(02-12-2023) La lista de presos políticos venezolanos en 2023 ha aumentado a medida que pasan los meses. Aunque se produjeron varias liberaciones durante el año, el gobierno venezolano se mantuvo en su línea de detener a personas por razones políticas.
En el primer trimestre del año la ONG Foro Penal anunciaba que este años había ocho personas detenidas por motivos políticos más para completar una cifra de 275 personas.
Una de las noticias más resaltantes fue la detención, en 2022, y posterior condena de seis líderes sindicales a 16 años de cárcel.
Alcides Bracho, Gabriel Flores, Emilio Negrín, Reinaldo Cortes, Néstor Astudillo y Orlando Meléndez fueron condenados el pasado 1 de agosto. A ellos se les acusó por los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Los sindicalistas se habían mostrado sumamente activos en las calles para exigir reivindicaciones salariales y laborales.
El 30 de agosto fue detenido el estudiante John Álvarez. El joven estuvo desaparecido por, al menos, 24 horas hasta que sus familiares lograron verlo y constatar que estuviera vivo.
Álvarez, estudiante de antropología en la Universidad Central de Venezuela (UCV) fue apresado cuando iba en su motocicleta a comprar un regalo de cumpleaños para su hermano menor. El estudiante fue vinculado con los seis sindicalistas presos, aunque sus familiares aseguran que él no tenía nada que ver con ellos.
La liberación de presos políticos es una de las principales exigencias de Estados Unidos para aliviar las sanciones a Venezuela. La Unión Europea también ha puesto este tema como eje central para relajar las medidas que sostiene contra funcionarios vinculados al gobierno venezolano.
La detención más reciente fue la del activista de Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, quien fue detenido en Naguanagua, estado Carabobo, presuntamente luego de publicar opiniones en redes sociales. Piñero fue detenido por funcionarios del Sebin el pasado miércoles 22 de noviembre y permanece privado de libertad por órdenes de un tribunal de control de esa región del centro del país.
Los seis sindicalistas
La defensa de los seis sindicalistas presos introdujo un recurso de apelación el pasado 4 de septiembre. Los letrados alegan que la decisión de la jueza del Tribunal 2° de terrorismo, Grendy Duque, no tiene base alguna.
“Existen una cantidad de motivos expresados en la ley que nos dan el derecho de reclamar la nulidad del juicio por falta de pruebas. Realmente se basaron en el informe de contrainteligencia, que es un documento que recoge información de fuentes abiertas y cerradas”, comentó en su momento el abogado Rafael Alberto Mamoine a Efecto Cocuyo.
Diferentes organizaciones que luchan por los derechos humanos han sido enfáticas en exigir la liberación de estos sindicalistas. Una de las principales irregularidades expuestas por la defensa es que no se presentó prueba alguna de los activistas cometieran los delitos por los que fueron condenados. Además de que el único presunto testigo de la denuncia nunca se presentó a declarar.
Los sindicalistas venezolanos fueron condenados a 16 años de prisión el 1 de agosto de este año.
El caso de John Álvarez
29 días después, en Caracas, el estudiante John Álvarez era detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) mientras se movilizaba en su moto por las calles de Caracas. La PNB mantuvo desaparecido a Álvarez por más de un día, mientras la familia del estudiante vivía momentos de angustia e incertidumbre.
La madre de John Álvarez denunció que su hijo había sufrido diferentes tipos de torturas, como descargas eléctricas en sus rodillas, costillas y testículos. Según Wendelin Peña, los funcionarios de la PNB buscaban forzar una declaración de Álvarez que lo vinculara con los líderes sindicales apresador previamente.
El pasado lunes 20 de noviembre, Álvarez fue presentado en el Palacio de Justicia y su caso fue admitido para juicio. Mientras tanto, permanece recluido en la sede de la PNB de La Yaguara ante el silencio de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.
Leonardo Azocar, Daniel Romero y Nelson Piñero también se suman a la lista de presos políticos
Los sindicalistas de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Leonardo Azócar y Daniel Romero fueron detenidos el pasado 11 de junio por funcionarios de la Dgcim tras participar en una huelga laboral para exigir reivindicaciones salariales y laborales.
Desde el día de su arresto, los familiares de Azócar y Romero no pudieron tener contacto con sus parientes. Luego, casi diez después, se conoció que los activistas estaban detenidos en la sede del cuerpo de seguridad ubicada al noreste de Caracas, donde estarán recluidos hasta que se decida el veredicto del juicio que se les lleva a ambos sindicalistas.
Nelson Piñero fue detenido en la madrugada del pasado miércoles 22 de noviembre en su residencia de la ciudad de Valencia, estado Carabobo. La detención de Piñero fue denunciada por Delsa Solórzano, máxima referente del partido Encuentro Ciudadano y excandidata a la primaria opositora.
Nelson Piñero habría sido detenido luego de tuitear diversas opiniones contrarias al gobierno venezolano. Su detención se llevo a cabo sin orden judicial, según lo dicho por Solórzano. La detención de Piñero es la más reciente que se conoce en Venezuela. Esta ocurre a una semana de que se cumpla el ultimátum que dio Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro para aliviar las sanciones.
La liberación de presos político es, precisamente, una de las exigencias principales de Estados Unidos hacia Nicolás Maduro. El pasado 19 de octubre fueron excarceladas cinco personas, entre las que resaltaron Juan Requesens y Roland Carreño.
El Foro Penal, ONG que se dedica a la defensa de los venezolanos presos por razones políticas, dijo este 29 de noviembre que en el país hay 275 personas que se encuentran en cárceles por este tipo de razones.
Se trata de 256 hombres y 19 mujeres. La gran mayoría son militares, con un total de 147. Las otras 128 personas son civiles.
En su reporte de octubre sobre la represión en Venezuela dijeron que durante los primeros 10 meses aumentó la cifra de presos políticos con 15 nuevos encarcelados.
“De las 15 personas detenidas en 2023, 8 fueron arrestadas el 22 de febrero en el estado
Lara, cuando se pusieron a derecho ante un tribunal que les había librado orden de captura desde diciembre de 2021, debido a que presuntamente habrían sido parte de una manifestación en contra del alza de los precios del café en ese estado”, detallaron.
Los cuerpos de seguridad que cumplieron con esas detenciones fueron la Policía de Lara (8), GNB (4), DGCIM (2) y PNB (1).
