María Alejandra Silva/Caleidoscopio Humano
(25-11-2022) La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas designó en el año 2000 el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esto con el objetivo de visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas a nivel mundial.
La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo preocupante: una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar, explica la ONU.
La fecha de este Día Internacional de la Violencia contra la Mujer fue elegida para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960, por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo.
América Latina y el Caribe es la única región del mundo que tiene una Convención regional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer —la Convención Belem do Pará— que dispone de un marco normativo considerado suficiente por especialistas para enfrentar esta violencia.
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Sin embargo, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2020 en 26 países (17 de América Latina y nueve del Caribe).
La violencia de género puede adoptar diversas formas, lo que permite clasificar el delito, de acuerdo con la relación en que esta se enmarca y el ejercicio de poder que supone, en las siguientes categorías: violación sexual e incesto, asedio sexual en el trabajo y en las instituciones de educación, violencia sexual contra mujeres detenidas o presas, actos de violencia contra las mujeres desarraigadas, tráfico de mujeres y violencia doméstica
El Estado venezolano y la sumisión ante la violencia de género
La violencia de género sigue costando vidas a mujeres en Venezuela. Durante 2021, el Ministerio Público abrió 209 casos por este delito, con 204 acusaciones, pero no quedaron esclarecidos los detalles sobre las condenas, informó el medio digital la Voz de América.
Según el informe de la ONG Utopix, Venezuela superó los 170 femicidios entre enero y septiembre de 2022, la mayoría de las víctimas contabilizadas tenían entre los 16 y los 25 años de edad.
Utopix también registró 46 casos de femicidios en el exterior, 26 sucesos ocurrieron en Colombia, 6 casos en Perú, 4 en Ecuador, mientras que Chile y Estados Unidos reportaron 3 casos. Brasil, Panamá y España tuvieron un caso cada uno.
Según los datos, en el 2020 se cometía un femicidio cada 34 horas, en comparación con el 2016 cuando ocurría un caso cada 72 horas. Entre tanto, en 2021 la media fue de un suceso cada 36 horas, pero en este 2022 la media es de un hecho cada 38 horas.
Diversas ONG, incluyendo Caleidoscopio Humano, han denunciado que desde el Estado no existe ninguna propuesta concreta para enfrentar el problema, incrementando esto las víctimas de violencia basada en género y los femicidios.
En Venezuela existe un vacío de las políticas públicas referidas a la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres y así lo explica Orlanis Barreto, integrante de la ONG Tinta Violeta, “aquí no existen casas de abrigo para mujeres víctimas de violencia. Existían en 2017 y después desaparecieron completamente”.
La creciente profundización de la pobreza y la desigualdad social impacta particularmente en las mujeres y esto se evidencia, por ejemplo, en la feminización de la pobreza, creando así ambientes que fomentan la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, detalla Elba Núñez.
En Venezuela existen patrones socioculturales sexistas que reproducen prejuicios y prácticas discriminatorias basados en la idea de la inferioridad de la mujer y la desigualdad se profundiza cuando se cruza con otras causales de opresión, como la diversidad étnica, racial, lingüística, generacional, opciones sexuales, etc.
La falta de vivienda, atención médica, trabajo y educación adecuados también aumenta en gran medida la vulnerabilidad de las niñas, adolescentes y mujeres ante la violencia, la explotación y el abuso.
Por lo que las organizaciones consideran que el Estado debe crear una perspectiva que promueva a las mujeres como sujetas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), para así garantizar una vida libre de violencia.
