados por los funcionarios que los custodian. Ellos allá adentro y nosotros aquí afuera, vivimos temerosos de los que les pueda llegar a pasar en manos de quienes, se suponen, deberían resguardar su seguridad y garantizar el debido proceso”, finalizaron los denunciantes.
[1] Crónica Uno: 42 presos políticos tienen una situación de salud crítica https://cronica.uno/42-presos-politicos-tienen-una-situacion-de-salud-critica/
[2] La Razón: Protestan torturas en sede del CICPC de El Hatillo https://larazon.net/2021/06/protestan-torturas-en-sede-del-cicpc-de-el-hatillo/
[1] Diario La Nación: Amigo de Óscar Pérez detenido ha sufrido un ACV y 18 convulsiones https://lanacionweb.com/nacional/amigo-de-oscar-perez-detenido-ha-sufrido-un-acv-y-18-convulsiones/
[1] Civilis: Víctimas de violaciones de Derechos Humanos y ONG rechazan impedimento de visita de la CIDH a Venezuela https://www.civilisac.org/alertas/victimas-de-violaciones-de-derechos-humanos-y-ong-rechazan-impedimento-de-visita-de-la-cidh-a-venezuela
[2] Frontline Defenders: Luis Carlos Díaz, detenido bajo acusaciones de conspirar para provocar el apagón nacional sigue incomunicado https://www.frontlinedefenders.org/es/case/luis-carlos-diaz-detained-charges-conspiring-provoke-national-power-shortage-remains
[3] Crónica Uno: Defensa de Roland Carreño denunció que le obligaron a grabar videos de “confesión” varias veces https://cronica.uno/defensa-de-roland-carreno-denuncio-que-le-obligaron-a-grabar-videos-de-confesion-varias-veces/
[4] El País: La familia de un opositor cree que fue torturado para inculparse en el atentado contra Maduro https://elpais.com/internacional/2018/08/11/america/1533957432_664626.html
[1] Amnistía Internacional: Morir ante un juez: Detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo en Venezuela https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR5329092020SPANISH.PDF
[2] Voz de América: «Dormimos esposados a la cama de un calabozo»: las condiciones a las que son sometidos los presos políticos en Venezuela https://www.vozdeamerica.com/a/venezuela_condiciones-las-que-son-sometidos-los-presos-politicos-venezolanos/6067857.html
[1] ONU: Reglas mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf
[1] Examen ONU Venezuela: Prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. https://www.examenonuvenezuela.com/categoria/derechos-civiles-y-politicos/prohibicion-de-la-tortura-y-tratos-crueles-inhumanos-y-degradantes
[2] Provea: Red de Apoyo | Un año de la Masacre de Barlovento https://provea.org/actualidad/red-de-apoyo-un-ano-de-la-masacre-de-barlovento/
